POR UNA DEMOCRACIA CON MÁS EQUILIBRIO

Por Vicente Palermo

Confirmando el principio físico que nos dice que cuando un cuerpo ejerce una fuerza sobre otro éste ejerce sobre el primero una fuerza igual y de sentido opuesto, los términos de la disputa política y del debate institucional argentinos de hoy se han polarizado. A fuerza del torpe despliegue hiperpresidencialista de las administraciones Kirchner, parte de la oposición y muchos intelectuales adoptaron una versión rudimentaria de la cartilla republicana.

"El Congreso debe ser el órgano de decisión. La Argentina necesita regresar a la división e independencia de los poderes. El Congreso debe legislar y el Ejecutivo, limitarse a aplicar la ley." Estos lugares comunes se leen o escuchan todos los días. Como republicano de pleno derecho que soy, me gustaría salir al cruce de esta curiosa lectura de nuestras formas de gobierno.

La ideas inspiradas en Montesquieu, o en los federalistas norteamericanos, de separación de poderes, en modo alguno refieren forzosamente a una supuesta independencia de poderes, sino, al contrario, pueden entenderse, desde un ángulo, como control recíproco (como el medio eficaz de limitar al poder con el poder) y, desde otro ángulo, como interdependencia, en tanto que ciertas funciones de autoridad se comparten.

Así, separar el poder es más bien que ciertos poderes -por caso, los legislativos- sean compartidos por distintos actores y no que a cada actor le corresponda la totalidad exclusiva de una determinada función de poder.

En el presidencialismo, los presidentes cuentan con capacidades legisferantes, y es bueno que así sea. En el caso argentino, esas capacidades han nacido con la Constitución concebida por nuestros padres fundadores. Con el tiempo, al Poder Ejecutivo -tal como en muchas otras democracias del mundo entero, tanto en regímenes presidencialistas como en parlamentarios- se lo fue dotando de nuevas capacidades y competencias y de mecanismos proactivos y reactivos que lo han convertido en un actor ineludible a la hora de legislar.

Posee fuertes poderes de veto y de decreto, importantes atribuciones sobre el presupuesto, ninguna restricción en la formación del gabinete (de modo tal que puede establecer en las arenas de la presidencia las bases de coaliciones estables), capacidades técnicas y administrativas superiores a las del Congreso y los gobiernos provinciales para diseñar e implementar políticas públicas, la atribución de reglamentar las leyes sancionadas por el Congreso, etc.

No cabe duda de que desde hace tiempo -aquí y casi en todas partes- esta transformación de los formatos institucionales del régimen democrático ha creado un pernicioso desequilibrio en desmedro del Congreso (y hasta del Poder Judicial) y en desmedro de la sociedad, desde las preocupaciones, muy justificadas, por la escasa accountability (rendición de cuentas), tanto vertical como horizontal, hasta los distintos análisis que nos presentan a los "estados permanentes de excepción" como uno de los peores peligros para la democracia. Se denuncian pertinentemente estos excesos. Pero también es verdad que en muchos casos se contraponen a estos procesos saludables respuestas institucionales: más y mejor calificados recursos a la mano de los legisladores, nuevas instituciones que habilitan a los ciudadanos a protestar, vigilar y controlar el ejercicio del poder, y aun a coparticipar en los procesos legislativos. Pero no es éste el nudo de la cuestión.

El nudo de la cuestión es que parece existir un obstáculo epistemológico en académicos y, asimismo, en segmentos de la dirigencia política que impide percibir la crucial importancia, en regímenes presidencialistas, de las funciones integrativas del Poder Ejecutivo, que provienen tanto de sus facultades legisferantes como de sus facultades de nominación. Esas funciones pueden ser indispensables aun en casos en que las preferencias electorales arrojen una mayoría parlamentaria del mismo signo que el jefe del Ejecutivo, ya que ello no garantiza automáticamente la cooperación entre los poderes, que es imprescindible, dado el hecho de que éstos comparten funciones de autoridad.

Los puentes entre los dos poderes necesarios para alcanzar los requisitos de cooperación deben ser construidos activamente. Quienes conciben la función de los poderes según la lectura de la tajante separación de poderes tienden a considerar las facultades legisferantes del Poder Ejecutivo en términos de interferencia o intromisión que no respeta el principio de la división de poderes.

Este déficit de percepción "doctrinarista" sale, paradójicamente, al encuentro de la concepción mayoritarista, en la que se ha formado una parte sustancial de la dirigencia política argentina, según la cual los presidentes gobiernan solos y, en todo caso, las coaliciones deben resolver el problema de cooperación simplemente proporcionando al Ejecutivo mayorías pasivas y sumisas en el Congreso.

