7 de mayo de 2010
12 de abril de 2010
CHICOS, MAESTROS Y COMPUTADORAS
Por Henoch Aguiar*
Una computadora por chico. Buena, excelente noticia. Es un primer gran paso, para celebrar. Sin olvidar todo lo demás que hay que hacer para llegar con éxito al fin del camino: un chico capacitado, formado, que posee no sólo una habilidad tecnológica más, sino que, por usar ese medio, mejora la calidad, la profundidad de lo que piensa, escribe e imagina.
La principal riqueza argentina no son sus cereales, ni su petróleo, aunque descubriéramos diez veces más. Lo que define nuestro futuro es el valor intelectual agregado del país, la capacidad de estudiar, entender, pensar y crear, co-construyendo el saber con los demás. Conocimiento abierto e información compartida. Valores a recrear en la educación, pero también en la vida profesional y la política nacional. Es la principal prioridad estratégica del país.
Niños con PC. Bien. Pero nada llega al alumno si no pasa primero por los docentes. Si se prevé que en dos o tres años cada chico tenga una computadora, en un año todos los docentes deben estar equipados y conectados, Nadie enseña con lo que le es ajeno.
Hay que formar con anterioridad al docente, hacer que su clase de pizarrón y tiza sea mejor porque está conectado, porque recibe formación permanente on line, porque el Ministerio lo libera de hacer físicamente trámites engorrosísimos, ya que ha digitalizado todo el papeleo administrativo.
Los ministerios de Educación no pueden ser esquizofrénicos e invertir millones en equipamientos y no gastar ni una décima parte para racionalizarse administrativamente, digitalizar su gestión interna y su relación con el docente.
Las primeras computadoras, destinadas a los docentes, deben fortalecerlos en su rol pedagógico, aliviarles la vida y la tarea, hacerles patentes los beneficios de lo digital en su vida cotidiana. Sino, se burlarán públicamente, frente a los alumnos, de las autoridades que distribuyen cucharas sin comida, computadoras sin contenidos ni procesos disponibles.
Lo nuevo para el docente es la computadora. Lo permanente es su presencia en el aula, la preparación solitaria de sus clases, lo que explica al frente, los ejercicios que propone, las evaluaciones de los niños. Lo nuevo debe ponerse al servicio de lo permanente.
Otra lección aprendida es que deben enviarse los equipos en primer lugar a las comunidades educativas que lo soliciten y que asuman compromisos de uso, las que lo analizaron previamente y se postularon. Allí donde padres y docentes manifiestan su entusiasmo por obtener las computadoras. Porque los más motivados generarán rápidamente los mejores usos innovadores y creativos de la tecnología. Y formarán a los demás, más tarde.
En muchos pueblos rurales, la escuela será uno de los pocos lugares de acceso a Internet y a la telefonía sobre Internet. Puede abrir sus puertas a la población, permitiendo el uso de sus facilidades fuera de los horarios escolares. La escuela, ayudada por organizaciones sociales locales, hará que la conectividad facilite formación laboral, sanitaria, programas de inclusión y tanto más. Para hacer de la escuela, como lo fue, el nuevo centro de desarrollo de la comunidad, allí donde lo nuevo sucede.
Hay mucho por hacer. Como dijo Mariana Aylwin Azócar, ministra de Educación de Chile, allá por el 2003: “Nuestro futuro no depende tanto de las tecnologías en sí mismas, sino de lo que seamos capaces de hacer con ellas”.
Aylwin planteó cinco deberes: “Ser rigurosos, puesto que éste es terreno tanto de promesas como de espejismos. Ser equilibrados, puesto que nuestra responsabilidad es la educación y no la novedad tecnológica. Ser innovadores, para adaptar la tecnología a nuestras propias necesidades. Ser honestos, para reconocer lo que funciona y lo que no, de acuerdo con nuestros objetivos educativos. Ser pacientes y persistentes, para impulsar políticas que aprovechen los rápidos cambios tecnológicos, pero que a su vez respeten los tiempos orgánicos, más lentos, de los cambios en educación”. Está todo dicho.
*Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
Publicado en el diario Perfil el día 11 de abril de 2010.
Una computadora por chico. Buena, excelente noticia. Es un primer gran paso, para celebrar. Sin olvidar todo lo demás que hay que hacer para llegar con éxito al fin del camino: un chico capacitado, formado, que posee no sólo una habilidad tecnológica más, sino que, por usar ese medio, mejora la calidad, la profundidad de lo que piensa, escribe e imagina.
La principal riqueza argentina no son sus cereales, ni su petróleo, aunque descubriéramos diez veces más. Lo que define nuestro futuro es el valor intelectual agregado del país, la capacidad de estudiar, entender, pensar y crear, co-construyendo el saber con los demás. Conocimiento abierto e información compartida. Valores a recrear en la educación, pero también en la vida profesional y la política nacional. Es la principal prioridad estratégica del país.
Niños con PC. Bien. Pero nada llega al alumno si no pasa primero por los docentes. Si se prevé que en dos o tres años cada chico tenga una computadora, en un año todos los docentes deben estar equipados y conectados, Nadie enseña con lo que le es ajeno.
Hay que formar con anterioridad al docente, hacer que su clase de pizarrón y tiza sea mejor porque está conectado, porque recibe formación permanente on line, porque el Ministerio lo libera de hacer físicamente trámites engorrosísimos, ya que ha digitalizado todo el papeleo administrativo.
Los ministerios de Educación no pueden ser esquizofrénicos e invertir millones en equipamientos y no gastar ni una décima parte para racionalizarse administrativamente, digitalizar su gestión interna y su relación con el docente.
Las primeras computadoras, destinadas a los docentes, deben fortalecerlos en su rol pedagógico, aliviarles la vida y la tarea, hacerles patentes los beneficios de lo digital en su vida cotidiana. Sino, se burlarán públicamente, frente a los alumnos, de las autoridades que distribuyen cucharas sin comida, computadoras sin contenidos ni procesos disponibles.
Lo nuevo para el docente es la computadora. Lo permanente es su presencia en el aula, la preparación solitaria de sus clases, lo que explica al frente, los ejercicios que propone, las evaluaciones de los niños. Lo nuevo debe ponerse al servicio de lo permanente.
Otra lección aprendida es que deben enviarse los equipos en primer lugar a las comunidades educativas que lo soliciten y que asuman compromisos de uso, las que lo analizaron previamente y se postularon. Allí donde padres y docentes manifiestan su entusiasmo por obtener las computadoras. Porque los más motivados generarán rápidamente los mejores usos innovadores y creativos de la tecnología. Y formarán a los demás, más tarde.
En muchos pueblos rurales, la escuela será uno de los pocos lugares de acceso a Internet y a la telefonía sobre Internet. Puede abrir sus puertas a la población, permitiendo el uso de sus facilidades fuera de los horarios escolares. La escuela, ayudada por organizaciones sociales locales, hará que la conectividad facilite formación laboral, sanitaria, programas de inclusión y tanto más. Para hacer de la escuela, como lo fue, el nuevo centro de desarrollo de la comunidad, allí donde lo nuevo sucede.
Hay mucho por hacer. Como dijo Mariana Aylwin Azócar, ministra de Educación de Chile, allá por el 2003: “Nuestro futuro no depende tanto de las tecnologías en sí mismas, sino de lo que seamos capaces de hacer con ellas”.
Aylwin planteó cinco deberes: “Ser rigurosos, puesto que éste es terreno tanto de promesas como de espejismos. Ser equilibrados, puesto que nuestra responsabilidad es la educación y no la novedad tecnológica. Ser innovadores, para adaptar la tecnología a nuestras propias necesidades. Ser honestos, para reconocer lo que funciona y lo que no, de acuerdo con nuestros objetivos educativos. Ser pacientes y persistentes, para impulsar políticas que aprovechen los rápidos cambios tecnológicos, pero que a su vez respeten los tiempos orgánicos, más lentos, de los cambios en educación”. Está todo dicho.
*Profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA
Publicado en el diario Perfil el día 11 de abril de 2010.
10 de abril de 2010
LO QUE ALFONSÍN NOS DEJÓ
Entrevista a Tomás Abraham, Emilio de Ipola y Vicente Palermo
En medio de un clima "furibundamente antipolítico", Raúl Alfonsín, primer presidente democrático tras la última dictadura, es querido y recordado por la opinión pública. A un año de su muerte, tres intelectuales polemizan sobre su figura, lejos de la "alfonsinología". Además, los entretelones de un libro que revela cómo lo ven ensayistas de las nuevas generaciones.
En una de las primeras noches otoñales de este año, tres intelectuales se reúnen en un loft de Palermo para hablar del pasado reciente. El fantasma que los llama es el de Raúl Alfonsín. No hay velas para invocarlo pero es un espectro que se resiste al olvido y que recorre el campo político argentino. El filósofo Tomás Abraham, el sociólogo Emilio de Ipola y el politólogo Vicente Palermo se conocen poco entre sí pero se han leído. De distintas formas se han cruzado con la política, han estado cerca del poder o enfrentados y criticando desde la vereda opuesta. En esta ocasión elaboran un perfil de Alfonsín a un año de su muerte y a veintiuno de su salida anticipada del gobierno. Esa fue la primera herida de muerte del radical. Después vendrían otras que nunca ocultó y que acumularía hasta el día de su muerte.
Fuera del loft, que sirve de estudio a Abraham, corre un murmullo permanente del siempre festivo barrio de Palermo que esta noche resiste la partida del verano. Adentro, tres pensadores, discuten, susurran –también gritan– sobre el presente de Alfonsín. Sobre cuánto los marcó y cuánto los desilusionó. Para siempre. Hay desacuerdos marcados, pero los tres coinciden en el valor del aporte de Alfonsín al afianzamiento de las instituciones democráticas, algo que hoy parece natural pero que durante el período posdictadura tenía un valor similar al cuidado trabajo de un orfebre.
-¿Qué significó la muerte de Alfonsín para cada uno de ustedes?
Abraham: Políticamente nada; personalmente es una persona estimable. No creo en homenajes a muertos; indudablemente se destacan todas las virtudes que se puede encontrar como a Illia, ¡hasta a Frondizi! Creo que desde el punto de vista de su memoria murió bien; es decir, sin duda que merece un lugar en la política argentina... un buen lugar a pesar de su fracaso.
De Ipola: Cuando inauguraron el busto en la Casa Rosada, alguien le dijo "la estima de la población sobre usted ha crecido", y entonces él respondió "y va a ver cuando me muera"... He visto un video donde opina Carlos Ruckauf, por ejemplo, de Alfonsín, cuando estaba vivo, y lo que dice después de que se murió. Hay cambios. Creo por otra parte que es un hombre efectivamente inscripto en la historia argentina, más allá de lo que no pudo hacer, incluso de lo que hizo. Es un hombre que estaba ligado indisolublemente a la institución de la democracia y al hecho de haber avanzado muchos pasos en ese terreno pantanoso.
Palermo: Bueno, para mí fue un gran dolor. Fue alguien a quien yo quería particularmente. Y políticamente, nada, lo único que realmente no preví fue el efecto Alfonsín sobre la política posterior, es decir, que una vez muerto la gente lo iba a querer más y todo eso. Y todavía lo estamos viendo; lo cual no tiene nada de positivo en algunos aspectos, digamos. Y ahí el problema es que se oculta una cara más importante aún que es el Alfonsín como político de talento, eso no se ve.-La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reivindicó como también otros sectores políticos. ¿Esa reivindicación se dio porque Alfonsín se estaba muriendo?
Abraham: Yo creo que hay que separar la figura de Alfonsín de las necesidades políticas que tiene el radicalismo que lo necesita a Alfonsín para salir de sus cenizas. Pero Alfonsín tiene otra dimensión y otro mensaje para dar, más allá de su presidencia. Alfonsín en este sentido no es un radical. Fue el presidente de los argentinos y yo creo que en este momento algo de él puede estar vivo, pero no tiene que ver con las necesidades políticas electorales. En su momento hizo un cierto llamado a cómo construir la Argentina. Se sabe que hizo el Juicio a las Juntas, y que si no fuera por un ejército activo, no como éste, hubiera seguido, pero el golpe de Estado estaba ahí.
Palermo: Me parece interesante cierta aparente paradoja en el sentido de que en una sociedad con un clima furibundamente antipolítico, Alfonsín es querido, exaltado y considerado como una gran persona, etcétera. Ahora, me parece que la paradoja se revela puramente aparente si uno ve el motivo de ese aprecio en la opinión pública: la integridad, o por oposición a la corrupción; es decir, Alfonsín como una persona íntegra. Pero el político de talento no se ve; parece que lo que se valora de Alfonsín es el hecho de que haya sido íntegro, honesto. Lo cual indudablemente era y siempre es encomiable. Uno no puede caer en la ingenuidad de decir bueno, no hay ningún motivo para elogiar a un político por el hecho de que sea honesto porque todo político debe serlo.
De Ipola: Creo que era un republicano liberal estricto, que respetaba la división de poderes, acataba las decisiones del Senado, etcétera. Eso lo hace interesante desde el punto de vista político, porque es difícil saber cuál era su política. Era una política que aceptaba que se radicalizara a través, por ejemplo, de posiciones que adoptaban los legisladores, y tenía una especie de... "miren, dejémoslo y después vemos"; como decir: aceptar lo que pasa y después definir una respuesta a lo que suceda. Yo creo que por eso no parece tener un sentido muy claro a veces la política de Alfonsín. Creo que lo que se tejió en algún momento respecto al tercer movimiento histórico (el primero era el yrigoyenismo y el segundo el peronismo) no fue nunca una idea de Alfonsín, al contrario, prefería la convergencia de fuerzas. A él también se le atribuye la teoría de los dos demonios (la que sostenía que los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas durante la guerra sucia eran comparables a los cometidos por las organizaciones guerrilleras). No fueron posiciones que él haya adoptado. Al contrario, muchas veces las rechazó.
-¿Por qué empiezan a decaer Alfonsín y el alfonsinismo?
Abraham: Cuando en la crisis de Semana Santa, él va al cuartel para ver a Aldo Rico... se terminó. Fue una muestra de debilidad. Esas jornadas fueron bastante más complejas que las que se recuerda porque no había tanto apoyo. La clase media independiente estaba en la Plaza, pero la CGT, no; la Iglesia menos; el Ejército estaba con los fusiles en alto; a la clase empresarial le importaba poco y nada de eso. Pero aun así ese fue un gesto muy malo. Allí habría que haber extremado un poco el enfrentamiento. Y cuando pasa algo así, las variables económicas empiezan a temblar, al país no le sobraba nada. Sourrouille no iba a poder, el Plan Austral tampoco. Fue el comienzo de la caída.
Palermo: Efectivamente la situación fue muy mala para Alfonsín, tener que ir fue quizás el mal menor, pero el problema es que efectivamente no tenía absolutamente ningún poder de fuego, era una situación en la cual ningún miembro de las fuerzas armadas iba a tirar un tiro para imponer la voluntad presidencial. En esa situación creo que fue un mal menor y tal vez no felizmente comunicada a la gente, la idea. Alfonsín estaba en una situación complicada, en el sentido de que había dos requerimientos: uno, refundar un régimen político. ¿Y quién era el refundador? El. Y otro, gobernar. ¿Y quién era el que tenía que gobernar? El. Y gobernar es una cosa y refundar un régimen político es otra.
-¿Alfonsín termina completamente solo?
De Ipola: Completamente solo, no. Pero no termina acompañado por alguien importante. Y eso se ve en cómo va reestructurando su gabinete hasta que cae. En cierto modo hay gente que sigue apoyándolo pero él queda muy aislado. Después, es un animal político, vuelve a meterse, a hacer otras cosas, pero en aquel momento queda solo.
-¿Tendría que haber dialogado más con la oposición, con la derecha para salir de la crisis?
Abraham: A mí la alfonsinología no me interesa para nada. ¿Qué quiere decir? ¿Adónde llega? A Alfonsín le fue muy mal. Fracasó. El país terminó incendiado, con Seineldín casi en el poder, hiperinflación, una pobreza extrema, las fábricas cerraban, la gente se iba, no podían gobernar, no podían hacer nada. Un desastre. ¿Quién puede decir "no me dejaron hacer"? Nunca lo van a dejar hacer. El resultado en política es muy importante. No es una cuestión de si fue un buen tipo, un mal tipo o si tuvo unas grandes ideas o grandes discursos. Le fue como el culo. Por eso el radicalismo espanta. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero en medio, todo raro. Pero digo, eso fue muy malo. Y después... ¡Ganó Menem! Diez años estuvo Menem. Entonces, durante la década del 90 yo no vi a un radical pensar lo que pasó: "No lo dejaron", decían; o "La sociedad argentina está a la derecha de Alfonsín". Y se hubiera ido a gobernar otro país, entonces, que estuviera más a la izquierda, porque es muy posible que en nuestro país no quepa un Alfonsín, como no quepa un Binner, como no quepa una Graciela Fernández Meijide... No hay que decir: tuvo que haber dialogado con la derecha. ¿Qué derecha? Además ¿para qué?
De Ipola: Nadie se pone a hablar de cómo gobernó. Nadie lo elogia por el discurso a la Sociedad Rural, que para mí fue extraordinario. Nadie elogia que haya contestado al vicario castrense en el púlpito; al contrario, yo creo que Menem lo criticó por eso. Es más bien un representante instituyente de la democracia, y de una democracia honesta e íntegra, que permanece en el pensamiento de todos como alguien valioso. Después la política se puede discutir. La hiperinflación y otros males, que por un juego de circunstancias se le atribuye siempre la responsabilidad al presidente de la república, generalmente no se contextualizan cuando se juzgan los hechos políticos.
Abraham: A ver... en Semana Santa hubo un quiebre político; él estaba con Antonio Cafiero, José Luis Manzano, estaban todos y ahí tendrían que haber resistido y provocar a lo mejor un golpe de Estado porque la sociedad no iba a estar con los militares. Porque pensó en quizás en no preocupar. ¿Y? Por una pizca Seineldín no agarró el poder. ¿Y quién lo derrotó a Seineldín? ¿Alfonsín? No, Menem. Y desde ese momento no hay posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. Por Menem. Y por eso puede Kirchner puede descolgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar porque el Ejército ya no reacciona más. Eso no lo hizo Alfonsín.
Palermo: Discrepo con vos. A mí me parece que esa enumeración que hacés es parte de una alfonsinología crítica. La Argentina tuvo a partir de entonces las bases de la continuidad del régimen político democrático. Si vamos a hacer la historia de cómo se redefine el papel de las Fuerzas Armadas en la Argentina, no podemos decir blanco y negro, blanco Alfonsín y negro Menem. Menem actuó en el marco que le construye Alfonsín, y lo resuelve con talento y con competencia, sin duda, pero en el marco que Alfonsín le construye. Después va a venir Kirchner y decir "baje ese cuadro", como si ese fuese realmente el estadista valiente. Entonces, me parece que hay una cantidad de cuestiones en las cuales no se puede ver a Alfonsín como un político fracasado. Y otras que sí; realmente es dolorosamente fracasado en otras, sin dudas. La gravedad de la crisis que la dictadura militar deja sobre las espaldas de la democracia es enorme, y en ese sentido el Plan Austral era como querer matar un elefante con una gomera.
De Ipola: En el momento en que Menem disminuye el poder de las Fuerzas Armadas obedece a otra situación histórica. Yo no estoy de acuerdo con la idea de una alfonsinología. Podría decir que sí que hubo un fracaso en el proyecto de Alfonsín, en esa idea de convergencia, de construir un país más tolerante. En eso sí fracasó. Pero es una lástima que haya fracasado. Siempre se dice que el radicalismo tuvo en la economía un punto débil, pero que Alfonsín de todas maneras trató hasta cierto punto también de contrarrestar. Hay que reconocer que hubo cosas que no salieron bien; y entonces, desde ese punto de vista estoy de acuerdo con que hubo cosas que fracasaron. Pero también mucha gente está de acuerdo con que es una lástima que haya fracasado. Se fue quedando solo. Pero en el 87 todavía no estaba tan solo.
-¿Cómo evalúan el papel de los intelectuales en el gobierno de Alfonsín? ¿Creen que sirvió de algo haber estado tan cerca como el Grupo Esmeralda, ese conjunto de pensadores que lo asesoraba y que escribía sus discursos?
De Ipola: Bueno, como yo estuve en eso yo les puedo decir algo. Puede ser que haya servido allí donde el papel de los intelectuales no se volvía excesivamente intelectual, digamos, y lo que hacía simplemente era poner en claro o dar fundamento a ciertas intuiciones vamos a decir, o a ciertos razonamientos de Alfonsín. El también se sentía hasta cierto punto intelectual. Leía todo el tiempo. En un momento dado yo creo que pudo haber tenido una influencia diría negativa, pero un aspecto de eso; una influencia negativa. Yo le oía decir que "este gobierno sigue las directivas de Huntington, de Leo Strauss...". El tenía esa intuición propia, del político: acriollaba todo lo que nosotros le decíamos en términos intelectuales, y creo que hacía bien; aunque deformara totalmente el sentido. Hacía bien, porque así se entendía.