Hay, pues, dos culturas políticas: la del republicanismo de cartilla y la del mayoritarismo político, que contribuyen poco y nada al aprovechamiento de las posibilidades reales de gobernabilidad que ofrece el cuadro constitucional vigente. En él, los presidentes cuentan con grados de libertad para escoger entre una estrategia de desarrollo unilateral de la autoridad política (la opción en que los Kirchner han persistido con contumacia) y una estrategia de desarrollo cooperativo o integrativo de esa autoridad, así como entre una orientación de composición y una de contraposición en la construcción de bases estables del poder político.

Los instrumentos proactivos y reactivos de los que dispone la presidencia, así como sus facultades de nominación, pueden ser utilizados según sus preferencias, en acciones de autoridad unilaterales e imperiales que tienden a la legislación concentrada en el Ejecutivo o en acciones de autoridad cooperativas e integrativas, que tienden a la colegislación entre poderes.

La primera opción se ha mostrado recurrentemente desastrosa; la segunda es, a mi entender, la clave de la reconstrucción de la gobernabilidad democrática.

Publicado en LA NACION, 31 de julio de 2009.

EL CAMINO QUE AYUDARÍA A SUPERAR LA CRISIS

Guillermo Rozenwurcel

Afuera, la crisis parece haber encontrado un piso. Para nuestro país, que China en el mundo y Brasil en la región se perfilen como motores de la recuperación es la mejor de las noticias. De ser así, el viento de cola externo impulsará una vez más nuestra economía.

Por cierto, las múltiples dificultades que ésta enfrenta no se resolverán mágicamente, pero los problemas están lejos de ser inmanejables. Ni la persistente salida de capitales ni el progresivo deterioro de las cuentas públicas auguran desbordes incontrolables en el corto plazo. No existe una situación de sobreendeudamiento generalizado público o privado ni riesgo sistémico en el sistema bancario que augure otro más de nuestros recurrentes colapsos.

Aunque nuestro ritmo de inflación se mantiene muy por encima del internacional, la recesión ha tenido como efecto colateral la contención de la aceleración inflacionaria. Del mismo modo, si bien subsisten desajustes importantes en los precios relativos, la revaluación de las monedas de nuestros principales socios comerciales respecto del dólar nos brinda un respiro en materia cambiaria. En síntesis, nada que no sea abordable mediante una política económica gradualista, pero a la vez integral y consistente.

En lo inmediato, sus pilares mínimos deberían ser: normalización del Indec; drástica reducción de subsidios a los sectores acomodados con el objetivo de financiar una política activa de mitigación de la pobreza y mejorar el resultado fiscal primario; negociación tripartita de pautas salariales compatibles con una progresiva convergencia de la inflación a niveles internacionales; mejora paulatina del tipo de cambio real manteniendo el régimen de flotación administrada.

Si la política económica recupera credibilidad, además, será posible recobrar acceso al financiamiento voluntario privado y multilateral, reduciéndose así la incertidumbre sobre los próximos vencimientos de la deuda y mejorando las condiciones de recuperación económica. Será posible, también, empezar a definir una estrategia de crecimiento proyectada más allá del corto plazo.

¿Existen en el nuevo escenario político poselectoral incentivos para este viraje? Las condiciones objetivas son favorables. Los resultados electorales han provocado una importante dispersión del poder que hasta entonces concentraba el kirchnerismo, pero a ningún actor político relevante del nuevo escenario le conviene precipitar una crisis abrupta para que el Gobierno no concluya su mandato normalmente en 2011.

En cambio, las condiciones subjetivas dejan menos margen para el optimismo. En la oposición, tanto el peronismo disidente como el Acuerdo Cívico y Social deberían postergar las internas entre sus presidenciables, estar dispuestos a acordar una agenda parlamentaria común no petardista y sostener negociaciones serias con el oficialismo. Aun si la oposición actúa con sensatez, la principal responsabilidad seguirá recayendo en el Gobierno, que deberá mostrar con hechos su disposición a realizar algunas concesiones y a producir ciertos cambios en la orientación de sus políticas.

Hasta el momento, las señales que surgen del Ejecutivo son ambivalentes. Por un lado, la cosmética reorganización del gabinete parece más bien una maniobra gatopardista tendiente a mantener el curso precedente. Por el otro, aunque cueste creer en su franqueza, si el llamado al diálogo político y social efectuado por la Presidenta resultase, en esta oportunidad, algo más que una nueva cortina de humo, sería posible alentar cierta expectativa de cambios más sustantivos.

Si el Gobierno decide apostar por más de lo mismo hará inviable toda perspectiva de recuperación económica: lo que no funcionó en condiciones propicias difícilmente lo haga en condiciones adversas. Si, por una vez, prevaleciera la sensatez, la recuperación no sería una quimera.