Abraham: Por un lado yo trabajaba en la UBA, entré a trabajar en la universidad y fue una época extraordinaria. Y eso fue un festival educativo. El otro aspecto era la irresponsabilidad. Alfonsín lee un librito de Terragno, sobre el mundo futuro; se lo presentan, va a París y le ofrece venir a la Argentina. Terragno viene y es ministro de ¡Obras Públicas! Todos los servicios públicos estaban en el Estado. Pre- privatización. ¿Con qué antecedentes? Ninguno. ¿Con qué equipo? Ninguno. ¿Con qué experiencia? Ninguna. Eso también es un amor a lo intelectual un poco irresponsable.
Palermo: En esa época yo estaba rompiendo con el peronismo, acompañando la renovación peronista y trabajando en la revista "Unidos". El hecho de que un grupo importante de intelectuales estuviera participando de alguna forma en el gobierno y al mismo tiempo con raíces o vínculos en el Club de Cultura Socialista para nosotros fue sumamente estimulante, de mucho debate de los temas de la época como la propia cuestión democrática, y con una apertura a los debates internacionales.
-¿Cuándo comienza a decaer esta especie de primavera de ideas?
Abraham: Ese clima acompañó a un país que se estaba despertando; no era la universidad, era todo. Pero yo veo que hacia el 87 empieza a caerse todo. Decepción, ilusión, decepción. La ilusión duró un par de años y después empieza la decepción. Cuando él decía en unos pocos años vamos a ser como Italia y España y vamos a crear una socialdemocracia acá, y vamos a ser tolerantes y plurales y vamos a hacer cultura, el lazo con Europa todavía estaba en el horizonte de la esperanza. Hoy día ya no existe más eso, hace mucho que no existe más. La etapa europeísta que todavía es la ilustración, los valores, todo eso, se cae con Alfonsín. Entonces, lo de la universidad, la ilusión esa de un progresismo concreto, posible y demás, bueno, se fue desinflando. La universidad se burocratizó.
-En el 99 Alfonsín resurge para motorizar la Alianza... ¿Qué papel jugó entonces?
Palermo: Es una opción que hace Alfonsín como ex presidente, que no me parece la más feliz. Es decir, él como ex presidente muy rápidamente muestra que no quiere largar las riendas de la UCR. No era la mejor opción, para nadie. Ahora, al participar él en la construcción de la Alianza en sí creo que podría haber evitado que el radicalismo escogiera un candidato simplemente por su nivel de aprobación electoral fuera del radicalismo; o sea, un candidato que no era un candidato del partido sino de las encuestas.
De Ipola: Sobre ese punto diría que efectivamente creo que no fue muy feliz en absoluto este apoyo de la Alianza con la presidencia de De la Rúa. Porque además permitió una suerte de concubinato, vamos a decir, más bien negativo con elementos de izquierda o centroizquierda. Y uno de los defectos que tiene incluso la izquierda democrática argentina es una suerte de prisa, digamos, una ansiedad por encontrar atajos para llegar. Yo creo que también por eso fue negativo. Porque claro, Alfonsín pensaba en la centroizquierda, en Chacho Alvarez que no tenía ningún poder y él mismo se ve obligado a renunciar de una manera poco estética.
Abraham: A mí me parecía que la Alianza era una cosa extraordinaria. El problema era que no me gustaba De la Rúa. Es un pusilánime, siempre lo fue. Yo tenía una gran adhesión a Graciela Fernández Meijide, por su trayectoria. Me parecía una excelente idea, porque se podía quizás hacer algo con una visión progresista, pero para eso había que pensar en lo que había pasado con Alfonsín. Es decir, la pregunta es ¿de qué sirve la experiencia en la vida o en la política? ¿De qué sirve la experiencia? ¿Qué hace uno con ella? ¿La toma en cuenta, lo modificó a uno, lo marcó, lo hizo pensar algo? ¿No sirve para nada haber experimentado eso? Porque si no se pensaba esa experiencia, no sé si se la va a repetir o no se la va a repetir, pero indudablemente para gobernar había que pensar esa experiencia, el progresismo la tenía que pensar. Y había habido 10 años de Menem, a Menem le había ido muy bien, la gente lo votó por un 60% la segunda vez. Y ganó la tercera, además. ¿La Alianza pensó una experiencia? No pensó un carajo. El gabinete que formó a mí me parecía buenísimo. Y fue un desastre. Bueno, hoy la experiencia se ha enriquecido mucho para el futuro. Ahora, si en el futuro se abre la política en la Argentina y la dinastía K puede llegar a no ganar en el 2011, no se sabe, y viene otra, vamos a tener que pensar un poco en la experiencia. Es decir, está bien, en la experiencia no está escrito lo que hay que hacer hoy, pero algo habrá que pensar.
Entrevista publicada en la Revista Ñ el sábado 10 de abril de 2010.
En medio de un clima "furibundamente antipolítico", Raúl Alfonsín, primer presidente democrático tras la última dictadura, es querido y recordado por la opinión pública. A un año de su muerte, tres intelectuales polemizan sobre su figura, lejos de la "alfonsinología". Además, los entretelones de un libro que revela cómo lo ven ensayistas de las nuevas generaciones.
En una de las primeras noches otoñales de este año, tres intelectuales se reúnen en un loft de Palermo para hablar del pasado reciente. El fantasma que los llama es el de Raúl Alfonsín. No hay velas para invocarlo pero es un espectro que se resiste al olvido y que recorre el campo político argentino. El filósofo Tomás Abraham, el sociólogo Emilio de Ipola y el politólogo Vicente Palermo se conocen poco entre sí pero se han leído. De distintas formas se han cruzado con la política, han estado cerca del poder o enfrentados y criticando desde la vereda opuesta. En esta ocasión elaboran un perfil de Alfonsín a un año de su muerte y a veintiuno de su salida anticipada del gobierno. Esa fue la primera herida de muerte del radical. Después vendrían otras que nunca ocultó y que acumularía hasta el día de su muerte.
Fuera del loft, que sirve de estudio a Abraham, corre un murmullo permanente del siempre festivo barrio de Palermo que esta noche resiste la partida del verano. Adentro, tres pensadores, discuten, susurran –también gritan– sobre el presente de Alfonsín. Sobre cuánto los marcó y cuánto los desilusionó. Para siempre. Hay desacuerdos marcados, pero los tres coinciden en el valor del aporte de Alfonsín al afianzamiento de las instituciones democráticas, algo que hoy parece natural pero que durante el período posdictadura tenía un valor similar al cuidado trabajo de un orfebre.
-¿Qué significó la muerte de Alfonsín para cada uno de ustedes?
Abraham: Políticamente nada; personalmente es una persona estimable. No creo en homenajes a muertos; indudablemente se destacan todas las virtudes que se puede encontrar como a Illia, ¡hasta a Frondizi! Creo que desde el punto de vista de su memoria murió bien; es decir, sin duda que merece un lugar en la política argentina... un buen lugar a pesar de su fracaso.
De Ipola: Cuando inauguraron el busto en la Casa Rosada, alguien le dijo "la estima de la población sobre usted ha crecido", y entonces él respondió "y va a ver cuando me muera"... He visto un video donde opina Carlos Ruckauf, por ejemplo, de Alfonsín, cuando estaba vivo, y lo que dice después de que se murió. Hay cambios. Creo por otra parte que es un hombre efectivamente inscripto en la historia argentina, más allá de lo que no pudo hacer, incluso de lo que hizo. Es un hombre que estaba ligado indisolublemente a la institución de la democracia y al hecho de haber avanzado muchos pasos en ese terreno pantanoso.
Palermo: Bueno, para mí fue un gran dolor. Fue alguien a quien yo quería particularmente. Y políticamente, nada, lo único que realmente no preví fue el efecto Alfonsín sobre la política posterior, es decir, que una vez muerto la gente lo iba a querer más y todo eso. Y todavía lo estamos viendo; lo cual no tiene nada de positivo en algunos aspectos, digamos. Y ahí el problema es que se oculta una cara más importante aún que es el Alfonsín como político de talento, eso no se ve.-La presidenta Cristina Fernández de Kirchner lo reivindicó como también otros sectores políticos. ¿Esa reivindicación se dio porque Alfonsín se estaba muriendo?
Abraham: Yo creo que hay que separar la figura de Alfonsín de las necesidades políticas que tiene el radicalismo que lo necesita a Alfonsín para salir de sus cenizas. Pero Alfonsín tiene otra dimensión y otro mensaje para dar, más allá de su presidencia. Alfonsín en este sentido no es un radical. Fue el presidente de los argentinos y yo creo que en este momento algo de él puede estar vivo, pero no tiene que ver con las necesidades políticas electorales. En su momento hizo un cierto llamado a cómo construir la Argentina. Se sabe que hizo el Juicio a las Juntas, y que si no fuera por un ejército activo, no como éste, hubiera seguido, pero el golpe de Estado estaba ahí.
Palermo: Me parece interesante cierta aparente paradoja en el sentido de que en una sociedad con un clima furibundamente antipolítico, Alfonsín es querido, exaltado y considerado como una gran persona, etcétera. Ahora, me parece que la paradoja se revela puramente aparente si uno ve el motivo de ese aprecio en la opinión pública: la integridad, o por oposición a la corrupción; es decir, Alfonsín como una persona íntegra. Pero el político de talento no se ve; parece que lo que se valora de Alfonsín es el hecho de que haya sido íntegro, honesto. Lo cual indudablemente era y siempre es encomiable. Uno no puede caer en la ingenuidad de decir bueno, no hay ningún motivo para elogiar a un político por el hecho de que sea honesto porque todo político debe serlo.
De Ipola: Creo que era un republicano liberal estricto, que respetaba la división de poderes, acataba las decisiones del Senado, etcétera. Eso lo hace interesante desde el punto de vista político, porque es difícil saber cuál era su política. Era una política que aceptaba que se radicalizara a través, por ejemplo, de posiciones que adoptaban los legisladores, y tenía una especie de... "miren, dejémoslo y después vemos"; como decir: aceptar lo que pasa y después definir una respuesta a lo que suceda. Yo creo que por eso no parece tener un sentido muy claro a veces la política de Alfonsín. Creo que lo que se tejió en algún momento respecto al tercer movimiento histórico (el primero era el yrigoyenismo y el segundo el peronismo) no fue nunca una idea de Alfonsín, al contrario, prefería la convergencia de fuerzas. A él también se le atribuye la teoría de los dos demonios (la que sostenía que los actos de violencia y terrorismo perpetrados por las Fuerzas Armadas durante la guerra sucia eran comparables a los cometidos por las organizaciones guerrilleras). No fueron posiciones que él haya adoptado. Al contrario, muchas veces las rechazó.
-¿Por qué empiezan a decaer Alfonsín y el alfonsinismo?
Abraham: Cuando en la crisis de Semana Santa, él va al cuartel para ver a Aldo Rico... se terminó. Fue una muestra de debilidad. Esas jornadas fueron bastante más complejas que las que se recuerda porque no había tanto apoyo. La clase media independiente estaba en la Plaza, pero la CGT, no; la Iglesia menos; el Ejército estaba con los fusiles en alto; a la clase empresarial le importaba poco y nada de eso. Pero aun así ese fue un gesto muy malo. Allí habría que haber extremado un poco el enfrentamiento. Y cuando pasa algo así, las variables económicas empiezan a temblar, al país no le sobraba nada. Sourrouille no iba a poder, el Plan Austral tampoco. Fue el comienzo de la caída.
Palermo: Efectivamente la situación fue muy mala para Alfonsín, tener que ir fue quizás el mal menor, pero el problema es que efectivamente no tenía absolutamente ningún poder de fuego, era una situación en la cual ningún miembro de las fuerzas armadas iba a tirar un tiro para imponer la voluntad presidencial. En esa situación creo que fue un mal menor y tal vez no felizmente comunicada a la gente, la idea. Alfonsín estaba en una situación complicada, en el sentido de que había dos requerimientos: uno, refundar un régimen político. ¿Y quién era el refundador? El. Y otro, gobernar. ¿Y quién era el que tenía que gobernar? El. Y gobernar es una cosa y refundar un régimen político es otra.
-¿Alfonsín termina completamente solo?
De Ipola: Completamente solo, no. Pero no termina acompañado por alguien importante. Y eso se ve en cómo va reestructurando su gabinete hasta que cae. En cierto modo hay gente que sigue apoyándolo pero él queda muy aislado. Después, es un animal político, vuelve a meterse, a hacer otras cosas, pero en aquel momento queda solo.
-¿Tendría que haber dialogado más con la oposición, con la derecha para salir de la crisis?
Abraham: A mí la alfonsinología no me interesa para nada. ¿Qué quiere decir? ¿Adónde llega? A Alfonsín le fue muy mal. Fracasó. El país terminó incendiado, con Seineldín casi en el poder, hiperinflación, una pobreza extrema, las fábricas cerraban, la gente se iba, no podían gobernar, no podían hacer nada. Un desastre. ¿Quién puede decir "no me dejaron hacer"? Nunca lo van a dejar hacer. El resultado en política es muy importante. No es una cuestión de si fue un buen tipo, un mal tipo o si tuvo unas grandes ideas o grandes discursos. Le fue como el culo. Por eso el radicalismo espanta. Ahora vamos a ver qué pasa. Pero en medio, todo raro. Pero digo, eso fue muy malo. Y después... ¡Ganó Menem! Diez años estuvo Menem. Entonces, durante la década del 90 yo no vi a un radical pensar lo que pasó: "No lo dejaron", decían; o "La sociedad argentina está a la derecha de Alfonsín". Y se hubiera ido a gobernar otro país, entonces, que estuviera más a la izquierda, porque es muy posible que en nuestro país no quepa un Alfonsín, como no quepa un Binner, como no quepa una Graciela Fernández Meijide... No hay que decir: tuvo que haber dialogado con la derecha. ¿Qué derecha? Además ¿para qué?
De Ipola: Nadie se pone a hablar de cómo gobernó. Nadie lo elogia por el discurso a la Sociedad Rural, que para mí fue extraordinario. Nadie elogia que haya contestado al vicario castrense en el púlpito; al contrario, yo creo que Menem lo criticó por eso. Es más bien un representante instituyente de la democracia, y de una democracia honesta e íntegra, que permanece en el pensamiento de todos como alguien valioso. Después la política se puede discutir. La hiperinflación y otros males, que por un juego de circunstancias se le atribuye siempre la responsabilidad al presidente de la república, generalmente no se contextualizan cuando se juzgan los hechos políticos.
Abraham: A ver... en Semana Santa hubo un quiebre político; él estaba con Antonio Cafiero, José Luis Manzano, estaban todos y ahí tendrían que haber resistido y provocar a lo mejor un golpe de Estado porque la sociedad no iba a estar con los militares. Porque pensó en quizás en no preocupar. ¿Y? Por una pizca Seineldín no agarró el poder. ¿Y quién lo derrotó a Seineldín? ¿Alfonsín? No, Menem. Y desde ese momento no hay posibilidad de golpe de Estado en la Argentina. Por Menem. Y por eso puede Kirchner puede descolgar el cuadro de Videla en el Colegio Militar porque el Ejército ya no reacciona más. Eso no lo hizo Alfonsín.
Palermo: Discrepo con vos. A mí me parece que esa enumeración que hacés es parte de una alfonsinología crítica. La Argentina tuvo a partir de entonces las bases de la continuidad del régimen político democrático. Si vamos a hacer la historia de cómo se redefine el papel de las Fuerzas Armadas en la Argentina, no podemos decir blanco y negro, blanco Alfonsín y negro Menem. Menem actuó en el marco que le construye Alfonsín, y lo resuelve con talento y con competencia, sin duda, pero en el marco que Alfonsín le construye. Después va a venir Kirchner y decir "baje ese cuadro", como si ese fuese realmente el estadista valiente. Entonces, me parece que hay una cantidad de cuestiones en las cuales no se puede ver a Alfonsín como un político fracasado. Y otras que sí; realmente es dolorosamente fracasado en otras, sin dudas. La gravedad de la crisis que la dictadura militar deja sobre las espaldas de la democracia es enorme, y en ese sentido el Plan Austral era como querer matar un elefante con una gomera.
De Ipola: En el momento en que Menem disminuye el poder de las Fuerzas Armadas obedece a otra situación histórica. Yo no estoy de acuerdo con la idea de una alfonsinología. Podría decir que sí que hubo un fracaso en el proyecto de Alfonsín, en esa idea de convergencia, de construir un país más tolerante. En eso sí fracasó. Pero es una lástima que haya fracasado. Siempre se dice que el radicalismo tuvo en la economía un punto débil, pero que Alfonsín de todas maneras trató hasta cierto punto también de contrarrestar. Hay que reconocer que hubo cosas que no salieron bien; y entonces, desde ese punto de vista estoy de acuerdo con que hubo cosas que fracasaron. Pero también mucha gente está de acuerdo con que es una lástima que haya fracasado. Se fue quedando solo. Pero en el 87 todavía no estaba tan solo.
-¿Cómo evalúan el papel de los intelectuales en el gobierno de Alfonsín? ¿Creen que sirvió de algo haber estado tan cerca como el Grupo Esmeralda, ese conjunto de pensadores que lo asesoraba y que escribía sus discursos?
De Ipola: Bueno, como yo estuve en eso yo les puedo decir algo. Puede ser que haya servido allí donde el papel de los intelectuales no se volvía excesivamente intelectual, digamos, y lo que hacía simplemente era poner en claro o dar fundamento a ciertas intuiciones vamos a decir, o a ciertos razonamientos de Alfonsín. El también se sentía hasta cierto punto intelectual. Leía todo el tiempo. En un momento dado yo creo que pudo haber tenido una influencia diría negativa, pero un aspecto de eso; una influencia negativa. Yo le oía decir que "este gobierno sigue las directivas de Huntington, de Leo Strauss...". El tenía esa intuición propia, del político: acriollaba todo lo que nosotros le decíamos en términos intelectuales, y creo que hacía bien; aunque deformara totalmente el sentido. Hacía bien, porque así se entendía.
Abraham: Por un lado yo trabajaba en la UBA, entré a trabajar en la universidad y fue una época extraordinaria. Y eso fue un festival educativo. El otro aspecto era la irresponsabilidad. Alfonsín lee un librito de Terragno, sobre el mundo futuro; se lo presentan, va a París y le ofrece venir a la Argentina. Terragno viene y es ministro de ¡Obras Públicas! Todos los servicios públicos estaban en el Estado. Pre- privatización. ¿Con qué antecedentes? Ninguno. ¿Con qué equipo? Ninguno. ¿Con qué experiencia? Ninguna. Eso también es un amor a lo intelectual un poco irresponsable.
Palermo: En esa época yo estaba rompiendo con el peronismo, acompañando la renovación peronista y trabajando en la revista "Unidos". El hecho de que un grupo importante de intelectuales estuviera participando de alguna forma en el gobierno y al mismo tiempo con raíces o vínculos en el Club de Cultura Socialista para nosotros fue sumamente estimulante, de mucho debate de los temas de la época como la propia cuestión democrática, y con una apertura a los debates internacionales.
-¿Cuándo comienza a decaer esta especie de primavera de ideas?
Abraham: Ese clima acompañó a un país que se estaba despertando; no era la universidad, era todo. Pero yo veo que hacia el 87 empieza a caerse todo. Decepción, ilusión, decepción. La ilusión duró un par de años y después empieza la decepción. Cuando él decía en unos pocos años vamos a ser como Italia y España y vamos a crear una socialdemocracia acá, y vamos a ser tolerantes y plurales y vamos a hacer cultura, el lazo con Europa todavía estaba en el horizonte de la esperanza. Hoy día ya no existe más eso, hace mucho que no existe más. La etapa europeísta que todavía es la ilustración, los valores, todo eso, se cae con Alfonsín. Entonces, lo de la universidad, la ilusión esa de un progresismo concreto, posible y demás, bueno, se fue desinflando. La universidad se burocratizó.
-En el 99 Alfonsín resurge para motorizar la Alianza... ¿Qué papel jugó entonces?
Palermo: Es una opción que hace Alfonsín como ex presidente, que no me parece la más feliz. Es decir, él como ex presidente muy rápidamente muestra que no quiere largar las riendas de la UCR. No era la mejor opción, para nadie. Ahora, al participar él en la construcción de la Alianza en sí creo que podría haber evitado que el radicalismo escogiera un candidato simplemente por su nivel de aprobación electoral fuera del radicalismo; o sea, un candidato que no era un candidato del partido sino de las encuestas.