Publicado en LA NACION, Miércoles 15 de julio de 2009

VUDÚ ECONOMICS

Por Segundo Campos

El 28 de junio se celebraron, en forma adelantada, elecciones legislativas en las que el proyecto oficial sufrió una dura derrota política. Aunque más de un observador pueda argumentar que no era éste el resultado con mayor probabilidad de ocurrencia, parece bastante difícil interpretar al mismo como totalmente sorpresivo. Sin embargo, el evento parece haber sumido en el desconcierto al elenco matrimonial que, coherente con su estilo de gobierno, arriba al episodio sin plan B. Como siempre, el modo en que las autoridades decodifiquen el veredicto de las urnas en una elección de medio término será, sin duda, muy importante para encarar el segundo tramo de la gestión; como nunca, esa lectura será en este caso totalmente determinante para la evolución económica inmediata. A decir verdad, en un contexto de gran fragilidad política, ese desempeño dependerá asimismo del grado de cooperación y responsabilidad que exhiba en el próximo período una oposición política que se ha visto fortalecida.

Es que, por primera vez en mucho tiempo, las dificultades (visibles, por cierto) que enfrenta la dinámica macroeconómica local no permiten predecir una catástrofe inevitable, un desenlace tan típico de los más variados regímenes de política con los que en el pasado ha experimentado nuestro país. Merced en buena medida a la improvisación y la incapacidad manifiesta para administrar una bonanza -y no tanto por el impacto de una crisis internacional que por primera vez nos encontraba con una reducida vulnerabilidad externa y financiera- el cuadro macroeconómico ha experimentado un fuerte deterioro en el último trienio. Pero las tendencias en curso están lejos de conducir de forma inexorable a un evento de crisis. De hecho, pese a los groseros errores cometidos, en la actual coyuntura los desafíos macroeconómicos que se enfrentan son relativamente manejables, a condición obviamente de que las autoridades estén dispuestas a admitirlos con algún grado de realismo y a adoptar ciertas acciones correctivas no desprovistas de costos –especialmente en el plano político, pero no exclusivamente.

Puesto de otra manera, el problema actual está –pese a ciertos desalineamientos evidentes- menos vinculado con el estado de los fundamentos macroeconómicos y mucho más claramente asociado a las señales que estén dispuestas a emitir los hacedores de política y a su eventual rol coordinador de las decisiones y expectativas de los agentes económicos. Lógicamente, hay aquí cierta endogeneidad: la ausencia de esas señales y la continuidad de las tendencias en curso, son capaces de inducir una peligrosa acentuación de los desequilibrios preexistentes; por el contrario, la decisión de señalizar un rumbo consistente a la gestión macroeconómica, es capaz de ayudar a revertir, al menos parcialmente, los desequilibrios que se han generado y ubicar a la economía nuevamente en un sendero expansivo.

Es cierto que aún antes de la irrupción de la crisis financiera global se verificó una tendencia contractiva muy apreciable en el nivel de actividad que detuvo en seco el impulso expansivo que traía la economía en la fase previa. También lo es que se han producido un fuerte deterioro de la confianza de los agentes económicos y varios episodios de stress financiero y desmonetización. Si bien la mayor incertidumbre proveniente del entorno internacional fue un factor que influenció esos desarrollos, cualquier análisis detenido demostraría que todos esos comportamientos y tendencias reconocieron su origen en insólitas y disparatadas decisiones de política (intervención del INDEC, conflicto con el campo y eliminación del sistema de jubilación privada, entre los más destacados hitos de la gestión económica reciente). Estos procesos han acotado en forma apreciable los márgenes de maniobra y la credibilidad de las políticas, complicando enormemente la administración macroeconómica. Aún así, la economía como un todo exhibe todavía niveles de ahorro interno relativamente elevados (y ciertos stocks acumulados en períodos previos) que en lo inmediato le permitieron sobrellevar sin mayores episodios disruptivos las dificultades y la ausencia (virtualmente autoimpuesta) de financiamiento voluntario.

De hecho, en estos años, favorecida por la conjunción de muy buenos precios de exportación y una paridad competitiva, la economía fue capaz de crecer sin generar desequilibrios externos. Por primera vez en un largo período se alcanzó, hacia 2006, una situación de virtual pleno empleo factorial sin que la restricción externa se tornase operativa. Algo muy difícil de alcanzar para nuestra economía si se recuerda que la lógica del stop go fue un factor subyacente de crucial importancia en explicación de la dinámica macroeconómica local. Con la enorme “ayuda” provista por cierto por el colapso de las importaciones en la última etapa, se asiste incluso ahora al desplome del comercio mundial con un razonable excedente de cuenta corriente. Seguro, desde hace casi dos años, cada dólar que ingresa por la cuenta comercial se canaliza como formación de activos en el exterior por parte de residentes. Pero, al menos, la fuerte ganancia de términos de intercambio de los últimos años permitió por ejemplo “solventar” sin crisis bancaria y de balanza de pagos alrededor de un cuarto de una persistente salida de capitales –que acumula ya unos U$D 40.000 M o casi 7% del PIB.