De Ipola: Sobre ese punto diría que efectivamente creo que no fue muy feliz en absoluto este apoyo de la Alianza con la presidencia de De la Rúa. Porque además permitió una suerte de concubinato, vamos a decir, más bien negativo con elementos de izquierda o centroizquierda. Y uno de los defectos que tiene incluso la izquierda democrática argentina es una suerte de prisa, digamos, una ansiedad por encontrar atajos para llegar. Yo creo que también por eso fue negativo. Porque claro, Alfonsín pensaba en la centroizquierda, en Chacho Alvarez que no tenía ningún poder y él mismo se ve obligado a renunciar de una manera poco estética.
Abraham: A mí me parecía que la Alianza era una cosa extraordinaria. El problema era que no me gustaba De la Rúa. Es un pusilánime, siempre lo fue. Yo tenía una gran adhesión a Graciela Fernández Meijide, por su trayectoria. Me parecía una excelente idea, porque se podía quizás hacer algo con una visión progresista, pero para eso había que pensar en lo que había pasado con Alfonsín. Es decir, la pregunta es ¿de qué sirve la experiencia en la vida o en la política? ¿De qué sirve la experiencia? ¿Qué hace uno con ella? ¿La toma en cuenta, lo modificó a uno, lo marcó, lo hizo pensar algo? ¿No sirve para nada haber experimentado eso? Porque si no se pensaba esa experiencia, no sé si se la va a repetir o no se la va a repetir, pero indudablemente para gobernar había que pensar esa experiencia, el progresismo la tenía que pensar. Y había habido 10 años de Menem, a Menem le había ido muy bien, la gente lo votó por un 60% la segunda vez. Y ganó la tercera, además. ¿La Alianza pensó una experiencia? No pensó un carajo. El gabinete que formó a mí me parecía buenísimo. Y fue un desastre. Bueno, hoy la experiencia se ha enriquecido mucho para el futuro. Ahora, si en el futuro se abre la política en la Argentina y la dinastía K puede llegar a no ganar en el 2011, no se sabe, y viene otra, vamos a tener que pensar un poco en la experiencia. Es decir, está bien, en la experiencia no está escrito lo que hay que hacer hoy, pero algo habrá que pensar.
Entrevista publicada en la Revista Ñ el sábado 10 de abril de 2010.
8 de abril de 2010
A LA ESPERA DEL FALLO DE LA HAYA
Por Federico Merke y Vicente Palermo
Cuando la Argentina llevó a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia, no faltaron quienes vieron en esa decisión la prueba de un fracaso y se expresaron sobre la necesidad de aguardar el fallo constructivamente, creando ámbitos de colaboración, convergencia y concordancia entre ambos países. El 20 se conocerá el fallo de la Corte; es muy probable que reconozca el argumento argentino de que Uruguay violó el Tratado del río Uruguay, que respalde la posición uruguaya de que no hay información sustantiva que indique que Botnia contamina y que promueva la cooperación bilateral para alcanzar algún tipo de monitoreo conjunto en el río Uruguay.
Pero lo que resuelva la Corte no pondrá fin al conflicto. La historia señala que la opción fundamental en la diplomacia no es entre legalidad e ilegalidad, sino entre sabiduría y desatino político. Ni la huida por el derecho es una política ni la razón de Estado es tener razón. Por eso, aun sin desconocer que estamos basándonos en conjeturas, resulta oportuno considerar el probable contenido del fallo y destacar las oportunidades que le abre a la política.
La presunta violación del Tratado del Río Uruguay pone de manifiesto la necesidad de actualización del Estatuto del Río Uruguay, cuya obsolescencia quedó patentemente demostrada en el presente conflicto. Del mismo modo, el respaldo a la posición uruguaya en lo que se refiere a los impactos ambientales de la pastera sugiere claramente que en la región la estéril guerra de desgaste sostenida hasta ahora debe dar paso al desenvolvimiento de una política ambiental consensuada entre ambos países y, de ser posible, en el ámbito del Mercosur. Por fin, una propuesta de monitoreo conjunto por parte del tribunal internacional indica un camino de cooperación apuntalado en una confianza recíproca que, como es obvio, será preciso primero reconstruir.
Al mismo tiempo, vale la pena advertir sobre un peligro que acarrea el pronunciamiento del tribunal: que el resultado sea interpretado por la opinión pública (de ambos países) en términos de ganadores y perdedores, al estilo de un certamen futbolístico. El hecho de que se dejara transcurrir el tiempo de brazos cruzados, sin tender puentes que confirieran al fallo del Tribunal un marco político apropiado, no ha hecho más que agrandar este peligro. Aun así, para que la oportunidad que abre el fallo de la Corte sea aprovechada, será indispensable que gobiernos y sociedades de ambas márgenes lo reciban con mesura y no lo perciban como una victoria o una derrota sino como la piedra de toque de una solución.
Es necesario que ambos gobiernos tomen conciencia de que una etapa está por terminar y otra está por comenzar. Como quedó de manifiesto en una reciente declaración firmada por líderes de diversos partidos políticos auspiciada por el Club Político Argentino, la solución no será fácil ni inmediata, pero argentinos y uruguayos no tendremos otra opción que el diálogo y la negociación bilateral para establecer una hoja de ruta que nos diga cómo seguir adelante y recomponer la relación bilateral.
Los autores son Investigadores del Conicet y miembros del Club Político Argentino.
Publicado en el diario La Nación el día 8 de abril de 2010.
Cuando la Argentina llevó a Uruguay a la Corte Internacional de Justicia, no faltaron quienes vieron en esa decisión la prueba de un fracaso y se expresaron sobre la necesidad de aguardar el fallo constructivamente, creando ámbitos de colaboración, convergencia y concordancia entre ambos países. El 20 se conocerá el fallo de la Corte; es muy probable que reconozca el argumento argentino de que Uruguay violó el Tratado del río Uruguay, que respalde la posición uruguaya de que no hay información sustantiva que indique que Botnia contamina y que promueva la cooperación bilateral para alcanzar algún tipo de monitoreo conjunto en el río Uruguay.
Pero lo que resuelva la Corte no pondrá fin al conflicto. La historia señala que la opción fundamental en la diplomacia no es entre legalidad e ilegalidad, sino entre sabiduría y desatino político. Ni la huida por el derecho es una política ni la razón de Estado es tener razón. Por eso, aun sin desconocer que estamos basándonos en conjeturas, resulta oportuno considerar el probable contenido del fallo y destacar las oportunidades que le abre a la política.
La presunta violación del Tratado del Río Uruguay pone de manifiesto la necesidad de actualización del Estatuto del Río Uruguay, cuya obsolescencia quedó patentemente demostrada en el presente conflicto. Del mismo modo, el respaldo a la posición uruguaya en lo que se refiere a los impactos ambientales de la pastera sugiere claramente que en la región la estéril guerra de desgaste sostenida hasta ahora debe dar paso al desenvolvimiento de una política ambiental consensuada entre ambos países y, de ser posible, en el ámbito del Mercosur. Por fin, una propuesta de monitoreo conjunto por parte del tribunal internacional indica un camino de cooperación apuntalado en una confianza recíproca que, como es obvio, será preciso primero reconstruir.
Al mismo tiempo, vale la pena advertir sobre un peligro que acarrea el pronunciamiento del tribunal: que el resultado sea interpretado por la opinión pública (de ambos países) en términos de ganadores y perdedores, al estilo de un certamen futbolístico. El hecho de que se dejara transcurrir el tiempo de brazos cruzados, sin tender puentes que confirieran al fallo del Tribunal un marco político apropiado, no ha hecho más que agrandar este peligro. Aun así, para que la oportunidad que abre el fallo de la Corte sea aprovechada, será indispensable que gobiernos y sociedades de ambas márgenes lo reciban con mesura y no lo perciban como una victoria o una derrota sino como la piedra de toque de una solución.
Es necesario que ambos gobiernos tomen conciencia de que una etapa está por terminar y otra está por comenzar. Como quedó de manifiesto en una reciente declaración firmada por líderes de diversos partidos políticos auspiciada por el Club Político Argentino, la solución no será fácil ni inmediata, pero argentinos y uruguayos no tendremos otra opción que el diálogo y la negociación bilateral para establecer una hoja de ruta que nos diga cómo seguir adelante y recomponer la relación bilateral.
Los autores son Investigadores del Conicet y miembros del Club Político Argentino.
Publicado en el diario La Nación el día 8 de abril de 2010.
LA AMISTAD PARLAMENTARIA CON LAS DICTADURAS
Por Gabriel C. Salvia
En estos días, se está conformando en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina la nueva composición de los denominados Grupos de Amistad Parlamentaria, cuya creación fue aprobada el 16 de marzo de 2005.
Al respecto, resulta incompatible para un país democrático como la Argentina, cuyos legisladores surgen de elecciones libres y multipartidarias que posibilitan la representación política plural, que algunos de los Grupos de Amistad Parlamentaria que se conforman se enlacen con regímenes represivos en materia de libertades fundamentales.
Esos han sido hasta ahora los casos de Arabia Saudita, Cuba, China, Siria y Vietnam, aunque también existen Grupos de Amistad Parlamentaria con países que no se destacan por su buena calidad democrática, como Rusia y Venezuela, entre otros.
Por eso, sería bueno que antes de constituir o integrar estos Grupos, los legisladores consultaran primero los informes elaborados por prestigiosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En algunos de los países con los cuales se han constituido Grupos de Amistad Parlamentaria existe un régimen constitucional de partido único y de esta manera, resulta muy grotesco que legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos establezcan una “amistad” con ellos, ya que se trata de países donde sus propias diferencias ideológicas no podrían coexistir.
Y es igual de grotesco que quienes promueven la libertad sindical en la Argentina respalden a países que la prohíben y donde explotan estatalmente a los trabajadores, por lo cual son denunciados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los grupos parlamentarios de Amistad tienen entre sus objetivos reafirmar los lazos de amistad entre los pueblos y la voluntad de cooperación entre las naciones; fortalecer las relaciones parlamentarias bilaterales a través del diálogo y la comunicación permanente y abordar conjuntamente temas de interés recíproco y facilitar la articulación de políticas que contribuyan al logro de las aspiraciones comunes.
También buscan fomentar el intercambio de información y experiencias sobre aspectos relacionados al quehacer político, social, cultural y económico de ambas naciones facilitando la ampliación y profundización de relaciones bilaterales; invitar y recibir a parlamentarios y personalidades de otros países y responder a invitaciones de otros parlamentos y coordinar actividades conjuntas, a través de sus representaciones diplomáticas.
Sin embargo, en algunos casos, la Amistad Parlamentaria excluye expresamente a los pueblos y se convierte en una forma de reconocimiento a gobiernos ilegítimos. Por tal motivo, debería modificarse la reglamentación de ese tipo de Grupos, mediante el establecimiento de una "cláusula democrática" para la constitución de los mismos.
Esa Amistad Parlamentaria con las dictaduras es preocupante porque, de acuerdo a su reglamentación, los Grupos, “con intervención de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, establecerán con el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un mecanismo permanente de consulta, intercambio de información y coordinación, a fin de que actúen complementariamente y en concordancia con los lineamientos de la política exterior”.
Así, incidiendo legislativamente en las relaciones internacionales de la Argentina, estos diputados que integran Grupos de Amistad Parlamentaria con dictaduras se convierten en funcionales para legitimar a países donde gobiernan regímenes represivos, contradiciendo el eje de la política exterior que, de acuerdo a lo expresado por el canciller Jorge Taiana, son los Derechos Humanos.
GABRIEL C.SALVIA es titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y director del Proyecto Puente Democrático.
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
En estos días, se está conformando en la Cámara de Diputados de la Nación Argentina la nueva composición de los denominados Grupos de Amistad Parlamentaria, cuya creación fue aprobada el 16 de marzo de 2005.
Al respecto, resulta incompatible para un país democrático como la Argentina, cuyos legisladores surgen de elecciones libres y multipartidarias que posibilitan la representación política plural, que algunos de los Grupos de Amistad Parlamentaria que se conforman se enlacen con regímenes represivos en materia de libertades fundamentales.
Esos han sido hasta ahora los casos de Arabia Saudita, Cuba, China, Siria y Vietnam, aunque también existen Grupos de Amistad Parlamentaria con países que no se destacan por su buena calidad democrática, como Rusia y Venezuela, entre otros.
Por eso, sería bueno que antes de constituir o integrar estos Grupos, los legisladores consultaran primero los informes elaborados por prestigiosas organizaciones internacionales de Derechos Humanos, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch.
En algunos de los países con los cuales se han constituido Grupos de Amistad Parlamentaria existe un régimen constitucional de partido único y de esta manera, resulta muy grotesco que legisladores pertenecientes a distintos partidos políticos establezcan una “amistad” con ellos, ya que se trata de países donde sus propias diferencias ideológicas no podrían coexistir.
Y es igual de grotesco que quienes promueven la libertad sindical en la Argentina respalden a países que la prohíben y donde explotan estatalmente a los trabajadores, por lo cual son denunciados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
Los grupos parlamentarios de Amistad tienen entre sus objetivos reafirmar los lazos de amistad entre los pueblos y la voluntad de cooperación entre las naciones; fortalecer las relaciones parlamentarias bilaterales a través del diálogo y la comunicación permanente y abordar conjuntamente temas de interés recíproco y facilitar la articulación de políticas que contribuyan al logro de las aspiraciones comunes.
También buscan fomentar el intercambio de información y experiencias sobre aspectos relacionados al quehacer político, social, cultural y económico de ambas naciones facilitando la ampliación y profundización de relaciones bilaterales; invitar y recibir a parlamentarios y personalidades de otros países y responder a invitaciones de otros parlamentos y coordinar actividades conjuntas, a través de sus representaciones diplomáticas.
Sin embargo, en algunos casos, la Amistad Parlamentaria excluye expresamente a los pueblos y se convierte en una forma de reconocimiento a gobiernos ilegítimos. Por tal motivo, debería modificarse la reglamentación de ese tipo de Grupos, mediante el establecimiento de una "cláusula democrática" para la constitución de los mismos.
Esa Amistad Parlamentaria con las dictaduras es preocupante porque, de acuerdo a su reglamentación, los Grupos, “con intervención de la Presidencia de la Comisión de Relaciones Exteriores y Culto, establecerán con el ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto, un mecanismo permanente de consulta, intercambio de información y coordinación, a fin de que actúen complementariamente y en concordancia con los lineamientos de la política exterior”.
Así, incidiendo legislativamente en las relaciones internacionales de la Argentina, estos diputados que integran Grupos de Amistad Parlamentaria con dictaduras se convierten en funcionales para legitimar a países donde gobiernan regímenes represivos, contradiciendo el eje de la política exterior que, de acuerdo a lo expresado por el canciller Jorge Taiana, son los Derechos Humanos.
GABRIEL C.SALVIA es titular del Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (CADAL) y director del Proyecto Puente Democrático.
Buenos Aires, 6 de abril de 2010.
3 de abril de 2010
ECONOMÍA: LO QUE NO SE QUIERE SABER
Por Luis Rappoport
Cerrar los ojos ante el peligro no deja de ser una conducta humana, aunque habitualmente no sea la más saludable. Sin embargo, a menudo, ver lo evidente y negarlo puede ser una conducta comprensible cuando la decisión individual es impotente frente a ese peligro.
Repasemos: durante el año 2010 vamos a tener una inflación de entre el 25% y el 30%. En el 2011, el piso inflacionario va a estar en esos mismos niveles. Pasó el verano de fines del 2008 y todo el 2009 en que la recesión puso un límite al desborde previo y los precios "solamente" aumentaron un 14%. No existirán políticas antiinflacionarias porque éstas requerirían una combinación de instrumentos que incluyen políticas fiscales, salariales, monetarias y cambiarias, incompatibles con la actual estructura de poder político.
Aclaremos: la presión salarial sobre el segmento de los trabajadores formales está santificada por la asociación entre el sindicalismo y el poder político. La recuperación de los ingresos fiscales por la mejora del nivel de actividad, empujado por el agro, brinda una oportunidad al gasto que -a falta de instituciones adecuadas para la gestión de la macroeconomía-, ni este, ni ningún gobierno desaprovecharía.
En una población que no ahorra en su propia moneda, y en ausencia de políticas fiscales y de ingresos, los instrumentos monetarios son inservibles para controlar la inflación, salvo que se esté dispuesto a contraer la economía y a revaluar el peso en forma drástica. Nuevamente, ni éste, ni ningún gobierno harían semejante cosa. Con lo cual, entre el déficit fiscal y las compras de cambio del Banco Central, el Gobierno va a mantener el crecimiento de los medios de pago según el aumento de los precios. El dólar no va a crecer más allá del 10% anual porque devaluaciones mayores generarían incertidumbres incompatibles con el control político que requiere todo gobierno que se precie.
Para decirlo más claro: como no hay pesos, por encima de los necesarios para realizar las transacciones de la economía, el aumento de los precios obliga a la emisión para mantener esas mismas transacciones, pero a precios mayores. Esos pesos faltantes se emitirán a través del déficit fiscal y de las compras de dólares del Banco Central. Esa misma inexistencia de pesos es lo que permitirá al Banco Central evitar desbordes (más allá del que supone estar montado en una inflación superior al 25%). Sin movimientos bruscos de carteras de ahorros es muy sencillo el control cambiario. Y no hay, ni va a haber movimientos bruscos de carteras de ahorros porque nadie, en su sano juicio, ahorra en pesos.
El contexto expuesto tiene las siguientes tres consecuencias inevitables. En primer lugar: terminaremos 2011 con un peso más sobrevaluado que en los demonizados tiempos del uno a uno. Esa sobrevaluación va a volver a lesionar al ya zarandeado tejido industrial argentino. El sector agropecuario no va a pasarla mejor, porque los aumentos de precios, restadas las retenciones, no alcanzarán para compensar los aumentos de costos. La sobrevalorización del real no va a ayudar demasiado porque Brasil despliega modernas políticas industriales que buscan compensar dicha sobrevalorización. La Argentina está lejos de esas políticas y no le va a resultar fácil competir. Por otra parte, la tendencia de los mercados internacionales de commodities permitirán financiar un dólar barato, con mucha más eficacia que el endeudamiento de Cavallo.
En segundo lugar: las ganancias de empleo, que en el contexto de precios estables permitieron una mejora de las condiciones sociales, se perderán. Hacen falta dos condiciones para la mejora de las condiciones sociales: precios estables y empleo. La primera ya se perdió. La segunda se va a perder en los próximos años por la mencionada pérdida de competitividad cambiaria.
En tercer lugar: el gobierno posterior al 2011 se va a encontrar con opciones duras. Cualquiera sea la política que elija, la población va a sufrir. Somos una sociedad que vivió el trauma de la hiperinflación, se vio frente a un segundo trauma de pérdidas de empleo y marginación por un dólar fijo religioso, exagerado e innecesario, pero que sirvió para romper la cultura inflacionaria. Vivimos luego un tercer trauma durante el inevitable quiebre del uno a uno, con una, también inevitable, hiperrecesión. Todo ese sacrificio vivido se habrá perdido hacia el 2011. Y vendrán otros sacrificios cuando el nuevo gobierno deba realizar la imposible tarea de enfrentar -en simultáneo- alta inflación con fuerte retraso cambiario.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
Cerrar los ojos ante el peligro no deja de ser una conducta humana, aunque habitualmente no sea la más saludable. Sin embargo, a menudo, ver lo evidente y negarlo puede ser una conducta comprensible cuando la decisión individual es impotente frente a ese peligro.
Repasemos: durante el año 2010 vamos a tener una inflación de entre el 25% y el 30%. En el 2011, el piso inflacionario va a estar en esos mismos niveles. Pasó el verano de fines del 2008 y todo el 2009 en que la recesión puso un límite al desborde previo y los precios "solamente" aumentaron un 14%. No existirán políticas antiinflacionarias porque éstas requerirían una combinación de instrumentos que incluyen políticas fiscales, salariales, monetarias y cambiarias, incompatibles con la actual estructura de poder político.
Aclaremos: la presión salarial sobre el segmento de los trabajadores formales está santificada por la asociación entre el sindicalismo y el poder político. La recuperación de los ingresos fiscales por la mejora del nivel de actividad, empujado por el agro, brinda una oportunidad al gasto que -a falta de instituciones adecuadas para la gestión de la macroeconomía-, ni este, ni ningún gobierno desaprovecharía.
En una población que no ahorra en su propia moneda, y en ausencia de políticas fiscales y de ingresos, los instrumentos monetarios son inservibles para controlar la inflación, salvo que se esté dispuesto a contraer la economía y a revaluar el peso en forma drástica. Nuevamente, ni éste, ni ningún gobierno harían semejante cosa. Con lo cual, entre el déficit fiscal y las compras de cambio del Banco Central, el Gobierno va a mantener el crecimiento de los medios de pago según el aumento de los precios. El dólar no va a crecer más allá del 10% anual porque devaluaciones mayores generarían incertidumbres incompatibles con el control político que requiere todo gobierno que se precie.