El cierre de la brecha de financiamiento del sector público con recursos “propios” fue, hay que decirlo, mucho menos contundente, debido al progresivo deterioro experimentado por las finanzas públicas. También fue terriblemente más dañino en términos de incentivos y certidumbre sobre los derechos de propiedad, debido a la decisión de apelar para ello a los recursos previsionales acumulados previamente por el extinto sistema de AFJP y a otras fuentes –finitas- de financiamiento interno. Pero más allá de eso, y del sesgo claramente pro-cíclico que caracterizó a la política fiscal en el auge previo, parece difícil afirmar que el problema de financiamiento que enfrenta el sector público en la actualidad se explique, principalmente, por un desbalance flujo de ingresos y gastos. Ningún país afronta necesidades de financiamiento anuales promedio de 6/7% del PIB sin efectuar roll over de parte de los vencimientos de capital y apelando exclusivamente a los ahorros del período. Si no hay financiamiento voluntario disponible no es por el tamaño de la brecha a financiar –y mucho menos por el resultado fiscal “arriba” de la línea . En cualquier caso, el punto a efectuar es que, a diferencia de episodios pasados, la economía local arribó a la coyuntura actual en condiciones de mucho menor vulnerabilidad y, definitivamente, sin la acumulación de desequilibrios flujo que exijan un esfuerzo dramático de ajuste para su corrección futura.

Por otra parte, lo que podía entreverse como defecto se transformó ahora en incipiente virtud: como la fase expansiva precedente fue financiada en buena medida con beneficios retenidos por las firmas, los bajos niveles actuales de intermediación financiera y de apalancamiento determinan la ausencia de situaciones relevantes de fragilidad financiera potencial en las hojas de balance. Al mismo tiempo, a diferencia de lo ocurrido en experiencias previas, la poco densa trama de relaciones financieras y contratos indica un bajo potencial de destrucción de riqueza asociado a eventuales eventos disruptivos. Esto implica, por ejemplo, una menor relevancia de los efectos de hoja de balance de una depreciación cambiaria respecto de situaciones previas en las que numerosas posiciones financieras tenían una elevada exposición al descalce de monedas.

Lo anterior está lejos de significar, por supuesto, que la economía local haya recuperado la flexibilidad del tipo de cambio para hacer frente a shocks adversos. En realidad, éste es tal vez uno de los desafíos más complicados que enfrentará en el próximo período la administración macroeconómica y, en particular, la política monetaria. Luego de un trienio de políticas extremadamente pro-cíclicas que alentaron una fuerte puja distributiva y de la desaparición de toda referencia brindada por el índice de precios, las expectativas de inflación no tienen un ancla creíble. Con una actividad contrayéndose todavía a un ritmo del orden del 4% anual, la inflación se sitúa en torno del 12/13% anualizado. ¿Qué debemos esperar de la evolución de precios entonces cuando la economía deje de caer y simplemente se estanque? Como las tendencias recesivas en curso algo ayudan a contener estas presiones, es fundamental que las autoridades no dejen escapar la oportunidad para recomponer alguna credibilidad en materia antiinflacionaria. De otro modo, los efectos de una modificación cambiaria pueden volver a replicar lo que ha sido característico del caso argentino en el pasado. Típicamente, los impactos contractivos de una devaluación tendían a hacerse sentir no tanto a través del canal financiero sino vía su impulso a la puja distributiva y la consecuente aceleración inflacionaria, algo que tendió a reflejar una amplia lista de literatura de orientación estructuralista.

No obstante, cuando todo parecía complicarse seriamente en el plano cambiario, y contra todo consejo sensato, “Dios pareció empecinado en demostrar que sí, que es argentino”. El mundo una vez más acudió en auxilio, otorgándonos una nueva oportunidad (que no podemos “volver a transformar en crisis”, como podría inferirse con algo de malicia de nuestro accionar reciente). Luego de una ronda de fuertes depreciaciones respecto del dólar, en el último trimestre las monedas emergentes han tendido a apreciarse, al tiempo que los precios internacionales de las commodities alimenticias han vuelto a ubicarse en valores elevados (parte del alza se debe, por cierto, a la merma de nuestra propia cosecha como consecuencia de la sequía y de las políticas de desaliento al sector agropecuario). Esta carambola –que pareció reivindicar ex post como de profunda sabiduría la intervención de flotación administrada del Banco Central (“acomodar sólo los efectos permanentes del shocks, desestimando los componentes transitorios”)- otorgó un bonus track más que bienvenido a la política cambiaria, lo que no es poca cosa en las actuales circunstancias. Por otra parte, en tanto cabe esperar un mundo más inflacionario a la salida de la crisis financiera, eso reduce ceteris paribus la presión apreciatoria a que nos condenan nuestros problemas para moderar el elevado ritmo de incremento de los precios internos.

Más aún, para lo que puede pretenderse, las condiciones proyectadas del entorno internacional son bastante auspiciosas. Merced a agresivas acciones de estímulo y sostén, la economía mundial parece haber encontrado cierto piso en su espiral descendente. Aunque la eventual recuperación esté lejos de ser especialmente vigorosa, el perfil con el que debería retomarse un crecimiento global más balanceado puede favorecer a una economía como la nuestra. En efecto, para sostener su actividad y su empleo, China y otras economías con elevados niveles de ahorro interno deberán descansar, de manera casi ineludible, en el próximo período en mayor medida en la evolución de su demanda doméstica. Lo que implica que los términos de intercambio que hemos disfrutado en estos años no han tenido únicamente un componente transitorio, como podía llegar a sospecharse en el auge anterior. Por otra parte, varias economías de la región (Chile y Brasil, de manera prominente) parecen estar pasando de manera más que aceptable el severo test impuesto por la crisis y ello augura una etapa de renovada expansión una vez superadas las dificultades. Es cierto que las condiciones de acceso al financiamiento externo no serán especialmente generosas en un mundo de fuertes desequilibrios fiscales y angustiantes necesidades de fondos en las economías avanzadas. Pero vale la pena recordar que nuestro país arriba a la actual coyuntura con bajos niveles de endeudamiento y, por tanto, necesidades de financiamiento poco exigentes para sus estándares tradicionales.

Como se anticipó, todo lo anterior conduce a pensar que, para lo que nos caracteriza, el modo en que llegamos a la actual encrucijada es más que razonable. Pese a su desmejora, ni las condiciones de que se parte ni la trayectoria esperada de las variables fundamentales permite anticipar, de manera ineluctable, un desenlace crítico. O, en todo caso, todo depende de las señales a emitir y las acciones a adoptar por parte de los hacedores de política.

Lógicamente, a juzgar por el modo insólito en que llegamos hasta aquí – ahogando la recuperación por decisiones autónomas vinculadas con la incapacidad de procesar en forma civilizada y racional los efectos distributivos de una ganancia neta para el país!!!- es muy poco el espacio para ser demasiado optimistas. Menos holgado se torna ese margen si se atiende a las primeras reacciones del matrimonio K desde la madrugada del 29-J. Todas ellas muestran un preocupante nivel de desconexión con la realidad y un gobierno sumamente debilitado en su capacidad de recuperar la iniciativa. Primero, en una curiosa lectura de lo acontecido, se habló de “profundizar la gobernabilidad”. Segundo, se afirmó que nada particular había sucedido y que no había motivo alguno para el cambio. Tercero, se anunció un cambio de gabinete cuyo principal valor informativo es el profundo aislamiento de las autoridades y la ausencia de toda figura respetable dispuesta a acompañarlas, si éstas insisten en la actual orientación de sus políticas. Lo único que contrasta, por ahora, con esas posturas es la manifestación de una poco creíble voluntad de diálogo, especialmente si se atiende al estilo característico de los gobiernos K en todos estos años. La agenda propuesta, asimismo, luce muy poco relevante para encarar la solución de los problemas inmediatos.

Entretanto, redisponiendo las pocas fichas que le quedan, los K han efectuado el nombramiento al frente del Ministerio de Economía de uno de esos jóvenes (pos)modernos y pragmáticos que acompañan a todo gobierno, al menos en nuestro país. Podría pensarse que, desprovistos de mayores alternativas, los K habrían retomado –nominalmente y en condiciones mucho menos heroicas- el intento de Ulises de “seguir viaje aferrados al mástil”, pese a los insistentes “cantos de sirena” en favor de un cambio en el rumbo a ninguna parte al que parecen conducirnos. Sin embargo, a nuestro juicio, el nombramiento está condenado a ser sólo una versión caricaturesca (una mueca triste) de la política de “autofinanciamiento para vivir con lo nuestro”. En condiciones de alta debilidad política parece difícil que, pese al personaje, los K puedan rehacerse intentando reeditar con vigor ese esquema que con tanto entusiasmo abrazaban antes de las elecciones.

La razón es sencilla. Ese curso de políticas es claramente inviable e incluso las actuales autoridades estarán en condiciones de comprenderlo. No hay modo plausible de resolver de manera permanente problemas en los stocks (vgr. necesidades de financiamiento) apelando a los flujos excedentarios presentes. Por otra parte, aún cuando no sean particularmente elevados, el tamaño de muchos de esos problemas de stock no es inmutable, en tanto pueden amplificarse endógenamente como resultado de la percepción de insostenibilidad del actual curso de políticas por parte de los agentes. No tiene demasiado sentido afirmar, por ejemplo, que “raspando tales y cuales ollas” se conseguirán los recursos necesarios para hacer frente a los vencimientos del próximo bienio. Aún cuando ello sea así, el equilibrio en los mercados de activos domésticos es muy frágil y la sola mención de muchas de las fuentes de financiamiento imaginadas por las autoridades pueden gatillar nuevas rondas de salida de depósitos y una aceleración de la fuga de capitales. Pero, incluso si esto no ocurriese, parece difícil esperar respuestas demasiado expansivas de parte de firmas y consumidores. Por un lado, la presión sobre los recursos internos ejercerá un innecesario efecto de desplazamiento sobre la disponibilidad de crédito doméstico en una economía estancada. Por otro lado, si la incertidumbre fiscal permanece irresuelta –más allá de que, en cada instancia de pago, se “llegue a último minuto” con los recursos necesarios- parece difícil postular que habrá demasiados agentes dispuestos a comprometer recursos reales con horizontes más o menos amplios.