Para decirlo más claro: como no hay pesos, por encima de los necesarios para realizar las transacciones de la economía, el aumento de los precios obliga a la emisión para mantener esas mismas transacciones, pero a precios mayores. Esos pesos faltantes se emitirán a través del déficit fiscal y de las compras de dólares del Banco Central. Esa misma inexistencia de pesos es lo que permitirá al Banco Central evitar desbordes (más allá del que supone estar montado en una inflación superior al 25%). Sin movimientos bruscos de carteras de ahorros es muy sencillo el control cambiario. Y no hay, ni va a haber movimientos bruscos de carteras de ahorros porque nadie, en su sano juicio, ahorra en pesos.
El contexto expuesto tiene las siguientes tres consecuencias inevitables. En primer lugar: terminaremos 2011 con un peso más sobrevaluado que en los demonizados tiempos del uno a uno. Esa sobrevaluación va a volver a lesionar al ya zarandeado tejido industrial argentino. El sector agropecuario no va a pasarla mejor, porque los aumentos de precios, restadas las retenciones, no alcanzarán para compensar los aumentos de costos. La sobrevalorización del real no va a ayudar demasiado porque Brasil despliega modernas políticas industriales que buscan compensar dicha sobrevalorización. La Argentina está lejos de esas políticas y no le va a resultar fácil competir. Por otra parte, la tendencia de los mercados internacionales de commodities permitirán financiar un dólar barato, con mucha más eficacia que el endeudamiento de Cavallo.
En segundo lugar: las ganancias de empleo, que en el contexto de precios estables permitieron una mejora de las condiciones sociales, se perderán. Hacen falta dos condiciones para la mejora de las condiciones sociales: precios estables y empleo. La primera ya se perdió. La segunda se va a perder en los próximos años por la mencionada pérdida de competitividad cambiaria.
En tercer lugar: el gobierno posterior al 2011 se va a encontrar con opciones duras. Cualquiera sea la política que elija, la población va a sufrir. Somos una sociedad que vivió el trauma de la hiperinflación, se vio frente a un segundo trauma de pérdidas de empleo y marginación por un dólar fijo religioso, exagerado e innecesario, pero que sirvió para romper la cultura inflacionaria. Vivimos luego un tercer trauma durante el inevitable quiebre del uno a uno, con una, también inevitable, hiperrecesión. Todo ese sacrificio vivido se habrá perdido hacia el 2011. Y vendrán otros sacrificios cuando el nuevo gobierno deba realizar la imposible tarea de enfrentar -en simultáneo- alta inflación con fuerte retraso cambiario.
Buenos Aires, 30 de marzo de 2010
31 de marzo de 2010
En Malvinas, la opción debe ser cooperar
Por Juan Gabriel Tokatlian
A la Argentina y Gran Bretaña les iría mejor si hubiese más negociación y tareas compartidas. El desminado definitivo de las Islas sería una prueba.A casi tres décadas de la guerra argentino-británica las islas Malvinas -y los isleños-padecen las consecuencias de la existencia de unas 20.000 minas (la gran mayoría de ellas colocadas por la Argentina) y áreas afectadas por el lanzamiento de municiones en racimo (usadas por Gran Bretaña). Con argumentos distintos Londres y Buenos Aires solicitaron en 2009 una prórroga de 10 años para cumplir con las obligaciones que ambos contrajeron al firmar y ratificar el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales de 1997 -más conocido como la Convención de Ottawa y que entró en vigor en 1999.
En años recientes se venían produciendo avances en este sentido; en 2001 Argentina y Gran Bretaña anunciaron la realización de un estudio de viabilidad para llevar a cabo esa tarea. En 2007 la Universidad de Cranfield informó que la investigación se había concluido y que el desminado completo, si bien era una tarea muy difícil, resultaba factible. Entre esa fecha y hoy sucedieron hechos que afectaron las posibilidades de acciones convergentes y positivas entre los dos países respecto a las islas: en 2007 Argentina dio por terminada la Declaración Conjunta de Cooperación de 1995 sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, mientras que en febrero de 2010 Londres adoptó una nueva decisión unilateral en materia de exploración petrolera en las islas.
Un modo de recuperar gradualmente el sendero de confianza bilateral y de mejorar efectivamente la situación de los isleños -sin alterar el reclamo de soberanía del país- es que la Argentina tome la iniciativa y proponga, por ejemplo, un esquema operativo de desminado compartido en las Islas Malvinas. El país posee una bien capacitada Unidad de Desminado Humanitario en el marco de las Fuerzas Armadas y ha calculado un presupuesto de unos $250 millones para desminar. La idea sería comprometer a Gran Bretaña en la limpieza de todas las minas y procurar, conjuntamente con Londres, la identificación de los recursos para materializar esa labor.
En esencia, se trata de mostrar y comprobar que la Argentina es un país que quiere resolver pacíficamente la controversia con el Reino Unido sobre las islas, contribuir a la prosperidad de los isleños y asegurar, a través de una diplomacia seria, sus justos títulos sobre Malvinas.
Una razonable estrategia de cooperación exige capacidad innovadora, liderazgo constructivo y rendición de cuentas. Existe un conflicto real con Gran Bretaña que debe resolverse: los problemas territoriales que se prolongan sólo se degradan. Varios actores internos, externos y transnacionales pueden ganar más con la perpetuación de las fricciones y la repetición de ciclos de tensión.
Sin embargo, a la inmensa mayoría de las partes envueltas en esta disputa irresuelta les iría mejor si hubiese mejor comunicación, más distensión y mayor negociación. Como la cooperación resulta de una elección propia y de unas circunstancias propicias, la Argentina debe escoger, diseñar e implementar una estrategia cooperativa.
El desminado definitivo de las islas Malvinas sería una buena prueba de que ese será el largo camino que transitará nuestro Estado y la sociedad civil.
Publicado en el diario Clarín el día 30 de marzo de 2010.
A la Argentina y Gran Bretaña les iría mejor si hubiese más negociación y tareas compartidas. El desminado definitivo de las Islas sería una prueba.A casi tres décadas de la guerra argentino-británica las islas Malvinas -y los isleños-padecen las consecuencias de la existencia de unas 20.000 minas (la gran mayoría de ellas colocadas por la Argentina) y áreas afectadas por el lanzamiento de municiones en racimo (usadas por Gran Bretaña). Con argumentos distintos Londres y Buenos Aires solicitaron en 2009 una prórroga de 10 años para cumplir con las obligaciones que ambos contrajeron al firmar y ratificar el Tratado de Prohibición de Minas Antipersonales de 1997 -más conocido como la Convención de Ottawa y que entró en vigor en 1999.
En años recientes se venían produciendo avances en este sentido; en 2001 Argentina y Gran Bretaña anunciaron la realización de un estudio de viabilidad para llevar a cabo esa tarea. En 2007 la Universidad de Cranfield informó que la investigación se había concluido y que el desminado completo, si bien era una tarea muy difícil, resultaba factible. Entre esa fecha y hoy sucedieron hechos que afectaron las posibilidades de acciones convergentes y positivas entre los dos países respecto a las islas: en 2007 Argentina dio por terminada la Declaración Conjunta de Cooperación de 1995 sobre actividades costa afuera en el Atlántico Sudoccidental, mientras que en febrero de 2010 Londres adoptó una nueva decisión unilateral en materia de exploración petrolera en las islas.
Un modo de recuperar gradualmente el sendero de confianza bilateral y de mejorar efectivamente la situación de los isleños -sin alterar el reclamo de soberanía del país- es que la Argentina tome la iniciativa y proponga, por ejemplo, un esquema operativo de desminado compartido en las Islas Malvinas. El país posee una bien capacitada Unidad de Desminado Humanitario en el marco de las Fuerzas Armadas y ha calculado un presupuesto de unos $250 millones para desminar. La idea sería comprometer a Gran Bretaña en la limpieza de todas las minas y procurar, conjuntamente con Londres, la identificación de los recursos para materializar esa labor.
En esencia, se trata de mostrar y comprobar que la Argentina es un país que quiere resolver pacíficamente la controversia con el Reino Unido sobre las islas, contribuir a la prosperidad de los isleños y asegurar, a través de una diplomacia seria, sus justos títulos sobre Malvinas.
Una razonable estrategia de cooperación exige capacidad innovadora, liderazgo constructivo y rendición de cuentas. Existe un conflicto real con Gran Bretaña que debe resolverse: los problemas territoriales que se prolongan sólo se degradan. Varios actores internos, externos y transnacionales pueden ganar más con la perpetuación de las fricciones y la repetición de ciclos de tensión.
Sin embargo, a la inmensa mayoría de las partes envueltas en esta disputa irresuelta les iría mejor si hubiese mejor comunicación, más distensión y mayor negociación. Como la cooperación resulta de una elección propia y de unas circunstancias propicias, la Argentina debe escoger, diseñar e implementar una estrategia cooperativa.
El desminado definitivo de las islas Malvinas sería una buena prueba de que ese será el largo camino que transitará nuestro Estado y la sociedad civil.
Publicado en el diario Clarín el día 30 de marzo de 2010.
29 de marzo de 2010
ANTES DEL FALLO DE LA CORTE INTERNACIONAL DE LA HAYA
La Argentina y Uruguay frente a una oportunidad*
Hace tres años que la relación entre la Argentina y Uruguay se encuentra dañada. La instalación de una planta procesadora de celulosa en Fray Bentos fue el disparador de un conflicto en el que fracasaron los intentos bilaterales de resolución. La Argentina decidió en consecuencia llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, posibilidad contemplada en el Artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Con esta decisión, el Ejecutivo requería de una instancia distinta a las dos partes, legítima en su razón de ser y práctica para dirimir una controversia que no pudo resolver a través de un diálogo directo. La decisión significó asimismo el compromiso de atenerse a lo allí dispuesto, cualquiera fuera su contenido.
Todo indica que en breve se conocerá el fallo definitivo de la Corte. De observarse y compararse los fallos de La Haya en los últimos lustros es de esperar una decisión equilibrada y justa. Con posterioridad, la Argentina y Uruguay deberían evitar a toda costa interpretar el fallo en términos de "ganadores y perdedores", como seguramente pretenderán que lo hagan estrechos intereses sectoriales o particulares. Un fallo de la Corte de La Haya no puede equipararse con un partido de fútbol. Es, en esencia, el modo de saldar jurídicamente una diferencia mediante argumentos razonados y sentencias con arreglo a derecho.
El fallo de La Haya será sin duda un punto de inflexión. Por un lado, ambos países tendrán nuevamente una oportunidad para restituir el diálogo y coordinar los pasos necesarios para su acatamiento. Por otro lado, sabemos, ello no será la solución del conflicto. Ningún fallo de tan alta jerarquía internacional resuelve, per se, un conflicto. Un fallo no es, en sí mismo, el final de un problema; es el cierre de un proceso de argumentos y razones jurídicas encontradas entre dos partes. Pero también es el empujón necesario para que, ateniéndose a su resultado, esas dos partes resuelvan políticamente sus diferencias. Por ello, hay que darle una muy positiva bienvenida al fallo en ciernes. Brinda una alternativa plenamente legítima para clausurar una disputa jurídica y abre las compuertas a una franca resolución política de una controversia.
La Argentina y Uruguay deberán hacer un esfuerzo diplomático sustantivo para comenzar seria y decisivamente a resolver el conflicto existente. Los argentinos y uruguayos hemos perdido ya mucho tiempo valioso. Un capítulo tormentoso--algunos dirán tortuoso por lo que se hizo a cada lado del Río de la Plata--está próximo a terminarse. Otro más creativo y exigente está ad portas de iniciarse. En esa dirección, mientras esperamos el fallo, la Argentina y Uruguay deberían comenzar a diseñar mecanismos de monitoreo conjunto que sienten las bases de una cooperación fructífera basada en la confianza, la transparencia y la creencia de que en materia ambiental las ganancias y las pérdidas siempre serán compartidas. Asimismo, ambos países deberían dar inicio a conversaciones enderezadas a la actualización del Estatuto del Río Uruguay, cuya obsolescencia quedó patentemente demostrada en el presente conflicto. Es necesario además dar pasos hacia una política ambiental consensuada en el ámbito del MERCOSUR.
Conocida la decisión de la Corte, les quedará al gobierno y a la sociedad una doble tarea. El Ejecutivo, encargado de las relaciones exteriores del país, deberá ceñirse al fallo e impulsar a la ciudadanía a un acatamiento del mismo. La sociedad, por su parte, deberá acompañar al gobierno a encontrar una salida política definitiva al problema bilateral y facilitar que esa solución sea ponderada, viable y permanente.
Sabemos que la solución no será fácil ni inmediata y que un abordaje serio, responsable y coherente demandará medidas de corto, mediano y largo plazo. Pero la novedad del fallo, más allá de su contenido concreto, es que ahora los argentinos y los uruguayos no tendremos otra opción que el diálogo y la negociación bilateral para establecer una hoja de ruta con los pasos a seguir. La Argentina y Uruguay estarán pronto frente a una oportunidad. Llegó la hora de conjugar definitivamente las capacidades técnicas de ambos estados, la buena voluntad de los gobiernos y los lazos de hermandad que unen a nuestros pueblos.
Firmas:
Eduardo Amadeo, Patricia Bullrich, Juan Manuel Casella, Mario Feliz, Alieto Guadagni, Fernando Iglesias, Héctor Mendez, Federico Pinedo, Carlos Reboratti, Marcelo Stubrin, Ariel Umpiérrez, Marta Velarde
Por el Club Político Argentino:
Henoch Aguiar, Antonio Camou, Marcelo Cavarozzi, Graciela Fernández Meijide, Roberto Guareschi, Federico Merke, Daniel Muchnik, Carlos Mundt, Marcos Novaro, Guillermo O’Donnell, María Matilde Ollier, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Guillermo Rozenwurcel, Juan Gabriel Tokatlian
*El presente texto es resultado de una reunión organizada por el Club Político Argentino el 8 de marzo de 2010 con los arriba firmantes.
Hace tres años que la relación entre la Argentina y Uruguay se encuentra dañada. La instalación de una planta procesadora de celulosa en Fray Bentos fue el disparador de un conflicto en el que fracasaron los intentos bilaterales de resolución. La Argentina decidió en consecuencia llevar el diferendo a la Corte Internacional de Justicia de La Haya, posibilidad contemplada en el Artículo 60 del Estatuto del Río Uruguay de 1975. Con esta decisión, el Ejecutivo requería de una instancia distinta a las dos partes, legítima en su razón de ser y práctica para dirimir una controversia que no pudo resolver a través de un diálogo directo. La decisión significó asimismo el compromiso de atenerse a lo allí dispuesto, cualquiera fuera su contenido.
Todo indica que en breve se conocerá el fallo definitivo de la Corte. De observarse y compararse los fallos de La Haya en los últimos lustros es de esperar una decisión equilibrada y justa. Con posterioridad, la Argentina y Uruguay deberían evitar a toda costa interpretar el fallo en términos de "ganadores y perdedores", como seguramente pretenderán que lo hagan estrechos intereses sectoriales o particulares. Un fallo de la Corte de La Haya no puede equipararse con un partido de fútbol. Es, en esencia, el modo de saldar jurídicamente una diferencia mediante argumentos razonados y sentencias con arreglo a derecho.
El fallo de La Haya será sin duda un punto de inflexión. Por un lado, ambos países tendrán nuevamente una oportunidad para restituir el diálogo y coordinar los pasos necesarios para su acatamiento. Por otro lado, sabemos, ello no será la solución del conflicto. Ningún fallo de tan alta jerarquía internacional resuelve, per se, un conflicto. Un fallo no es, en sí mismo, el final de un problema; es el cierre de un proceso de argumentos y razones jurídicas encontradas entre dos partes. Pero también es el empujón necesario para que, ateniéndose a su resultado, esas dos partes resuelvan políticamente sus diferencias. Por ello, hay que darle una muy positiva bienvenida al fallo en ciernes. Brinda una alternativa plenamente legítima para clausurar una disputa jurídica y abre las compuertas a una franca resolución política de una controversia.
La Argentina y Uruguay deberán hacer un esfuerzo diplomático sustantivo para comenzar seria y decisivamente a resolver el conflicto existente. Los argentinos y uruguayos hemos perdido ya mucho tiempo valioso. Un capítulo tormentoso--algunos dirán tortuoso por lo que se hizo a cada lado del Río de la Plata--está próximo a terminarse. Otro más creativo y exigente está ad portas de iniciarse. En esa dirección, mientras esperamos el fallo, la Argentina y Uruguay deberían comenzar a diseñar mecanismos de monitoreo conjunto que sienten las bases de una cooperación fructífera basada en la confianza, la transparencia y la creencia de que en materia ambiental las ganancias y las pérdidas siempre serán compartidas. Asimismo, ambos países deberían dar inicio a conversaciones enderezadas a la actualización del Estatuto del Río Uruguay, cuya obsolescencia quedó patentemente demostrada en el presente conflicto. Es necesario además dar pasos hacia una política ambiental consensuada en el ámbito del MERCOSUR.
Conocida la decisión de la Corte, les quedará al gobierno y a la sociedad una doble tarea. El Ejecutivo, encargado de las relaciones exteriores del país, deberá ceñirse al fallo e impulsar a la ciudadanía a un acatamiento del mismo. La sociedad, por su parte, deberá acompañar al gobierno a encontrar una salida política definitiva al problema bilateral y facilitar que esa solución sea ponderada, viable y permanente.
Sabemos que la solución no será fácil ni inmediata y que un abordaje serio, responsable y coherente demandará medidas de corto, mediano y largo plazo. Pero la novedad del fallo, más allá de su contenido concreto, es que ahora los argentinos y los uruguayos no tendremos otra opción que el diálogo y la negociación bilateral para establecer una hoja de ruta con los pasos a seguir. La Argentina y Uruguay estarán pronto frente a una oportunidad. Llegó la hora de conjugar definitivamente las capacidades técnicas de ambos estados, la buena voluntad de los gobiernos y los lazos de hermandad que unen a nuestros pueblos.
Firmas:
Eduardo Amadeo, Patricia Bullrich, Juan Manuel Casella, Mario Feliz, Alieto Guadagni, Fernando Iglesias, Héctor Mendez, Federico Pinedo, Carlos Reboratti, Marcelo Stubrin, Ariel Umpiérrez, Marta Velarde
Por el Club Político Argentino:
Henoch Aguiar, Antonio Camou, Marcelo Cavarozzi, Graciela Fernández Meijide, Roberto Guareschi, Federico Merke, Daniel Muchnik, Carlos Mundt, Marcos Novaro, Guillermo O’Donnell, María Matilde Ollier, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Guillermo Rozenwurcel, Juan Gabriel Tokatlian
*El presente texto es resultado de una reunión organizada por el Club Político Argentino el 8 de marzo de 2010 con los arriba firmantes.
AÑORO SU SONRISA, SUS ARREBATOS DE GALLEGO
Por Graciela Fernández Meijide
A mi edad siempre se dice: “¿Un año ya? ¡Qué rápido pasó!” ¿Se lo extraña a Raúl Alfonsín? Vaya si se lo extraña.
Cuando lo conocí en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en 1977, me pareció un hombre afable, sencillo, cálido, nada más opuesto a la imagen que, en mi inexperiencia, había construido con respecto a los personajes de la política: a todos los suponía distantes, con talante y porte importantes.
Extraño su sonrisa, sus arrebatos de gallego enojado, la atención que prestaba a cuanto se le dijese así viniera de una novata en las lides en las que él se movía desde los 18 años.
Extraño al hombre que aspiraba al poder pero que si su ética se le exigía, no se detenía en el cálculo de las dificultades. Al enfrentarse con los métodos terroristas de la dictadura, desde la lucha en defensa de los derechos humanos ¿qué podían capitalizar en la construcción de su futuro político, los pocos hombres y mujeres que venían de ese campo? Por el contrario, todo podían medirlo a pura pérdida, a puro riesgo hasta de la vida o la libertad.
Creo que todos extrañamos al Alfonsín que además de coraje tuvo visión cuando, ante la invasión ordenada por Galtieri a las Malvinas, tras alguna duda provocada por la legitimidad de la causa, comprendió que se iba hacia una derrota segura que pondría en riesgo las demandas por el derecho de la Argentina sobre las islas y, más grave aún, acarrearía más pérdidas de vidas jóvenes.
Se extraña al Alfonsín que podía mirar más lejos que el acaecer cotidiano y reconocer en 1983 que el tema de los derechos humanos exigiría un lugar en la nueva agenda de la democracia y por lo tanto en la campaña electoral que se avecinaba. Al Alfonsín que, consciente de la debilidad institucional que aquejaba al país, prometió con el recitado del Preámbulo de la Constitución la vigencia de una democracia republicana. Al que lanzó la consigna: “Somos la Vida”, a una sociedad harta de ilegalidad y de muerte con la que tomó además el auténtico compromiso de investigar y castigar los crímenes del terrorismo de estado.