Una política de “autofinanciamiento” acentuaría, asimismo, en forma cada vez más aguda los casi nulos márgenes de maniobra de que disponen todavía las autoridades. En el plano fiscal, por ejemplo, tendería a agudizarse la tensión entre necesidades de financiamiento que no pueden atenderse recurriendo a los mercados voluntarios de crédito y la intención de encarar políticas expansivas apropiadas para el momento del ciclo económico; en el plano monetario/cambiario, el dilema se manifestaría en la incapacidad para responder a eventuales nuevos shocks adversos y la necesidad de preservar al mismo tiempo un mínimo de estabilidad financiera interna. En tanto los agentes percibirán esa restricción en los grados de libertad de los policy makers, perturbaciones que la economía local debería procesar con escasas dificultades debido a los reducidos niveles de vulnerabilidad que todavía exhibe podrían complicar seriamente la dinámica macroeconómica de corto plazo. Debe convenirse que, más allá de encomendarse a la buena suerte como Ulises al pasar el estrecho, navegar en aguas procelosas en tales condiciones es una innecesaria apuesta de alto riesgo.

Por otra parte, aún cuando no hubiese una comprensión profunda de la inviabilidad de tal curso de políticas, las chances de que un gobierno debilitado intente una estrategia que demanda una gran hegemonía y una alta capacidad de acción (y confrontación) tienden a ser mínimas. Aunque siempre es mejor no subestimar, varios observadores, entre los que nos incluimos, afirman así que el riesgo K –la probabilidad de que se verifiquen nuevas acciones sorpresivas, desequilibrantes e insensatas- ha disminuido fuertemente en el escenario post-electoral. Probablemente, más por instinto de supervivencia que por convicción profunda. En todo caso, más tarde que temprano y dejando a un lado la retórica, parece inevitable el abandono gradual de la estrategia de “autofinanciamiento y de desendeudamiento a marcha forzada”.

Esa percepción parece sobrevolar la ambigüedad de las recientes declaraciones del flamante ministro, quien se habría mostrado dispuesto a no cerrar ninguna puerta (un mensaje de similar pragmatismo al que exhibía en conversaciones privadas con varios empresarios en las semanas previas a las elecciones en las que, como tantas veces en esta administración, se intentó promocionar la existencia de una figura “razonable”). La fantasía aquí es que, con un par de declaraciones amistosas y unos cuantos gestos cosméticos (entre los que podría figurar incluso el reemplazo del secretario de Comercio y un eventual remozamiento del INDEC), Argentina podría volver a los mercados voluntarios de crédito y recuperar el acceso al financiamiento compensatorio de los organismos multilaterales de crédito (o de alguna agencia de gobierno de las economías avanzadas). Esta estrategia (“volver al mercado sin hacer nada”) es, en las actuales condiciones, un conjunto vacío para nuestro país. El problema, a nuestro juicio, es que el gobierno perderá un tiempo preciosísimo persiguiendo este Santo Grial y sin disipar de manera completa la incertidumbre respecto de que es siempre posible la reaparición del riesgo K. Esto podría provocar una oscilación entre episodios periódicos de tensión financiera por la percepción de recurrente atraso del tipo de cambio y rondas más o menos intensas de aceleración en la tasa de deslizamiento cambiario admitida por el esquema de flotación administrada del Banco Central. Entretanto, en el mejor de los casos, la economía tenderá a converger a una situación de estancamiento con inflación de moderada a alta (dependiendo de la intensidad de la puja distributiva). Vale decir, viniendo de Guatepeor a Guatemala pero sin alejarnos mucho de esa región .

El retorno al financiamiento voluntario sólo puede ser el resultado de una estrategia gradual pero consistente de política económica. Incluso, el recurso al crédito del FMI, por ejemplo, sólo debería ser la consecuencia de la decisión autónoma de las autoridades de efectuar correcciones serias y otorgarle un rumbo claro a la gestión macroeconómica. Fantasear con que nuestro país será capaz de acceder a facilidades de crédito generosas en el marco del nuevo enfoque de políticas preventivas del FMI (algo así como su versión 2.0) es poco productivo. No es difícil imaginar que el programa que el staff del organismo tiene preparado para nosotros es mucho más afín al que le proponen a Europa del Este que el que está implícito en la retórica de Strauss Khan en las reuniones del G20.