Nos está faltando el Alfonsín que sabía que gobernar un país en paz, impone la enorme, ardua tarea de buscar cada día consensos y no la imposición a las minorías de una mayoría circunstancial sorda y despreciativa de las discrepancias. A aquel que jamás confundió hacer política con desplegar una exitosa campaña publicitaria. A ese Alfonsín al que nunca oí tratar descomedidamente a ninguno de sus adversarios; al que enfrentó desde la tribuna pública y desde las instituciones del Estado a los opositores más encarnizados sin sentirse, ante cada revés, objetivo de una conspiración.
Al que, tras el fracaso de la Alianza, en medio del “que se vayan todos”, salió a la calle como un ciudadano más. En esa época, reunidos en su escritorio, me contó cómo un individuo, desde un grupo de exaltados que lo rodeó, le había gritado ¡ladrón! Indignado aún al recordarlo, me dijo: “aguanto cualquier cosa, menos que me griten ladrón” Agregó que había pegado una trompada y, con sonrisa pícara, me confesó que todavía le dolían los nudillos y las costillas por el codazo recibido como respuesta.
Extraño al Alfonsín que construyó poder impulsado por la vocación de servicio a sus conciudadanos para los que siempre se preocupó por tener ojos y oídos para ver y escuchar. Al que ni se le hubiera ocurrido utilizar las ventajas que el poder ofrece para su beneficio personal.
Me hace falta, creo que nos hace falta, el político cabal, querido y respetado por buena parte de esta sociedad: nuestro amigo Raúl Alfonsín.
Publicado en el diario Clarín el día 28 de marzo de 2010.
A mi edad siempre se dice: “¿Un año ya? ¡Qué rápido pasó!” ¿Se lo extraña a Raúl Alfonsín? Vaya si se lo extraña.
Cuando lo conocí en la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, en 1977, me pareció un hombre afable, sencillo, cálido, nada más opuesto a la imagen que, en mi inexperiencia, había construido con respecto a los personajes de la política: a todos los suponía distantes, con talante y porte importantes.
Extraño su sonrisa, sus arrebatos de gallego enojado, la atención que prestaba a cuanto se le dijese así viniera de una novata en las lides en las que él se movía desde los 18 años.
Extraño al hombre que aspiraba al poder pero que si su ética se le exigía, no se detenía en el cálculo de las dificultades. Al enfrentarse con los métodos terroristas de la dictadura, desde la lucha en defensa de los derechos humanos ¿qué podían capitalizar en la construcción de su futuro político, los pocos hombres y mujeres que venían de ese campo? Por el contrario, todo podían medirlo a pura pérdida, a puro riesgo hasta de la vida o la libertad.
Creo que todos extrañamos al Alfonsín que además de coraje tuvo visión cuando, ante la invasión ordenada por Galtieri a las Malvinas, tras alguna duda provocada por la legitimidad de la causa, comprendió que se iba hacia una derrota segura que pondría en riesgo las demandas por el derecho de la Argentina sobre las islas y, más grave aún, acarrearía más pérdidas de vidas jóvenes.
Se extraña al Alfonsín que podía mirar más lejos que el acaecer cotidiano y reconocer en 1983 que el tema de los derechos humanos exigiría un lugar en la nueva agenda de la democracia y por lo tanto en la campaña electoral que se avecinaba. Al Alfonsín que, consciente de la debilidad institucional que aquejaba al país, prometió con el recitado del Preámbulo de la Constitución la vigencia de una democracia republicana. Al que lanzó la consigna: “Somos la Vida”, a una sociedad harta de ilegalidad y de muerte con la que tomó además el auténtico compromiso de investigar y castigar los crímenes del terrorismo de estado.
Nos está faltando el Alfonsín que sabía que gobernar un país en paz, impone la enorme, ardua tarea de buscar cada día consensos y no la imposición a las minorías de una mayoría circunstancial sorda y despreciativa de las discrepancias. A aquel que jamás confundió hacer política con desplegar una exitosa campaña publicitaria. A ese Alfonsín al que nunca oí tratar descomedidamente a ninguno de sus adversarios; al que enfrentó desde la tribuna pública y desde las instituciones del Estado a los opositores más encarnizados sin sentirse, ante cada revés, objetivo de una conspiración.
Al que, tras el fracaso de la Alianza, en medio del “que se vayan todos”, salió a la calle como un ciudadano más. En esa época, reunidos en su escritorio, me contó cómo un individuo, desde un grupo de exaltados que lo rodeó, le había gritado ¡ladrón! Indignado aún al recordarlo, me dijo: “aguanto cualquier cosa, menos que me griten ladrón” Agregó que había pegado una trompada y, con sonrisa pícara, me confesó que todavía le dolían los nudillos y las costillas por el codazo recibido como respuesta.
Extraño al Alfonsín que construyó poder impulsado por la vocación de servicio a sus conciudadanos para los que siempre se preocupó por tener ojos y oídos para ver y escuchar. Al que ni se le hubiera ocurrido utilizar las ventajas que el poder ofrece para su beneficio personal.
Me hace falta, creo que nos hace falta, el político cabal, querido y respetado por buena parte de esta sociedad: nuestro amigo Raúl Alfonsín.
Publicado en el diario Clarín el día 28 de marzo de 2010.
24 de marzo de 2010
NO HAY JUDICIALIZACIÓN, HAY CHICANAS
Por Marcelo Cavarozzi*
No debemos errar en el diagnóstico de las recientes disputas en torno a la legalidad de las medidas del Poder Ejecutivo Nacional y de las apelaciones del oficialismo y de las oposiciones a que los tribunales decidan acerca de las confrontaciones en el Congreso.
No se trata de un proceso de judicialización de la política, sino de chicaneos políticos. La judicialización de la política es un fenómeno de largo plazo como el que se produjo en Italia con el ascenso del movimiento de Manos Limpias, una de cuyas características es la producción de cambios significativos y estables de las relaciones de fuerza entre los poderes del Estado.
En cambio, lo que estamos atravesando en la Argentina es una coyuntura que, probablemente, se extienda hasta las elecciones de 2011, en la cual la Presidencia de la Nación recurre de modo permanente a iniciativas con las cuales pretende, y a menudo lo logra, cambiar los ejes de los debates políticos, o dicho de otro modo, de la agenda pública.
Esto se refleja especialmente en lo que hace a cómo los medios recogen y amplifican las peleas -es sabido que la espectacularidad y las groserías venden bien-, y de tal modo, la prensa oral y escrita contribuye a definir cuáles son aquellos ejes.
Esa estrategia es muy inteligente desde la perspectiva de una presidencia que se encuentra a la defensiva, e incluso a la deriva, en varios planos de la realidad, especialmente en el manejo de las variables económicas.
Por supuesto que, hasta ahora, ha contado para ello con la complicidad no deliberada de las oposiciones partidarias. Aun en los casos que estas oposiciones ganan algunas batallas, lo hacen en los terrenos que define el Poder Ejecutivo.
En las últimas semanas, uno de esos terrenos ha sido el de los litigios planteados en los ámbitos judiciales, un terreno de por sí cenagoso, dados los múltiples mecanismos a través de los cuales el Ejecutivo puede influir en él.
No resulta aventurado pronosticar que los terrenos de litigio, y las cuestiones que supuestamente se dirimen en ellos, irán variando en los próximos meses.
En ese sentido, la variabilidad y la fugacidad de cuestiones y terrenos se alimentan de la fragilidad de los usos y costumbres de la política argentina y, a su vez, realimentan ese fenómeno.
El desafío, por lo tanto, que se les plantea a las oposiciones partidarias es hacer exactamente lo contrario que el Poder Ejecutivo.
Si éste, como es previsible, continuara "embarrando la cancha", de lo que se trata para ganar el partido, es de esforzarse en secarla y pintar las líneas de cal, y hacerlo cuantas veces haga falta.
Y para ello la tarea es simple de enumerar, pero ciertamente difícil de llevar a cabo.
Se requiere plantear en los diferentes espacios públicos propuestas creíbles de solución a las tres grandes cuestiones que afectan a la Argentina contemporánea y que están íntimamente vinculadas entre sí: la inflación y la pobreza; la inseguridad y el orden público, y las relaciones fiscales entre Nación y provincias. Y machacar con ellas desde aquí hasta las elecciones.
*El autor es decano de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSaM.
Publicado en el diario La Nación el 22 de marzo de 2010.
No debemos errar en el diagnóstico de las recientes disputas en torno a la legalidad de las medidas del Poder Ejecutivo Nacional y de las apelaciones del oficialismo y de las oposiciones a que los tribunales decidan acerca de las confrontaciones en el Congreso.
No se trata de un proceso de judicialización de la política, sino de chicaneos políticos. La judicialización de la política es un fenómeno de largo plazo como el que se produjo en Italia con el ascenso del movimiento de Manos Limpias, una de cuyas características es la producción de cambios significativos y estables de las relaciones de fuerza entre los poderes del Estado.
En cambio, lo que estamos atravesando en la Argentina es una coyuntura que, probablemente, se extienda hasta las elecciones de 2011, en la cual la Presidencia de la Nación recurre de modo permanente a iniciativas con las cuales pretende, y a menudo lo logra, cambiar los ejes de los debates políticos, o dicho de otro modo, de la agenda pública.
Esto se refleja especialmente en lo que hace a cómo los medios recogen y amplifican las peleas -es sabido que la espectacularidad y las groserías venden bien-, y de tal modo, la prensa oral y escrita contribuye a definir cuáles son aquellos ejes.
Esa estrategia es muy inteligente desde la perspectiva de una presidencia que se encuentra a la defensiva, e incluso a la deriva, en varios planos de la realidad, especialmente en el manejo de las variables económicas.
Por supuesto que, hasta ahora, ha contado para ello con la complicidad no deliberada de las oposiciones partidarias. Aun en los casos que estas oposiciones ganan algunas batallas, lo hacen en los terrenos que define el Poder Ejecutivo.
En las últimas semanas, uno de esos terrenos ha sido el de los litigios planteados en los ámbitos judiciales, un terreno de por sí cenagoso, dados los múltiples mecanismos a través de los cuales el Ejecutivo puede influir en él.
No resulta aventurado pronosticar que los terrenos de litigio, y las cuestiones que supuestamente se dirimen en ellos, irán variando en los próximos meses.
En ese sentido, la variabilidad y la fugacidad de cuestiones y terrenos se alimentan de la fragilidad de los usos y costumbres de la política argentina y, a su vez, realimentan ese fenómeno.
El desafío, por lo tanto, que se les plantea a las oposiciones partidarias es hacer exactamente lo contrario que el Poder Ejecutivo.
Si éste, como es previsible, continuara "embarrando la cancha", de lo que se trata para ganar el partido, es de esforzarse en secarla y pintar las líneas de cal, y hacerlo cuantas veces haga falta.
Y para ello la tarea es simple de enumerar, pero ciertamente difícil de llevar a cabo.
Se requiere plantear en los diferentes espacios públicos propuestas creíbles de solución a las tres grandes cuestiones que afectan a la Argentina contemporánea y que están íntimamente vinculadas entre sí: la inflación y la pobreza; la inseguridad y el orden público, y las relaciones fiscales entre Nación y provincias. Y machacar con ellas desde aquí hasta las elecciones.
*El autor es decano de la Escuela de Política y Gobierno de la UNSaM.
Publicado en el diario La Nación el 22 de marzo de 2010.
22 de marzo de 2010
Vicepresidencia y degradación institucional: respuesta a Henoch Aguiar
Por Marcelo Nazareno
El artículo de Henoch Aguiar “La vicepresidencia plantea sólo un conflicto político”, una respuesta a otro mío previo, toca algunas cuestiones sensibles respecto a la relación entre marcos institucionales y el sistema democrático representativo (más adelante quedará claro este énfasis en la naturaleza de nuestro régimen político). Me limitaré aquí a tratar aquellas de sus apreciaciones con las que estoy en desacuerdo.
En primer lugar el título de su artículo. Ciertamente la tensa relación entre la Presidenta y su Vice es un conflicto político. Dediqué buena parte de mi artículo a fundamentar esta idea contra la postura de Cobos que sostiene lo contrario, que su posición es “sólo institucional” y por ende no política, no conflictiva, propiciatoria, en sus palabras, de la construcción de amplios consensos (recientemente sostuvo que no es ni oficialista ni opositor, situándose nuevamente en una especie de limbo libre de toda conflictividad, lo cual, como ya sostuve, no es -no puede ser- cierto). Pero Aguiar sostiene que se trata sólo de un conflicto político sugiriendo que por su naturaleza este conflicto no implica vulneración alguna de las instituciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las instituciones políticas en un sistema democrático tienen como uno de sus principales objetivos regular el conflicto político para darle cierta previsibilidad y para evitar que adopte una intensidad extrema, por lo cual los conflictos que adoptan formas y dinámicas que parecen escapar a esa regulación deben ser mirados con mucho detenimiento (y preocupación). Como dijo Adam Przeworski en su defensa de la perspectiva minimalista (representativa) de la democracia, uno de los principales méritos de este sistema es que su marco institucional básico permite dirimir los conflictos políticos contando votos en lugar de muertos. Hemos contado demasiados muertos ya en la Argentina democrática como para menospreciar conflictos políticos que, como el actual, afectan, según creo, profundamente nada menos que el diseño institucional que regula la cúspide de uno de los poderes del Estado.
En segundo lugar, la cuestión de fondo. Aguiar argumenta que el Presidente y el Vice Presidente tienen dos restricciones a la hora de gobernar: las instituciones y la voluntad de los mandantes tal cual esta voluntad se habría expresado en el acto electoral por el cual fueron elegidos, esto es, como adhesión a un programa de gobierno tal como este se presentó durante la campaña. Como la Presidenta, continúa la argumentación, habría violado ese programa, y con ello la voluntad popular, el Vicepresidente, que se habría mantenido estoicamente fiel a ella, tiene el derecho de convertirse en opositor de su propio gobierno, contrariando, agrego, el espíritu y la letra de la institución vicepresidencial. En palabras de Aguiar, el Vicepresidente “es hoy opositor a una persona, a una manera de hacer política, ciertamente, pero no es opositor al mandato por el cual Cobos fue elegido en el 2007. Menos aún al resultado de las urnas del 2009.”
De las dos restricciones a las que hace mención, es claro que para Aguiar una tiene primacía sobre la otra: la voluntad popular prima sobre las restricciones institucionales (en este caso, las que imponen al Vicepresidente actuar como parte de un gobierno y no de su oposición). De acuerdo con esta idea, cuando el respeto a las instituciones implica que la voluntad popular (reitero, tal cual se expresó en las elecciones pasadas) no será acatada, las instituciones se pueden vulnerar, esto es, en el caso que nos ocupa, es aceptable (incluso recomendable) que un vicepresidente actúe como opositor al gobierno del que forma parte.
Este argumento es para mí insostenible, en tanto implica una interpretación de las implicancias políticas de la voluntad popular que entra en abierta contradicción con los principios básicos de la democracia representativa y constitucional, el régimen político que tiene nuestro país en función de los marcos institucionales vigentes. Si hay algo que caracteriza a este tipo de democracia es que no sólo impone restricciones a los gobernantes, sino que también las impone a los mandantes, esto es, a la voluntad popular, tanto en sus modos y tiempos de expresión como en sus contenidos. Usando la feliz expresión de Guillermo O´Donnell, este régimen es una “apuesta institucionalizada” cuyo contenido sustantivo consiste en la universalización del derecho a elegir y ser elegidos en elecciones limpias bajo el riesgo -que debe ser aceptado en tanto impuesto por el sistema legal- de que las elecciones sean erradas. Esta apuesta institucionalizada “no depende -remarca O´Donnell- de las preferencias de los individuos, ni de la agregación de sus preferencias, ni de algún mítico contrato social o proceso deliberativo [sino que está] sustentada en el poder coactivo del estado”. La primera y fundamental restricción que el orden democrático impone sobre la voluntad popular es que esta no puede trastocar los principios institucionales básicos del aquel orden (no puede, por ejemplo, optar por la incorporación de elementos fascistas en el ordenamiento político). Yendo más específicamente a la cuestión electoral, otra de las tantas restricciones a la voluntad popular consiste en uno de los que Manin llama “principios del gobierno representativo”, cual es el de que los gobernantes conservan, después de elegidos, algún grado de independencia respecto de los deseos del electorado. El modo más claro en que esta independencia se manifiesta en los sistemas democráticos es la ausencia de mecanismos revocatorios automáticos por lo que podríamos llamar “incumplimiento de los programas de gobierno”. No es el lugar aquí para ocuparnos de la amplia discusión -estimulada por la experiencia latinoamericana donde la falta de cumplimiento programático ha sido muy extendida durante los noventa- ha suscitado esta autonomía de los representantes. Si parece bueno repasar al menos cuatro (al menos atendibles) razones que están detrás de la falta de sanción institucionalizada de la revocación automática (que hasta donde sé no existe en ningún país democrático): 1) el gobierno podría haber intentado cumplir con su programa pero no pudo hacerlo por razones ajenas a su voluntad; 2) las condiciones pueden haber cambiado de modo tal que el gobierno cree que el cumplimiento de su programa provocará más daños que beneficios a los ciudadanos; 3) el gobierno accede a información que le hace ver la conveniencia social de modificar (al menos parcialmente) su programa; 4) los programas de gobierno son multidimensionales, por lo cual a la hora de decidir su revocación automática debería tomarse la decisión previa (¿quién la tomaría?) en términos de cual incumplimiento programático tomar en cuanta como decisivo frente a otras cuestiones en las que el gobierno si pudiera haber cumplido, o si se efectuará la revocatoria por mínimo que sea el incumplimiento del programa. En resumen, atar a un gobierno a un cumplimiento estricto de su programa dotaría al sistema de tal rigidez que podría derivar en enormes perjuicios sociales.
Sea cual fuere la validez de estas razones, está claro que en el sistema democrático representativo la voluntad popular no puede ser un argumento para avalar conductas anti o contra institucionales, incluso cuando esta voluntad popular fuera sincrónica con la institución que se pretende vulnerar y tuviéramos métodos, que no los tenemos, para registrarla verazmente por fuera de cómo se expresa en los actos eleccionarios regulados institucionalmente. Menos aún es aceptable tal vulneración institucional por apelación a la supuesta violación de una voluntad popular tal cual se expresó electoralmente en el pasado. Y esto último por dos razones: porque nuestro sistema no reconoce la revocación por incumplimiento programático, como vimos, y porque -tan importante como lo anterior en un país tan acostumbrado a apelaciones arbitrarias y autoritarias de la voluntad del pueblo- la existencia, grado y gravedad de la violación de la voluntad popular no puede dejarse al arbitrio de la libre interpretación de sólo una parte de la comunidad política, aún cuando en esta parte esté incluido el mismo Vicepresidente (o la Presidenta) de la nación.
Es sólo el pueblo, expresando libremente su voluntad a través del voto en elecciones libres el que hará la evaluación correspondiente, en el momento establecido por la ley, sobre la calidad del desempeño gubernamental -o, para usar el término de Aguiar, cuan derruido está (o no) nuestro país- y su consiguiente continuidad o reemplazo. Hasta ese momento, y contrariamente a lo que sostiene Aguiar, las restricciones institucionales tiene prioridad sobre la voluntad popular.
Por cierto que la democracia representativa tiene muchísimas falencias y, como señala también O´Donell, presenta una serie de inconsistencias en su definición elitista y formal más estrecha que denuncian la imposibilidad de pensarla sin hacer referencia -problematizando todo el esquema- a contenidos más sustantivos. Parte de esas falencias y las consiguientes crisis de representación han terminado por generar la incorporación en nuestros sistemas de institutos de democracia semidirecta.
En esta línea, y atendiendo a los problemas de legitimidad del mandato presidencial que recurrentemente generan las características que asumió de un tiempo a esta parte la dinámica del juego político en nuestro país, parece adecuado pensar cambios institucionales que den cuenta de esa realidad otorgando a la voluntad popular espacios más amplios para convertirse en “juez de última instancia”. La introducción de la revocatoria presidencial en alguna de sus versiones institucionales puede ayudar a que no surjan intentos de salidas anti o contrainstitucionales -fundados en interpretaciones “libres” de la voluntad popular- a los conflictos que por una u otra razón se articulan en torno a la legitimidad de la cabeza del Ejecutivo.
Para terminar, acuerdo con Aguiar en que la situación del Vicepresidente es un emergente de una situación político institucional cuyos orígenes creo que se remontan a las características del federalismo político argentino. De hecho es esto lo que he sostenido en el artículo al que Aguiar hace referencia. Pero eso no lo hace menos importante y grave. Como muestra el análisis político, en numerosas oportunidades los emergentes introducen importantes condicionamientos sobre los procesos políticos subsiguientes. Las ya para nada disimuladas discusiones internas en el principal partido de la oposición y entre este y otras fuerzas políticas opositoras sobre la situación del Vicepresidente, son un elemento -entre otros- que me parece deben tenerse en cuenta a la hora de juzgar lo irrelevante, según sugiere Aguiar, que podría ser el tema en relación a otros como parte de una agenda de discusión que apunte a mejorar la calidad democrática de nuestro país.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
El artículo de Henoch Aguiar “La vicepresidencia plantea sólo un conflicto político”, una respuesta a otro mío previo, toca algunas cuestiones sensibles respecto a la relación entre marcos institucionales y el sistema democrático representativo (más adelante quedará claro este énfasis en la naturaleza de nuestro régimen político). Me limitaré aquí a tratar aquellas de sus apreciaciones con las que estoy en desacuerdo.
En primer lugar el título de su artículo. Ciertamente la tensa relación entre la Presidenta y su Vice es un conflicto político. Dediqué buena parte de mi artículo a fundamentar esta idea contra la postura de Cobos que sostiene lo contrario, que su posición es “sólo institucional” y por ende no política, no conflictiva, propiciatoria, en sus palabras, de la construcción de amplios consensos (recientemente sostuvo que no es ni oficialista ni opositor, situándose nuevamente en una especie de limbo libre de toda conflictividad, lo cual, como ya sostuve, no es -no puede ser- cierto). Pero Aguiar sostiene que se trata sólo de un conflicto político sugiriendo que por su naturaleza este conflicto no implica vulneración alguna de las instituciones. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que las instituciones políticas en un sistema democrático tienen como uno de sus principales objetivos regular el conflicto político para darle cierta previsibilidad y para evitar que adopte una intensidad extrema, por lo cual los conflictos que adoptan formas y dinámicas que parecen escapar a esa regulación deben ser mirados con mucho detenimiento (y preocupación). Como dijo Adam Przeworski en su defensa de la perspectiva minimalista (representativa) de la democracia, uno de los principales méritos de este sistema es que su marco institucional básico permite dirimir los conflictos políticos contando votos en lugar de muertos. Hemos contado demasiados muertos ya en la Argentina democrática como para menospreciar conflictos políticos que, como el actual, afectan, según creo, profundamente nada menos que el diseño institucional que regula la cúspide de uno de los poderes del Estado.
En segundo lugar, la cuestión de fondo. Aguiar argumenta que el Presidente y el Vice Presidente tienen dos restricciones a la hora de gobernar: las instituciones y la voluntad de los mandantes tal cual esta voluntad se habría expresado en el acto electoral por el cual fueron elegidos, esto es, como adhesión a un programa de gobierno tal como este se presentó durante la campaña. Como la Presidenta, continúa la argumentación, habría violado ese programa, y con ello la voluntad popular, el Vicepresidente, que se habría mantenido estoicamente fiel a ella, tiene el derecho de convertirse en opositor de su propio gobierno, contrariando, agrego, el espíritu y la letra de la institución vicepresidencial. En palabras de Aguiar, el Vicepresidente “es hoy opositor a una persona, a una manera de hacer política, ciertamente, pero no es opositor al mandato por el cual Cobos fue elegido en el 2007. Menos aún al resultado de las urnas del 2009.”
De las dos restricciones a las que hace mención, es claro que para Aguiar una tiene primacía sobre la otra: la voluntad popular prima sobre las restricciones institucionales (en este caso, las que imponen al Vicepresidente actuar como parte de un gobierno y no de su oposición). De acuerdo con esta idea, cuando el respeto a las instituciones implica que la voluntad popular (reitero, tal cual se expresó en las elecciones pasadas) no será acatada, las instituciones se pueden vulnerar, esto es, en el caso que nos ocupa, es aceptable (incluso recomendable) que un vicepresidente actúe como opositor al gobierno del que forma parte.
Este argumento es para mí insostenible, en tanto implica una interpretación de las implicancias políticas de la voluntad popular que entra en abierta contradicción con los principios básicos de la democracia representativa y constitucional, el régimen político que tiene nuestro país en función de los marcos institucionales vigentes. Si hay algo que caracteriza a este tipo de democracia es que no sólo impone restricciones a los gobernantes, sino que también las impone a los mandantes, esto es, a la voluntad popular, tanto en sus modos y tiempos de expresión como en sus contenidos. Usando la feliz expresión de Guillermo O´Donnell, este régimen es una “apuesta institucionalizada” cuyo contenido sustantivo consiste en la universalización del derecho a elegir y ser elegidos en elecciones limpias bajo el riesgo -que debe ser aceptado en tanto impuesto por el sistema legal- de que las elecciones sean erradas. Esta apuesta institucionalizada “no depende -remarca O´Donnell- de las preferencias de los individuos, ni de la agregación de sus preferencias, ni de algún mítico contrato social o proceso deliberativo [sino que está] sustentada en el poder coactivo del estado”. La primera y fundamental restricción que el orden democrático impone sobre la voluntad popular es que esta no puede trastocar los principios institucionales básicos del aquel orden (no puede, por ejemplo, optar por la incorporación de elementos fascistas en el ordenamiento político). Yendo más específicamente a la cuestión electoral, otra de las tantas restricciones a la voluntad popular consiste en uno de los que Manin llama “principios del gobierno representativo”, cual es el de que los gobernantes conservan, después de elegidos, algún grado de independencia respecto de los deseos del electorado. El modo más claro en que esta independencia se manifiesta en los sistemas democráticos es la ausencia de mecanismos revocatorios automáticos por lo que podríamos llamar “incumplimiento de los programas de gobierno”. No es el lugar aquí para ocuparnos de la amplia discusión -estimulada por la experiencia latinoamericana donde la falta de cumplimiento programático ha sido muy extendida durante los noventa- ha suscitado esta autonomía de los representantes. Si parece bueno repasar al menos cuatro (al menos atendibles) razones que están detrás de la falta de sanción institucionalizada de la revocación automática (que hasta donde sé no existe en ningún país democrático): 1) el gobierno podría haber intentado cumplir con su programa pero no pudo hacerlo por razones ajenas a su voluntad; 2) las condiciones pueden haber cambiado de modo tal que el gobierno cree que el cumplimiento de su programa provocará más daños que beneficios a los ciudadanos; 3) el gobierno accede a información que le hace ver la conveniencia social de modificar (al menos parcialmente) su programa; 4) los programas de gobierno son multidimensionales, por lo cual a la hora de decidir su revocación automática debería tomarse la decisión previa (¿quién la tomaría?) en términos de cual incumplimiento programático tomar en cuanta como decisivo frente a otras cuestiones en las que el gobierno si pudiera haber cumplido, o si se efectuará la revocatoria por mínimo que sea el incumplimiento del programa. En resumen, atar a un gobierno a un cumplimiento estricto de su programa dotaría al sistema de tal rigidez que podría derivar en enormes perjuicios sociales.
Sea cual fuere la validez de estas razones, está claro que en el sistema democrático representativo la voluntad popular no puede ser un argumento para avalar conductas anti o contra institucionales, incluso cuando esta voluntad popular fuera sincrónica con la institución que se pretende vulnerar y tuviéramos métodos, que no los tenemos, para registrarla verazmente por fuera de cómo se expresa en los actos eleccionarios regulados institucionalmente. Menos aún es aceptable tal vulneración institucional por apelación a la supuesta violación de una voluntad popular tal cual se expresó electoralmente en el pasado. Y esto último por dos razones: porque nuestro sistema no reconoce la revocación por incumplimiento programático, como vimos, y porque -tan importante como lo anterior en un país tan acostumbrado a apelaciones arbitrarias y autoritarias de la voluntad del pueblo- la existencia, grado y gravedad de la violación de la voluntad popular no puede dejarse al arbitrio de la libre interpretación de sólo una parte de la comunidad política, aún cuando en esta parte esté incluido el mismo Vicepresidente (o la Presidenta) de la nación.
Es sólo el pueblo, expresando libremente su voluntad a través del voto en elecciones libres el que hará la evaluación correspondiente, en el momento establecido por la ley, sobre la calidad del desempeño gubernamental -o, para usar el término de Aguiar, cuan derruido está (o no) nuestro país- y su consiguiente continuidad o reemplazo. Hasta ese momento, y contrariamente a lo que sostiene Aguiar, las restricciones institucionales tiene prioridad sobre la voluntad popular.
Por cierto que la democracia representativa tiene muchísimas falencias y, como señala también O´Donell, presenta una serie de inconsistencias en su definición elitista y formal más estrecha que denuncian la imposibilidad de pensarla sin hacer referencia -problematizando todo el esquema- a contenidos más sustantivos. Parte de esas falencias y las consiguientes crisis de representación han terminado por generar la incorporación en nuestros sistemas de institutos de democracia semidirecta.
En esta línea, y atendiendo a los problemas de legitimidad del mandato presidencial que recurrentemente generan las características que asumió de un tiempo a esta parte la dinámica del juego político en nuestro país, parece adecuado pensar cambios institucionales que den cuenta de esa realidad otorgando a la voluntad popular espacios más amplios para convertirse en “juez de última instancia”. La introducción de la revocatoria presidencial en alguna de sus versiones institucionales puede ayudar a que no surjan intentos de salidas anti o contrainstitucionales -fundados en interpretaciones “libres” de la voluntad popular- a los conflictos que por una u otra razón se articulan en torno a la legitimidad de la cabeza del Ejecutivo.
Para terminar, acuerdo con Aguiar en que la situación del Vicepresidente es un emergente de una situación político institucional cuyos orígenes creo que se remontan a las características del federalismo político argentino. De hecho es esto lo que he sostenido en el artículo al que Aguiar hace referencia. Pero eso no lo hace menos importante y grave. Como muestra el análisis político, en numerosas oportunidades los emergentes introducen importantes condicionamientos sobre los procesos políticos subsiguientes. Las ya para nada disimuladas discusiones internas en el principal partido de la oposición y entre este y otras fuerzas políticas opositoras sobre la situación del Vicepresidente, son un elemento -entre otros- que me parece deben tenerse en cuenta a la hora de juzgar lo irrelevante, según sugiere Aguiar, que podría ser el tema en relación a otros como parte de una agenda de discusión que apunte a mejorar la calidad democrática de nuestro país.
Buenos Aires, 22 de marzo de 2010
17 de marzo de 2010
Que la oposición no repita los errores de la Alianza
Por Marcos Novaro
Por qué fracasó la Alianza? Es una pregunta que muchos se hacen hoy en día, Y que muchos más necesitan hacerse para no volver a cometer los errores del pasado. Y esto porque, contra lo que hasta hace muy poco parecía un parámetro irreversible de la política argentina (que "nunca más" habría un presidente radical ni una coalición gobernante que girara en torno al radicalismo) hoy se nos presenta como bastante probable la circunstancia de que esa "historia conocida" se repita, y con ella la oportunidad de que fracase por las mismas causas.
Para evitarlo hay que empezar por saber cuáles fueron. Al respecto hay unos cuantos debates económicos en curso. Pero los más importantes, y los que están más verdes, son los aspectos políticos del problema. Así lo ha revelado en estos días Elisa Carrió: creyendo que daba una buena explicación de los mismos, lo que en verdad hizo fue dar ejemplo de lo fácil que es ser víctima de ellos.
Veamos: su argumento fue que los "malos radicales" están en este momento tomando el control de ese partido, esto es, alejándolo de sus manos, las de Carrió, y que por ese camino terminarán por "repetir lo de la Alianza". Carrió puso en práctica así, tal vez sin saberlo, la misma pauta que imperó casi siempre en la relación entre quienes conducían la coalición UCR-Frepaso: la permanente disposición a "hacerle la interna" a los aliados, debilitar lo más posible su cohesión, para tratar de absorber sus sectores más afines y, finalmente, quedarse con sus bases electorales. En aquella época eso se llamaba "transversalidad".
Y es la misma fórmula que años después utilizaría, aún con más éxito y desenfado, el kirchnerismo para cooptar a los sectores afines de cada fuerza política existente en el convulsionado escenario post 2001. Así Kirchner creó una coalición "progresista" mucho más amplia y consistente que todo lo hasta entonces conocido. Y creyó, igual que antes había creído y ahora volvía a creer Carlos Alvarez, que podría disolver los tradicionales clivajes de la política argentina y reemplazarlos por otros nuevos, más representativos, más productivos, en suma, mejores.
La idea subyacente a esta pretensión es bastante más antigua que esos líderes. Es casi tan vieja como esos mismos partidos que se busca descomponer y recomponer en nuevas formaciones: parte del supuesto (que por cierto no carece de asidero), de que los intereses y las ideologías están mal agrupados dentro de los partidos argentinos (los obreros están con los conservadores, las clases medias acomodadas con los reformistas sociales y cosas por el estilo), y que esa es una causa fundamental de nuestra inestabilidad política. Para tener una mejor política, hay por tanto que empezar por agruparlos "bien", antes de empezar a preocuparse por cuestiones más instrumentales y secundarias, como el Estado, las políticas públicas, y cosas por el estilo.
Si uno pasa revista a nuestra historia reciente, puede ver que todos los gobiernos gastaron buena parte de sus energías en "hacerle la interna" a los otros, incluso a sus aliados. Lo hicieron los radicales frente al peronismo, pero también, como se ha visto con Kirchner, los peronistas con los radicales, e incluso los militares con todos ellos. El resultado siempre fue decepcionante. A fines de los noventa, cuando "pareció" que la ambigüedad peronista había terminado y el PJ ya sólo podría representar intereses e ideas conservadores, muchos radicales y frepasistas creyeron que había llegado el momento de aclarar las cosas, y de formar una gran coalición progresista que absorbiera las banderas distribucionistas y los votos obreros.
Pero visto desde el Frepaso, hacerlo también exigía terminar con la "anomalía" radical, la que permitía que dentro de la coalición habitara un conservador como De la Rúa, y que Menem con sus políticas también había puesto en crisis. En tanto que para los radicales que soñaban todavía con una UCR socialdemócrata la solución era la inversa, reabsorber al progresismo que se había fugado hacia el Frepaso por las propias falencias, para lograr lo que ya había intentado Alfonsín sin éxito en los ochenta, ahora que las circunstancias eran favorables.
Es así como la Alianza se concibió, desde cada uno de los socios, como el camino más corto para arrebatarle al aliado su razón de ser, absorber sus sectores más afines y completar la tarea de "clarificación" que Menem había empezado. Por supuesto, no fue este el único inconveniente que tuvo la Alianza. Pero ayudó bastante a que sus dirigentes ocuparan gran parte de su atención en menesteres facciosos y se debilitara la confianza entre sus partes.
Y es que no existía ninguna predisposición a fortalecer a los aliados, todo lo contrario: el acuerdo se hizo con la inconfesable previsión de que pronto sería irrelevante, porque la contraparte estaría mucho más débil, o directamente habría sido absorbida como porción menor de la propia fuerza. Algo que hemos visto se repitió en la experiencia reciente de la Concertación Plural. Y en alguna medida también ha signado la suerte de la Coalición Cívica: ninguno de ellos ha sido una auténtica coalición entre partidos, son fórmulas transversales orientadas a fusionar a las partes en un magma que luego se verá cómo se institucionaliza.
En suma, si la Alianza fracasó fue al menos en parte por lo mismo que han fracasado otros muchos experimentos políticos que en vez de consolidar las fuerzas políticas existentes apuntan a disolverlas para crear otras nuevas.
Estos experimentos en ocasiones logran hacer lo primero, pero recurrentemente fracasan en su promesa de "barajar y dar de nuevo", reordenar de raíz el sistema de partidos para terminar con la "vieja política".
Tal vez el mejor camino para no repetir los errores de entonces sea crear una verdadera coalición de partidos, fundada en el respeto de la conducción, la organización y las bases políticas de las contrapartes, y dedicarse a esos menesteres que entre nosotros suelen parecer secundarios, como es el desarrollar las mejores políticas públicas que sea posible.
Publicado en el diario Clarín el día 17 de marzo de 2010.
Por qué fracasó la Alianza? Es una pregunta que muchos se hacen hoy en día, Y que muchos más necesitan hacerse para no volver a cometer los errores del pasado. Y esto porque, contra lo que hasta hace muy poco parecía un parámetro irreversible de la política argentina (que "nunca más" habría un presidente radical ni una coalición gobernante que girara en torno al radicalismo) hoy se nos presenta como bastante probable la circunstancia de que esa "historia conocida" se repita, y con ella la oportunidad de que fracase por las mismas causas.
Para evitarlo hay que empezar por saber cuáles fueron. Al respecto hay unos cuantos debates económicos en curso. Pero los más importantes, y los que están más verdes, son los aspectos políticos del problema. Así lo ha revelado en estos días Elisa Carrió: creyendo que daba una buena explicación de los mismos, lo que en verdad hizo fue dar ejemplo de lo fácil que es ser víctima de ellos.
Veamos: su argumento fue que los "malos radicales" están en este momento tomando el control de ese partido, esto es, alejándolo de sus manos, las de Carrió, y que por ese camino terminarán por "repetir lo de la Alianza". Carrió puso en práctica así, tal vez sin saberlo, la misma pauta que imperó casi siempre en la relación entre quienes conducían la coalición UCR-Frepaso: la permanente disposición a "hacerle la interna" a los aliados, debilitar lo más posible su cohesión, para tratar de absorber sus sectores más afines y, finalmente, quedarse con sus bases electorales. En aquella época eso se llamaba "transversalidad".
Y es la misma fórmula que años después utilizaría, aún con más éxito y desenfado, el kirchnerismo para cooptar a los sectores afines de cada fuerza política existente en el convulsionado escenario post 2001. Así Kirchner creó una coalición "progresista" mucho más amplia y consistente que todo lo hasta entonces conocido. Y creyó, igual que antes había creído y ahora volvía a creer Carlos Alvarez, que podría disolver los tradicionales clivajes de la política argentina y reemplazarlos por otros nuevos, más representativos, más productivos, en suma, mejores.
La idea subyacente a esta pretensión es bastante más antigua que esos líderes. Es casi tan vieja como esos mismos partidos que se busca descomponer y recomponer en nuevas formaciones: parte del supuesto (que por cierto no carece de asidero), de que los intereses y las ideologías están mal agrupados dentro de los partidos argentinos (los obreros están con los conservadores, las clases medias acomodadas con los reformistas sociales y cosas por el estilo), y que esa es una causa fundamental de nuestra inestabilidad política. Para tener una mejor política, hay por tanto que empezar por agruparlos "bien", antes de empezar a preocuparse por cuestiones más instrumentales y secundarias, como el Estado, las políticas públicas, y cosas por el estilo.
Si uno pasa revista a nuestra historia reciente, puede ver que todos los gobiernos gastaron buena parte de sus energías en "hacerle la interna" a los otros, incluso a sus aliados. Lo hicieron los radicales frente al peronismo, pero también, como se ha visto con Kirchner, los peronistas con los radicales, e incluso los militares con todos ellos. El resultado siempre fue decepcionante. A fines de los noventa, cuando "pareció" que la ambigüedad peronista había terminado y el PJ ya sólo podría representar intereses e ideas conservadores, muchos radicales y frepasistas creyeron que había llegado el momento de aclarar las cosas, y de formar una gran coalición progresista que absorbiera las banderas distribucionistas y los votos obreros.
Pero visto desde el Frepaso, hacerlo también exigía terminar con la "anomalía" radical, la que permitía que dentro de la coalición habitara un conservador como De la Rúa, y que Menem con sus políticas también había puesto en crisis. En tanto que para los radicales que soñaban todavía con una UCR socialdemócrata la solución era la inversa, reabsorber al progresismo que se había fugado hacia el Frepaso por las propias falencias, para lograr lo que ya había intentado Alfonsín sin éxito en los ochenta, ahora que las circunstancias eran favorables.
Es así como la Alianza se concibió, desde cada uno de los socios, como el camino más corto para arrebatarle al aliado su razón de ser, absorber sus sectores más afines y completar la tarea de "clarificación" que Menem había empezado. Por supuesto, no fue este el único inconveniente que tuvo la Alianza. Pero ayudó bastante a que sus dirigentes ocuparan gran parte de su atención en menesteres facciosos y se debilitara la confianza entre sus partes.
Y es que no existía ninguna predisposición a fortalecer a los aliados, todo lo contrario: el acuerdo se hizo con la inconfesable previsión de que pronto sería irrelevante, porque la contraparte estaría mucho más débil, o directamente habría sido absorbida como porción menor de la propia fuerza. Algo que hemos visto se repitió en la experiencia reciente de la Concertación Plural. Y en alguna medida también ha signado la suerte de la Coalición Cívica: ninguno de ellos ha sido una auténtica coalición entre partidos, son fórmulas transversales orientadas a fusionar a las partes en un magma que luego se verá cómo se institucionaliza.
En suma, si la Alianza fracasó fue al menos en parte por lo mismo que han fracasado otros muchos experimentos políticos que en vez de consolidar las fuerzas políticas existentes apuntan a disolverlas para crear otras nuevas.