Por eso, en lo inmediato y para darle contenido a su llamado al diálogo, las autoridades deberían enunciar la voluntad de encarar un programa de ordenamiento macroeconómico. Parece haber demasiado consenso profesional en cuáles debieran ser los componentes básicos de un programa de ese tipo (recurran al saber técnico cuando todavía no se les presentó otra epidemia, por favor!!!): 1) impulsar una normalización urgente del sistema estadístico; 2) revertir del deterioro de las finanzas públicas, minimizando los impactos contractivos de tales acciones a través de políticas de eliminación gradual de subsidios que recaigan sobre los sectores de mayor poder adquisitivo; 3) reemplazar parte de las retenciones por impuestos menos distorsivos y eliminar gradualmente prohibiciones que restringen la oferta exportable; 4) promover acuerdos con sectores empresariales y sindicales que permitan encauzar la puja distributiva y en ese marco utilizar de manera más activa el esquema de flotación administrada y las herramientas de política monetaria para evitar presiones al atraso cambiario. Varios dossier con recomendaciones similares están disponibles, de hecho, en la mesa de trabajo de la presidente y su esposo. Los costos principales de una estrategia de este tipo no son económicos; son políticos. Tal vez en el instinto de supervivencia y la aversión al suicidio político estén las principales razones para explicar por qué no son éstas las cartas de navegación que eviten que el barco vaya a la deriva mientras rezamos porque Escila y Caribdis nos permitan atravesar el estrecho.

Profundizar la Gobernabilidad

Por Antonio Camou

En la madrugada de la contundente derrota electoral, Néstor Kirchner señaló que la tarea de la hora era “profundizar la gobernabilidad”. Si bien un día después la presidenta se deshizo en elogios no correspondidos hacia la propuesta de “Pino” Solanas, y miró con grandes ojos avariciosos su buena cuota de diputados, se espera que la orientación efectiva del gobierno camine por senderos menos resbaladizos. Esto es, en vez de avanzar hacia el precipicio abrazados al lema “profundizar totalmente el modelo sin preocuparnos por la gobernabilidad”, sería mejor que la consigna del momento fuese algo así como “profundizar la gobernabilidad pero sin abandonar totalmente el modelo”.

La buena noticia de la semana es que la estructura de incentivos políticos alienta alguna esperanza de conformar un escenario medianamente razonable. En este sentido, podríamos decir que hay una zona de equilibrio de intereses convergentes que propicia el logro de acuerdos, aunque todavía no haya puntos claros de coincidencia. De un lado, la pareja gobernante no está dispuesta a dejar el poder, y del otro, a las diferentes oposiciones (peronismo disidente y sobre todo al pan-radicalismo) no les conviene ocuparlo. Y si bien por el momento ambos se rechazan, las dos partes de la ecuación política se necesitan para transitar el largo y escabroso camino que nos separa del 2011. En el caso del gobierno, razonablemente pretende seguir adelante pero no a cualquier precio, es decir, aceptando cualquier tipo de imposición de nombres o de políticas; en el caso de las oposiciones, requieren tiempo para organizarse, y lo que menos querrían en lo inmediato sería hacerse cargo del poder improvisadamente para hacer el trabajo sucio de un inevitable ajuste.

Es claro que no los une el amor sino el espanto, pero un poco de unión siempre fue algo más que nada. De este modo, el gobierno requerirá apoyos en el Congreso para enfrentar un escenario socioeconómico complicado, pero la oposición necesitará que el oficialismo navegue por esta crisis sin encallar. Sería suicida para el peronismo disidente o para el “Acuerdo Cívico y Social” dinamitar la nave gubernamental, y un abrupto abandono del Ejecutivo por parte de los Kirchner sería un excelente pasaporte para ellos, y para buena parte de sus más encumbrados funcionarios, hacia un interminable desfile por los tribunales de Comodoro Py.

Ahora bien, no hay gobernabilidad sin consensos básicos entre los actores estratégicos de la sociedad: tanto de los actores político-institucionales -el Congreso, los gobernadores, los partidos y el Ejecutivo Nacional-, como de algunos actores sociales: empresarios, sindicalistas, organizaciones sociales, etc. Esos acuerdos pueden parecer hoy de difícil elaboración pero no hace mucho tiempo enfrentamos un escenario semejante, y como lo han destacado algunos analistas en estos días, la memoria de lo acontecido puede resultar aleccionadora.