Estos experimentos en ocasiones logran hacer lo primero, pero recurrentemente fracasan en su promesa de "barajar y dar de nuevo", reordenar de raíz el sistema de partidos para terminar con la "vieja política".
Tal vez el mejor camino para no repetir los errores de entonces sea crear una verdadera coalición de partidos, fundada en el respeto de la conducción, la organización y las bases políticas de las contrapartes, y dedicarse a esos menesteres que entre nosotros suelen parecer secundarios, como es el desarrollar las mejores políticas públicas que sea posible.
Publicado en el diario Clarín el día 17 de marzo de 2010.
12 de marzo de 2010
La vicepresidencia plantea sólo un conflicto político
Por Henoch Aguiar
El artículo propuesto por Marcelo Nazareno afirma que el actual ejercicio de la vicepresidencia por parte de Cobos manifiesta y provoca el deterioro institucional de la Argentina.
El escrito dice, al inicio del párrafo cuarto: "Las instituciones se degradan cuando los comportamientos políticos que ellas habilitan son contrarios a los comportamientos esperables que motivaron su diseño original". Concuerdo.
Primera pregunta: ¿quién es el autor del “diseño original”? ¿Cuál es la voluntad a respetar? En un sistema democrático, los funcionarios no deben subordinarse a la voluntad personal del Mandatario -término que podríamos reemplazar por "el obligado a cumplir con lo mandado"-, sino la voluntad del Mandante, que son los ciudadanos.
Quien forma parte de un gobierno, como el Vicepresidente, responde al titular del Ejecutivo. Pero no por él en cuanto persona, sino sólo por lo que representa. Un Presidente no manda por derecho propio. No es un capitán que puede llevar el barco hacia cualquier derrotero, o que puede voltear el timón como le venga en gana. El barco no es suyo. La elección del destino tampoco. Que se haga su voluntad sólo es legítimo cuando ésta responde al mandato de quienes lo eligieron para desempeñarse en la Presidencia.
El Primer Mandatario no tiene un derecho absoluto para decidir lo que quiera (concepción del monarca por derecho divino), sino que es el actor político con mayor responsabilidad de cara a la sociedad. Le toca encarnar un mandato para el que ha sido elegido, otorgado por el soberano, el pueblo. Éste es el titular originario y legitimante a respetar en toda democracia.
Un Presidente tiene dos limitaciones a la hora de ejercer el poder que le ha sido delegado, transitoriamente: las institucionales, marcadas por la Constitución, pacto fundamental de convivencia política, y las políticas, que provienen de lo que los electores, sus mandantes, han elegido.
El Primer Servidor Público no tiene por tanto un derecho propio a gobernar, sino que ejerce un derecho intermediario, sólo a fin de cumplir con el mandato del elector, que es el pueblo soberano. Es quien permite, o debe permitir, que se ejerza el derecho de autogobernarse de una sociedad.
Si lo analizamos en mayor profundidad, el mandato no proviene exclusivamente de quienes lo eligieron, sino que emana de, debe dar respuesta a, todos los argentinos que componen nuestra sociedad. No es el Presidente de quienes lo votaron. Es el de todos. Es elegido por unos, pero debe gobernar para todos, con todos.
Primera conclusión: considerando que el poder otorgado al Presidente y al Vicepresidente es siempre un poder delegado, ambos deberían "respetar el mandato otorgado por el soberano".
De ello se deriva que, habiendo obtenido ambas personas el mismo mandato legitimante original, pueden darse hasta tres situaciones diferentes de hecho: las dos personas respetan por igual el mandato: uno sí y otro no; o ninguno de los dos.
Parece claro que estamos en presencia de la segunda o de la tercera alternativa: uno incumple y otro no, o bien ambos lo incumplen.
La ciudadanía que votó en el 2007 lo hizo, en parte entusiasmada por la figura de la Presidenta. Otra buena parte porque se abría el juego político, porque la campaña publicitaria incluía a “Cristina, Cobos y vos”.
Recuerdo un integrador spot que alternaba las voces de Perón, Balbín, Palacios, Illia, Frondizi y Evita, turnándose para afirmar que “la tolerancia desmedida no ayuda a construir” (Balbín), “necesitamos la fuerza de cohesión para formar el alma nacional” (Palacios), “sin distinciones partidarias”, “únanse, sean hoy más hermanos que nunca” (Perón). La emotiva pieza publicitaria concluía con una voz en off: “La concertación quiere decir que cada uno ponga lo mejor que tiene; que lo que falta, lo hacemos entre todos o no lo hace nadie”, … “Cristina con Cobos, el gobierno con la gente”. Se anunciaba así un período presidencial que se abriría a la diversidad política, siendo figura y símbolo de ello el candidato a Vicepresidente. (Cristina K y la concertación. You Tube).
La promesa electoral, en términos políticos, era de apertura. Y en términos institucionales, de mejora. Esa promesa, al ser votada mayoritariamente, se transformó en el mandato de la mayoría electoral.
La crisis entre Presidenta y Vice no sobrevino al instante. Nació como la consecuencia de decisiones políticas que fueron tomadas sin la participación de los aliados políticos en el gobierno, azuzando la crisis, demonizando a los enemigos. En vez de "sin distinciones partidarias”, el pensamiento maniqueo dividió al mundo en demócratas y golpistas.
Desapareció el concepto de "aliados políticos". Sólo se pudo ser, o bien ladero, o bien traidor y enemigo. Sin opción. Un mundo en blanco y negro. Sin matices.
La pregunta es: ¿quien se apartó del mandato de quienes votaron en octubre del 2007? ¿Es quien se opuso a una resolución? ¿No cabe la posibilidad de que se haya apartado de la promesa electoral quien, tras prometer un aire nuevo, mantuvo en sus cargos a funcionarios cuestionados, transformó a empresas ignotas en potentados contratistas, quien otorga planes a los piqueteros amigos, quien se ufana primero de no haber firmado un solo DNU e inaugura ahora el Congreso con el más escandaloso de todos?
El mandato político no se cumplió. Y el institucional tampoco. No hay mayor institucionalidad. Marta Oyhanarte tuvo que renunciar. No hay transparencia de las cuentas públicas, ni imparcialidad y eficiencia en la adjudicación de la obra pública. Continúa, pese a fallos de la Corte, el reparto discrecional de la pauta publicitaria oficial.
Si observamos que hay dos comportamientos políticos diferentes, el de la Presidenta y el del Vicepresidente, ¿cuál se acerca más a lo que la ciudadanía votó en el 2007, el primero o el segundo?; ¿quién está más próximo de ser causante de la degradación institucional?
Por si subsistiera alguna duda, quienes obtuvieran el 45,25 % (justo lo necesario para evitar el balotaje), ofreciendo transversalidad, no en las palabras, sino hasta en la composición de la fórmula, alcanzaron un magro 31,2 % dos años después. La merma de adhesión electoral tuvo como causa principal el apartamiento de las promesas que fueron el imán del triunfo en el 2007.
Segunda conclusión: Quien no respetó el mandato electoral que legitimó a la fórmula presidencial del 2007 no es el vicepresidente, sino la Presidencia.
Por ello, interpreto muy diferentemente la frase escrita por Nazareno al afirmar que Cobos "se comporta políticamente como un opositor". Es hoy opositor a una persona, a una manera de hacer política, ciertamente, pero no es opositor al mandato por el cual Cobos fue elegido en el 2007. Menos aún al resultado de las urnas del 2009.
Cobos no traiciona a la gente que lo votó. Él representaba apertura y aire fresco frente al ostracismo gubernamental. No fue él quien entró en conflicto.
No se me escapan las circunstancias políticas. Tal ha sido la pérdida de capital político de la Presidencia que a Cobos le conviene oponerse para crecer en las encuestas. Es cierto que sabemos qué rechaza ahora, pero no sabemos aún qué propone.
Algunos opinarán que, por motivos políticos, debe renunciar. Otros no. Pero no porque él encarne una grave "degradación institucional", que se remediaría si un vicepresidente "leal" hiciera sumiso caso a todas las políticas propuestas por la Presidencia, por alejadas que estuvieran del mandato electoral del 2007, del 2009, y del marco constitucional que limita y acota el poder presidencial.
No tiemblan los fundamentos de la República porque un Vicepresidente se opone a alguna de las medidas presidenciales. Muchos piensan hoy que la historia podría haber sido diferente si Chacho no hubiera renunciado.
Los deterioros institucionales que a todos nos preocupan son otros: el congreso sin diálogo alguno con la oposición durante siete años, el Indec surrealista; el Consejo de la Magistratura bajo la férula del gobierno; el federalismo comprado por un plato de lentejas; la prensa discriminada; y tanto más.
No considero que el Vicepresidente se cuente entre las causas profundas de la crisis política. Por lo contrario, es una de sus tantas consecuencias. Mal pudo haber causado la crisis quien no tenía incidencia sobre las decisiones de gobierno. Importa distinguir entre lo causante y lo causado, el cuerpo y su sombra, lo esencial de lo coyuntural. Sobre temas más importantes deberemos concentrarnos si queremos reconstruir la Argentina derruida.
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010
El artículo propuesto por Marcelo Nazareno afirma que el actual ejercicio de la vicepresidencia por parte de Cobos manifiesta y provoca el deterioro institucional de la Argentina.
El escrito dice, al inicio del párrafo cuarto: "Las instituciones se degradan cuando los comportamientos políticos que ellas habilitan son contrarios a los comportamientos esperables que motivaron su diseño original". Concuerdo.
Primera pregunta: ¿quién es el autor del “diseño original”? ¿Cuál es la voluntad a respetar? En un sistema democrático, los funcionarios no deben subordinarse a la voluntad personal del Mandatario -término que podríamos reemplazar por "el obligado a cumplir con lo mandado"-, sino la voluntad del Mandante, que son los ciudadanos.
Quien forma parte de un gobierno, como el Vicepresidente, responde al titular del Ejecutivo. Pero no por él en cuanto persona, sino sólo por lo que representa. Un Presidente no manda por derecho propio. No es un capitán que puede llevar el barco hacia cualquier derrotero, o que puede voltear el timón como le venga en gana. El barco no es suyo. La elección del destino tampoco. Que se haga su voluntad sólo es legítimo cuando ésta responde al mandato de quienes lo eligieron para desempeñarse en la Presidencia.
El Primer Mandatario no tiene un derecho absoluto para decidir lo que quiera (concepción del monarca por derecho divino), sino que es el actor político con mayor responsabilidad de cara a la sociedad. Le toca encarnar un mandato para el que ha sido elegido, otorgado por el soberano, el pueblo. Éste es el titular originario y legitimante a respetar en toda democracia.
Un Presidente tiene dos limitaciones a la hora de ejercer el poder que le ha sido delegado, transitoriamente: las institucionales, marcadas por la Constitución, pacto fundamental de convivencia política, y las políticas, que provienen de lo que los electores, sus mandantes, han elegido.
El Primer Servidor Público no tiene por tanto un derecho propio a gobernar, sino que ejerce un derecho intermediario, sólo a fin de cumplir con el mandato del elector, que es el pueblo soberano. Es quien permite, o debe permitir, que se ejerza el derecho de autogobernarse de una sociedad.
Si lo analizamos en mayor profundidad, el mandato no proviene exclusivamente de quienes lo eligieron, sino que emana de, debe dar respuesta a, todos los argentinos que componen nuestra sociedad. No es el Presidente de quienes lo votaron. Es el de todos. Es elegido por unos, pero debe gobernar para todos, con todos.
Primera conclusión: considerando que el poder otorgado al Presidente y al Vicepresidente es siempre un poder delegado, ambos deberían "respetar el mandato otorgado por el soberano".
De ello se deriva que, habiendo obtenido ambas personas el mismo mandato legitimante original, pueden darse hasta tres situaciones diferentes de hecho: las dos personas respetan por igual el mandato: uno sí y otro no; o ninguno de los dos.
Parece claro que estamos en presencia de la segunda o de la tercera alternativa: uno incumple y otro no, o bien ambos lo incumplen.
La ciudadanía que votó en el 2007 lo hizo, en parte entusiasmada por la figura de la Presidenta. Otra buena parte porque se abría el juego político, porque la campaña publicitaria incluía a “Cristina, Cobos y vos”.
Recuerdo un integrador spot que alternaba las voces de Perón, Balbín, Palacios, Illia, Frondizi y Evita, turnándose para afirmar que “la tolerancia desmedida no ayuda a construir” (Balbín), “necesitamos la fuerza de cohesión para formar el alma nacional” (Palacios), “sin distinciones partidarias”, “únanse, sean hoy más hermanos que nunca” (Perón). La emotiva pieza publicitaria concluía con una voz en off: “La concertación quiere decir que cada uno ponga lo mejor que tiene; que lo que falta, lo hacemos entre todos o no lo hace nadie”, … “Cristina con Cobos, el gobierno con la gente”. Se anunciaba así un período presidencial que se abriría a la diversidad política, siendo figura y símbolo de ello el candidato a Vicepresidente. (Cristina K y la concertación. You Tube).
La promesa electoral, en términos políticos, era de apertura. Y en términos institucionales, de mejora. Esa promesa, al ser votada mayoritariamente, se transformó en el mandato de la mayoría electoral.
La crisis entre Presidenta y Vice no sobrevino al instante. Nació como la consecuencia de decisiones políticas que fueron tomadas sin la participación de los aliados políticos en el gobierno, azuzando la crisis, demonizando a los enemigos. En vez de "sin distinciones partidarias”, el pensamiento maniqueo dividió al mundo en demócratas y golpistas.
Desapareció el concepto de "aliados políticos". Sólo se pudo ser, o bien ladero, o bien traidor y enemigo. Sin opción. Un mundo en blanco y negro. Sin matices.
La pregunta es: ¿quien se apartó del mandato de quienes votaron en octubre del 2007? ¿Es quien se opuso a una resolución? ¿No cabe la posibilidad de que se haya apartado de la promesa electoral quien, tras prometer un aire nuevo, mantuvo en sus cargos a funcionarios cuestionados, transformó a empresas ignotas en potentados contratistas, quien otorga planes a los piqueteros amigos, quien se ufana primero de no haber firmado un solo DNU e inaugura ahora el Congreso con el más escandaloso de todos?
El mandato político no se cumplió. Y el institucional tampoco. No hay mayor institucionalidad. Marta Oyhanarte tuvo que renunciar. No hay transparencia de las cuentas públicas, ni imparcialidad y eficiencia en la adjudicación de la obra pública. Continúa, pese a fallos de la Corte, el reparto discrecional de la pauta publicitaria oficial.
Si observamos que hay dos comportamientos políticos diferentes, el de la Presidenta y el del Vicepresidente, ¿cuál se acerca más a lo que la ciudadanía votó en el 2007, el primero o el segundo?; ¿quién está más próximo de ser causante de la degradación institucional?
Por si subsistiera alguna duda, quienes obtuvieran el 45,25 % (justo lo necesario para evitar el balotaje), ofreciendo transversalidad, no en las palabras, sino hasta en la composición de la fórmula, alcanzaron un magro 31,2 % dos años después. La merma de adhesión electoral tuvo como causa principal el apartamiento de las promesas que fueron el imán del triunfo en el 2007.
Segunda conclusión: Quien no respetó el mandato electoral que legitimó a la fórmula presidencial del 2007 no es el vicepresidente, sino la Presidencia.
Por ello, interpreto muy diferentemente la frase escrita por Nazareno al afirmar que Cobos "se comporta políticamente como un opositor". Es hoy opositor a una persona, a una manera de hacer política, ciertamente, pero no es opositor al mandato por el cual Cobos fue elegido en el 2007. Menos aún al resultado de las urnas del 2009.
Cobos no traiciona a la gente que lo votó. Él representaba apertura y aire fresco frente al ostracismo gubernamental. No fue él quien entró en conflicto.
No se me escapan las circunstancias políticas. Tal ha sido la pérdida de capital político de la Presidencia que a Cobos le conviene oponerse para crecer en las encuestas. Es cierto que sabemos qué rechaza ahora, pero no sabemos aún qué propone.
Algunos opinarán que, por motivos políticos, debe renunciar. Otros no. Pero no porque él encarne una grave "degradación institucional", que se remediaría si un vicepresidente "leal" hiciera sumiso caso a todas las políticas propuestas por la Presidencia, por alejadas que estuvieran del mandato electoral del 2007, del 2009, y del marco constitucional que limita y acota el poder presidencial.
No tiemblan los fundamentos de la República porque un Vicepresidente se opone a alguna de las medidas presidenciales. Muchos piensan hoy que la historia podría haber sido diferente si Chacho no hubiera renunciado.
Los deterioros institucionales que a todos nos preocupan son otros: el congreso sin diálogo alguno con la oposición durante siete años, el Indec surrealista; el Consejo de la Magistratura bajo la férula del gobierno; el federalismo comprado por un plato de lentejas; la prensa discriminada; y tanto más.
No considero que el Vicepresidente se cuente entre las causas profundas de la crisis política. Por lo contrario, es una de sus tantas consecuencias. Mal pudo haber causado la crisis quien no tenía incidencia sobre las decisiones de gobierno. Importa distinguir entre lo causante y lo causado, el cuerpo y su sombra, lo esencial de lo coyuntural. Sobre temas más importantes deberemos concentrarnos si queremos reconstruir la Argentina derruida.
Buenos Aires, 11 de Marzo de 2010
10 de marzo de 2010
La vicepresidencia y el proceso de degradación institucional en la Argentina
Por Marcelo Nazareno
Las instituciones democráticas argentinas viven desde hace tiempo un fuerte proceso de degradación que parece haberse acelerado recientemente. Uno de los rasgos más llamativos -aunque tal vez no el más grave- de este proceso, es la actual conducta del Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien al tiempo que ocupa el rol de Vicepresidente se comporta como una figura importante -que ciertamente lo es- de la oposición. Sin embargo, el Vicepresidente sostiene precisamente lo contrario, que su conducta es derivada de un estricto cumplimiento de su rol institucional.
Para entender por qué puede sostenerse con cierta firmeza que el comportamiento del Vicepresidente contribuye al deterioro de las instituciones del país, es necesario establecer con una mínima precisión qué se entiende por instituciones (políticas) y por degradación institucional. Es conocida la figura que caracteriza a las instituciones como “las reglas del juego”, en este caso del juego político. En este carácter, las instituciones habilitan la conducta política, no la reemplazan. Aparece aquí la primera inconsistencia del argumento vicepresidencial: no es posible para Cobos limitarse a cumplir un rol institucional porque, precisamente, ese rol (el de vicepresidente) lo habilita y lo compele a comportarse políticamente. Pretender limitarse a “cumplir con las instituciones” es un sinsentido conceptual y práctico en tanto cumplir con las instituciones implica jugar (hacer política) bajo sus reglas y, por ende, tomar decisiones que esas reglas no especifican en su contenido, como ha quedado claro en los últimos acontecimientos vinculados con la remoción del Presidente del Banco Central.
Ahora bien, el contenido que desde su voto sobre la Resolución 125 el Vicepresidente ha dado a las decisiones políticas que su rol institucional lo obliga a tomar cotidianamente es, precisamente, lo que actúa como un factor de degradación institucional.
Las instituciones se degradan cuando los comportamientos políticos que ellas habilitan son contrarios a los comportamientos esperables que motivaron su diseño original. Nótese que esto implica que la degradación no resulta de comportamientos que abiertamente van en contra de la letra institucional los cuales, en todo caso, podrían ser revertidos por la correspondiente intervención judicial. La degradación resulta de comportamientos no prohibidos por esta letra pero que, no obstante, de modo evidente violan las expectativas de los comportamientos esperables a partir de lo que esa letra especifica. Desde el momento en que esos comportamientos contra institucionales (ya que no son anti institucionales) se producen sin que haya un costo social o político sustancial que los revierta de un modo más o menos rápido, la institución correspondiente queda malherida en tanto ha perdido su principal virtud: establecer un sistema de expectativas recíprocas respecto a comportamientos altamente probables por parte de los diferentes actores involucrados, sistema de expectativas recíprocas que dota de una mínima estabilidad y orden al ámbito de la vida política regulado por esa institución.
En este sentido, parece claro que el comportamiento político del vicepresidente es contra institucional: si bien no implica la violación abierta de ninguna especificación legal, este comportamiento va en contra de la conducta que cabe esperar a partir de la letra de la institución vicepresidencial, esto es, que el vicepresidente actuará políticamente de modo consistente con el hecho de que forma parte del gobierno y no de la oposición.
De allí la falacia en la que incurre el Vicepresidente cuando plantea que “respeta las instituciones” al no renunciar, en tanto cumple así con el mandato popular. Todo lo contario: al no renunciar y, al mismo tiempo, comportarse políticamente como un opositor, lo que hace es poner en evidencia la inutilidad de la prescripción institucional, enviando una clara señal al resto de los actores políticos que incorporan, de esta manera, una nueva “señal” a su percepción de los rasgos básicos que adquiere el juego político en este ámbito: ser Vicepresidente es un buen lugar para llegar a ser figura de la oposición.
De este modo, la institución vicepresidencial ha sufrido un golpe muy serio. ¿Cómo se puede conformar hoy una fórmula presidencial en la Argentina cuando el vicepresidente pasa, automáticamente y aún cuando no se lo proponga, a ser mirado como el líder virtual de un potencial conglomerado opositor articulado a su alrededor en caso de que la fórmula gane las elecciones? De esta manera, el sistema político argentino corre el riesgo de perder definitivamente un instrumento valioso, sobre todo en estas épocas de elevada fragmentación partidaria, para generar acuerdos y alianzas, tal como ha acontecido desde 1983, cuando la Vicepresidencia funcionó como un mecanismo de contención de sectores (ya sea intra o extrapartidarias) que no formaban parte de la propia base política del candidato a Presidente. Las poco favorables vicisitudes a las que en algunos casos estos acuerdos dieron lugar no habilitan a negar la utilidad de esta fórmula para lograr acuerdos, hoy casi imprescindibles, relativamente amplios y plurales. He aquí una razón imperiosa, entre otras tantas, para restituir a la institución vicepresidencial la plena vigencia de su contenido.
Ciertamente, la degradación institucional no es un proceso fácil de revertir, y seguramente tal reversión implica avanzar en la desactivación de las causas profundas que, más allá de actitudes personales, llevan a comportamientos incompatibles con una plena y sana vigencia de las instituciones. Pero los aportes y renuncias de personas concretas pueden hacer la tarea menos ardua y darle más posibilidades de éxito. En este sentido, nos parece que la renuncia del Vicepresidente a su cargo sería una contribución importante para iniciar un camino de paulatina restauración institucional, incorporando, de este modo, sus legítimas aspiraciones políticas al conjunto de factores que fortalecen la vida política democrática nacional.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
Las instituciones democráticas argentinas viven desde hace tiempo un fuerte proceso de degradación que parece haberse acelerado recientemente. Uno de los rasgos más llamativos -aunque tal vez no el más grave- de este proceso, es la actual conducta del Vicepresidente de la Nación, Julio Cobos, quien al tiempo que ocupa el rol de Vicepresidente se comporta como una figura importante -que ciertamente lo es- de la oposición. Sin embargo, el Vicepresidente sostiene precisamente lo contrario, que su conducta es derivada de un estricto cumplimiento de su rol institucional.
Para entender por qué puede sostenerse con cierta firmeza que el comportamiento del Vicepresidente contribuye al deterioro de las instituciones del país, es necesario establecer con una mínima precisión qué se entiende por instituciones (políticas) y por degradación institucional. Es conocida la figura que caracteriza a las instituciones como “las reglas del juego”, en este caso del juego político. En este carácter, las instituciones habilitan la conducta política, no la reemplazan. Aparece aquí la primera inconsistencia del argumento vicepresidencial: no es posible para Cobos limitarse a cumplir un rol institucional porque, precisamente, ese rol (el de vicepresidente) lo habilita y lo compele a comportarse políticamente. Pretender limitarse a “cumplir con las instituciones” es un sinsentido conceptual y práctico en tanto cumplir con las instituciones implica jugar (hacer política) bajo sus reglas y, por ende, tomar decisiones que esas reglas no especifican en su contenido, como ha quedado claro en los últimos acontecimientos vinculados con la remoción del Presidente del Banco Central.
Ahora bien, el contenido que desde su voto sobre la Resolución 125 el Vicepresidente ha dado a las decisiones políticas que su rol institucional lo obliga a tomar cotidianamente es, precisamente, lo que actúa como un factor de degradación institucional.
Las instituciones se degradan cuando los comportamientos políticos que ellas habilitan son contrarios a los comportamientos esperables que motivaron su diseño original. Nótese que esto implica que la degradación no resulta de comportamientos que abiertamente van en contra de la letra institucional los cuales, en todo caso, podrían ser revertidos por la correspondiente intervención judicial. La degradación resulta de comportamientos no prohibidos por esta letra pero que, no obstante, de modo evidente violan las expectativas de los comportamientos esperables a partir de lo que esa letra especifica. Desde el momento en que esos comportamientos contra institucionales (ya que no son anti institucionales) se producen sin que haya un costo social o político sustancial que los revierta de un modo más o menos rápido, la institución correspondiente queda malherida en tanto ha perdido su principal virtud: establecer un sistema de expectativas recíprocas respecto a comportamientos altamente probables por parte de los diferentes actores involucrados, sistema de expectativas recíprocas que dota de una mínima estabilidad y orden al ámbito de la vida política regulado por esa institución.
En este sentido, parece claro que el comportamiento político del vicepresidente es contra institucional: si bien no implica la violación abierta de ninguna especificación legal, este comportamiento va en contra de la conducta que cabe esperar a partir de la letra de la institución vicepresidencial, esto es, que el vicepresidente actuará políticamente de modo consistente con el hecho de que forma parte del gobierno y no de la oposición.
De allí la falacia en la que incurre el Vicepresidente cuando plantea que “respeta las instituciones” al no renunciar, en tanto cumple así con el mandato popular. Todo lo contario: al no renunciar y, al mismo tiempo, comportarse políticamente como un opositor, lo que hace es poner en evidencia la inutilidad de la prescripción institucional, enviando una clara señal al resto de los actores políticos que incorporan, de esta manera, una nueva “señal” a su percepción de los rasgos básicos que adquiere el juego político en este ámbito: ser Vicepresidente es un buen lugar para llegar a ser figura de la oposición.
De este modo, la institución vicepresidencial ha sufrido un golpe muy serio. ¿Cómo se puede conformar hoy una fórmula presidencial en la Argentina cuando el vicepresidente pasa, automáticamente y aún cuando no se lo proponga, a ser mirado como el líder virtual de un potencial conglomerado opositor articulado a su alrededor en caso de que la fórmula gane las elecciones? De esta manera, el sistema político argentino corre el riesgo de perder definitivamente un instrumento valioso, sobre todo en estas épocas de elevada fragmentación partidaria, para generar acuerdos y alianzas, tal como ha acontecido desde 1983, cuando la Vicepresidencia funcionó como un mecanismo de contención de sectores (ya sea intra o extrapartidarias) que no formaban parte de la propia base política del candidato a Presidente. Las poco favorables vicisitudes a las que en algunos casos estos acuerdos dieron lugar no habilitan a negar la utilidad de esta fórmula para lograr acuerdos, hoy casi imprescindibles, relativamente amplios y plurales. He aquí una razón imperiosa, entre otras tantas, para restituir a la institución vicepresidencial la plena vigencia de su contenido.
Ciertamente, la degradación institucional no es un proceso fácil de revertir, y seguramente tal reversión implica avanzar en la desactivación de las causas profundas que, más allá de actitudes personales, llevan a comportamientos incompatibles con una plena y sana vigencia de las instituciones. Pero los aportes y renuncias de personas concretas pueden hacer la tarea menos ardua y darle más posibilidades de éxito. En este sentido, nos parece que la renuncia del Vicepresidente a su cargo sería una contribución importante para iniciar un camino de paulatina restauración institucional, incorporando, de este modo, sus legítimas aspiraciones políticas al conjunto de factores que fortalecen la vida política democrática nacional.
Buenos Aires, 10 de marzo de 2010
6 de marzo de 2010
¿QUÉ ESTAMOS DISCUTIENDO?
Por Antonio Camou
En medio del enfrentamiento por la Resolución 125, el insigne pensador pampeano Rubén Marín resumió en pocas y luminosas palabras la médula del conflicto: “es una cuestión de plata”, dijo, y esencialmente estaba en lo correcto. De haber sido asistido por una Musa casual, podría haber agregado: “es una cuestión de plata y de poder”, y entonces la sentencia habría tenido la serena perfección de un apotegma. Al fin y al cabo, plata y poder son dos semblantes de la misma moneda para los Kirchner, y hace rato que vienen confundiendo la cara con la cruz.
Pues bien, hace dos meses y pico que estamos discutiendo una cuestión de plata y de poder que es clave tanto para el kirchnerismo como para la oposición. Es cierto que las condiciones de los mercados internacionales son más benignas que en otros tiempos, que las modalidades de inserción competitiva de la economía argentina en el mundo da espacio de maniobras, y que algunos fundamentos internos todavía nos permiten enfrentar las distorsiones de un “modelo” que hace agua por varios lados con razonables márgenes de éxito. Y también es cierto que el conflicto ha escalado por errores de cálculo, por personalidades enrevesadas, excesos verbales, defraudaciones imperdonadas, desplantes gratuitos, venganzas añoradas, vivezas de patas cortas, ninguneos innecesarios y destratos al por mayor. Pero más allá de las circunstancias “objetivas” de la economía, y del batifondo agregado por nuestro primitivismo político, hay un núcleo duro de carcomer que viene dado por las estrategias de poder de los principales actores políticos del conflicto, y por las vías que se utilizaron para recorrer el camino que nos trajo hasta aquí. No solamente es una cuestión de formas, es una cuestión de fondo.
Por un lado, la pareja presidencial parece haber decidido su estrategia maestra de aquí al final del mandato, y darán una encarnizada pelea por concretarla. En ese plan su primer objetivo es mantenerse en el poder después del 2011, haciendo prácticamente cualquier cosa para lograrlo, y entre esas cosas brilla por su centralidad el manejo discrecional de las reservas u otros activos por capturar; el segundo mejor es controlar la sucesión, dañando a sus peores enemigos en el trayecto, y pasándole al gobierno más débil que puedan conseguir todos los costos del desastre fiscal y económico que piensan dejar como herencia venenosa; la tercera preferencia sería una abdicación anticipada, envueltos de ser posible en alguna bandera setentista y conmovedora, que deje un buen recuerdo para ser elaborado metafóricamente por sus literatos. Claro que el pago de la deuda y la especulación de bonistas con reservas de la Nación no pinta bien como argumento épico para esa novela, por lo cual deberán esperar y fraguar mejores guiones, aunque cierto alocado pedido de juicio político puede ser funcional a los peores desvaríos elucubrados en Olivos.
En este marco se entiende mejor el ataque relámpago con el que todo comenzó. En efecto, cinco días después de cerradas las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, los que “venían a cambiar la política”, eludiendo todo debate y a espaldas del Parlamento, consideraron que había un estado de “necesidad y urgencia” para crear por decreto el Fondo del Bicentenario. La medida no solamente transfería de un tirón la friolera de 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central a una cuenta corriente para pagar a los tenedores de títulos argentinos; lo más importante era que el artículo primero del decreto –el verdadero núcleo del conflicto- abría las puertas para que mediante una capciosa definición de las “reservas excedentes” el Poder Ejecutivo manejara libremente un monto cercano a los 18.000 millones de dólares.
Evidentemente se trataba de una sensible cuestión de plata. ¿Plata para qué? Para sostener artificialmente un nivel de gasto público que es insostenible en el tiempo, para seguir pagando alegremente injustificables subsidios a los sectores privados más concentrados, para hacer campaña electoral, para mantener redes clientelares a tiempo completo, para lubricar acuerdos, para comprar voluntades. Como los objetivos son cruciales –no para el país, pero sí para el esquema de poder del kirchneriato, indisociable de una caja generosa y centralizada-, el gobierno ha puesto toda su energía en obtenerlos. Otra vez, plata que se consigue con poder que sirve para obtener más plata y más poder.
Por el lado de la oposición, es claro que las fuerzas con aspiraciones presidenciales saben que están librando la primera batalla concreta de la transición hacia el postkirchnerismo. De acuerdo a cómo se resuelva se estarán empezando a definir las condiciones de viabilidad política, económica y financiera de un futuro gobierno alternativo. De aquí al 2011, los problemas estructurales que no se enfrenten, las distorsiones cuyo tratamiento se postergue, las inversiones productivas que no se realicen, o los cada vez más escasos recursos públicos que se dilapiden, pasarán automáticamente a engrosar la cuenta de adeudos de una gestión que nacerá hipotecada desde el momento mismo de recibir el bastón de mando. No es poco por lo que se está peleando.
Pero incluso la más agria de las peleas políticas puede ofrecer un cierto margen para la negociación y el acuerdo. No porque la cooperación sea un dulce fruto de sentimientos nobles, sino más bien porque suele ser una hija indeseada de la mera necesidad. Y hoy por hoy, como nunca antes, el gobierno y la oposición están comenzando a necesitarse, y a requerir ambos de una buena dosis de alta política para salir de este entuerto por una senda institucional.
De lo contrario, el escenario de encerrona al que estamos llegando se deslizará hacia crecientes registros de ingobernabilidad: el Congreso sancionará leyes que el Poder Ejecutivo a su tiempo vetará, y la Presidencia emitirá Decretos de Necesidad y Urgencia que serán volteados por el Parlamento en vivo y en directo. Entretanto, las múltiples denuncias cruzadas en la Justicia entre el gobierno y las oposiciones terminarán por trabar todas las ruedas decisionales del país. Ante ese horizonte: ¿Cuánto tardarán los gobernadores en organizarse como red de poder emergente? ¿Cuánto tardarán los intendentes en reclamar –por las buenas o por las malas- recursos cruciales para sus maquinarias? ¿Cuánto demorarán los mercados en votar con sus pies? ¿Cuánto tardará la calle en hacer oír sus reclamos de viva voz? ¿Cuántas votaciones más soportará perder el peronismo realmente existente ante las siempre indiscretas cámaras de TV? ¿Y cuántos kamikazes seguirá reclutando el gobierno para entregar a la hoguera de su propia vanidad?
Don Arturo Jauretche solía rememorar un dicho campero, “emparejá y largamos”, para recordarnos que no hay carrera justa que no comience por poner los caballos a la par. Por primera vez en siete años de hegemonía indisputada, las distintas oposiciones han empezado a emparejar los tantos con el indomable kirchnerismo. Por primera vez los principales contendientes de esta historia se encuentran en condiciones estructurales para una competencia justa, una cooperación posible, o un equilibrio catastrófico. Lo único que queda por saber es con destino a qué futuro estamos largando esta carrera.
La Plata, 5 de marzo de 2010.
En medio del enfrentamiento por la Resolución 125, el insigne pensador pampeano Rubén Marín resumió en pocas y luminosas palabras la médula del conflicto: “es una cuestión de plata”, dijo, y esencialmente estaba en lo correcto. De haber sido asistido por una Musa casual, podría haber agregado: “es una cuestión de plata y de poder”, y entonces la sentencia habría tenido la serena perfección de un apotegma. Al fin y al cabo, plata y poder son dos semblantes de la misma moneda para los Kirchner, y hace rato que vienen confundiendo la cara con la cruz.
Pues bien, hace dos meses y pico que estamos discutiendo una cuestión de plata y de poder que es clave tanto para el kirchnerismo como para la oposición. Es cierto que las condiciones de los mercados internacionales son más benignas que en otros tiempos, que las modalidades de inserción competitiva de la economía argentina en el mundo da espacio de maniobras, y que algunos fundamentos internos todavía nos permiten enfrentar las distorsiones de un “modelo” que hace agua por varios lados con razonables márgenes de éxito. Y también es cierto que el conflicto ha escalado por errores de cálculo, por personalidades enrevesadas, excesos verbales, defraudaciones imperdonadas, desplantes gratuitos, venganzas añoradas, vivezas de patas cortas, ninguneos innecesarios y destratos al por mayor. Pero más allá de las circunstancias “objetivas” de la economía, y del batifondo agregado por nuestro primitivismo político, hay un núcleo duro de carcomer que viene dado por las estrategias de poder de los principales actores políticos del conflicto, y por las vías que se utilizaron para recorrer el camino que nos trajo hasta aquí. No solamente es una cuestión de formas, es una cuestión de fondo.
Por un lado, la pareja presidencial parece haber decidido su estrategia maestra de aquí al final del mandato, y darán una encarnizada pelea por concretarla. En ese plan su primer objetivo es mantenerse en el poder después del 2011, haciendo prácticamente cualquier cosa para lograrlo, y entre esas cosas brilla por su centralidad el manejo discrecional de las reservas u otros activos por capturar; el segundo mejor es controlar la sucesión, dañando a sus peores enemigos en el trayecto, y pasándole al gobierno más débil que puedan conseguir todos los costos del desastre fiscal y económico que piensan dejar como herencia venenosa; la tercera preferencia sería una abdicación anticipada, envueltos de ser posible en alguna bandera setentista y conmovedora, que deje un buen recuerdo para ser elaborado metafóricamente por sus literatos. Claro que el pago de la deuda y la especulación de bonistas con reservas de la Nación no pinta bien como argumento épico para esa novela, por lo cual deberán esperar y fraguar mejores guiones, aunque cierto alocado pedido de juicio político puede ser funcional a los peores desvaríos elucubrados en Olivos.
En este marco se entiende mejor el ataque relámpago con el que todo comenzó. En efecto, cinco días después de cerradas las sesiones ordinarias del Congreso Nacional, los que “venían a cambiar la política”, eludiendo todo debate y a espaldas del Parlamento, consideraron que había un estado de “necesidad y urgencia” para crear por decreto el Fondo del Bicentenario. La medida no solamente transfería de un tirón la friolera de 6.569 millones de dólares de las reservas del Banco Central a una cuenta corriente para pagar a los tenedores de títulos argentinos; lo más importante era que el artículo primero del decreto –el verdadero núcleo del conflicto- abría las puertas para que mediante una capciosa definición de las “reservas excedentes” el Poder Ejecutivo manejara libremente un monto cercano a los 18.000 millones de dólares.
Evidentemente se trataba de una sensible cuestión de plata. ¿Plata para qué? Para sostener artificialmente un nivel de gasto público que es insostenible en el tiempo, para seguir pagando alegremente injustificables subsidios a los sectores privados más concentrados, para hacer campaña electoral, para mantener redes clientelares a tiempo completo, para lubricar acuerdos, para comprar voluntades. Como los objetivos son cruciales –no para el país, pero sí para el esquema de poder del kirchneriato, indisociable de una caja generosa y centralizada-, el gobierno ha puesto toda su energía en obtenerlos. Otra vez, plata que se consigue con poder que sirve para obtener más plata y más poder.
Por el lado de la oposición, es claro que las fuerzas con aspiraciones presidenciales saben que están librando la primera batalla concreta de la transición hacia el postkirchnerismo. De acuerdo a cómo se resuelva se estarán empezando a definir las condiciones de viabilidad política, económica y financiera de un futuro gobierno alternativo. De aquí al 2011, los problemas estructurales que no se enfrenten, las distorsiones cuyo tratamiento se postergue, las inversiones productivas que no se realicen, o los cada vez más escasos recursos públicos que se dilapiden, pasarán automáticamente a engrosar la cuenta de adeudos de una gestión que nacerá hipotecada desde el momento mismo de recibir el bastón de mando. No es poco por lo que se está peleando.
Pero incluso la más agria de las peleas políticas puede ofrecer un cierto margen para la negociación y el acuerdo. No porque la cooperación sea un dulce fruto de sentimientos nobles, sino más bien porque suele ser una hija indeseada de la mera necesidad. Y hoy por hoy, como nunca antes, el gobierno y la oposición están comenzando a necesitarse, y a requerir ambos de una buena dosis de alta política para salir de este entuerto por una senda institucional.
De lo contrario, el escenario de encerrona al que estamos llegando se deslizará hacia crecientes registros de ingobernabilidad: el Congreso sancionará leyes que el Poder Ejecutivo a su tiempo vetará, y la Presidencia emitirá Decretos de Necesidad y Urgencia que serán volteados por el Parlamento en vivo y en directo. Entretanto, las múltiples denuncias cruzadas en la Justicia entre el gobierno y las oposiciones terminarán por trabar todas las ruedas decisionales del país. Ante ese horizonte: ¿Cuánto tardarán los gobernadores en organizarse como red de poder emergente? ¿Cuánto tardarán los intendentes en reclamar –por las buenas o por las malas- recursos cruciales para sus maquinarias? ¿Cuánto demorarán los mercados en votar con sus pies? ¿Cuánto tardará la calle en hacer oír sus reclamos de viva voz? ¿Cuántas votaciones más soportará perder el peronismo realmente existente ante las siempre indiscretas cámaras de TV? ¿Y cuántos kamikazes seguirá reclutando el gobierno para entregar a la hoguera de su propia vanidad?
Don Arturo Jauretche solía rememorar un dicho campero, “emparejá y largamos”, para recordarnos que no hay carrera justa que no comience por poner los caballos a la par. Por primera vez en siete años de hegemonía indisputada, las distintas oposiciones han empezado a emparejar los tantos con el indomable kirchnerismo. Por primera vez los principales contendientes de esta historia se encuentran en condiciones estructurales para una competencia justa, una cooperación posible, o un equilibrio catastrófico. Lo único que queda por saber es con destino a qué futuro estamos largando esta carrera.
La Plata, 5 de marzo de 2010.
Suscribirse a:
Entradas (Atom)
Entradas