En los primeros meses del 2002 el país marchaba a la deriva. Fue entonces cuando el gobierno de Duhalde logró conjugar un esquema básico de poder para encauzar la crisis. En ese esquema fueron fundamentales la convocatoria a un amplio diálogo entre actores políticos, empresariales y de la sociedad civil; la implementación de un programa social de cobertura universal; y la designación de un ministro con probada solvencia técnica, autonomía de gestión y capacidad para generar confianza en los agentes económicos internos y externos. Pero esa trama de decisiones tuvo como marco el virtual pacto de gobernabilidad que el entonces presidente interino firmó el 24 de abril de 2002 con la mayoría de los gobernadores (no lo firmaron San Luis, la Ciudad de Buenos Aires y... Santa Cruz). El texto, bautizado como el documento de los “Catorce Puntos”, no constituyó ningún parteaguas en la historia del pensamiento político occidental, pero sirvió para fijar límites y definir orientaciones políticas clave. Aunque su contenido luce hoy desactualizado en varios rubros, quizá recordarlo puede tener todavía alguna función inspiradora. Decía así:

Respetar los acuerdos internacionales de la Nación y reafirmar la vocación de integrar la Argentina al resto del mundo. 2) Firmar en un plazo no mayor de 15 días los acuerdos bilaterales con las provincias, dando cumplimiento al Pacto Fiscal suscripto oportunamente. 3) Elevar al Congreso de la Nación, en un plazo no mayor de 90 días, el proyecto de ley consensuado de un nuevo sistema de coparticipación federal de impuestos. 4) Propiciar las políticas fiscales y monetarias que mantengan la disciplina y los equilibrios necesarios que eviten la suba descontrolada de precios y la inestabilidad cambiaria. 5) Garantizar a los ahorristas, a través de instrumentos legislativos adecuados, la previsibilidad necesaria sobre el destino de sus fondos asegurando su liquidez. 6) Garantizar las acciones que restablezcan en forma inmediata un sistema financiero sólido y confiable. 7) Instrumentar un nuevo acuerdo de responsabilidad fiscal para la administración nacional, provincial y municipal que asegure su cumplimiento mediante un sistema explícito de premios y castigos. 8) Propiciar una reforma impositiva integral moderna y simplificada que aliente y estimule la inversión de capitales e impida la evasión, la elusión y el contrabando. 9) Propiciar la inmediata sanción de la ley de Quiebras. 10) Propiciar la inmediata derogación de la ley de Subversión Económica. 11) Propiciar la repatriación de capitales argentinos destinados principalmente a proyectos productivos con demanda de mano de obra intensiva. 12) Alentar las inversiones nacionales y extranjeras dedicadas a la exportación de productos manufacturados o a la sustitución eficiente de importaciones. 13) Asegurar el cumplimiento efectivo de la reforma política acordada, asegurando la reducción de gastos políticos y burocráticos innecesarios y la modernización de las formas de selección electoral. 14) Asegurar un mecanismo de asignación de planes de empleo convirtiéndolos en empleos efectivos a través del sector productivo.

A la vista de dónde venimos, y por dónde estamos, el futuro no parece tan oscuramente malo; lo único que nos anda faltando son los catorce puntos, una extendida disposición al diálogo y la decidida voluntad de acordar...

La Plata, 5 de julio de 2009.

Peronismo de geometría variable

Por Vicente Palermo

Quisiera llamar la atención sobre dos cuestiones que las elecciones pasadas han hecho patente: las burbujas electorales y la geometría variable del peronismo. Son relevantes por constituir -conjeturo- rasgos perdurables que, si bien no son inéditos, han ganado nitidez en la escena político electoral argentina.

En cuanto al primero, la volatilidad de un electorado que a veces parece móbile qual piuma al vento , produce composiciones heterogéneas que serían insólitas si las preferencias del votante estuvieran configuradas sobre la base de identificaciones partidarias más firmes (no estoy sugiriendo que esto sea ni mejor ni peor).

Una de las consecuencias es la emergencia de liderazgos tal vez fugaces, pero que la imprevisibilidad del juego político puede llevar a cargos de gobierno sin las credenciales que, por lo menos yo, considero necesarias para pensar que han de ejercerlos competentemente.

A mi entender, es el caso de Pino Solanas: si la burbuja electoral continúa creciendo, podría llevarlo -¿por qué no?- al gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Y Julio Cleto Cobos -aunque su fuerza electoral no fue testeada directamente en las pasadas elecciones- que me disculpe, pero no encuentro aún motivos convincentes para confiar en sus condiciones presidenciales.

El fenómeno de las burbujas trae al tapete la cuestión de la responsabilidad del votante, en un ambiente cultural en que éste se siente mucho más inclinado a ver la paja en el ojo del representante que la viga en el suyo. En cuanto a la geometría variable del peronismo, patente en el número de alianzas electorales en las que participaron agrupamientos peronistas, mi hipótesis es que ha cambiado radicalmente si tomamos en cuenta la historia pasada: antes, los peronistas se abrían -si no quedaba más remedio- para volver: los incentivaba la existencia de un electorado relativamente cautivo que definía un campo de disputas unificado, el "peronismo".

La "Gran Cafiero" de 1985 ilustra este comportamiento. Ahora, ese campo electoral unificado no existe, y los distintos peronistas tienen incentivos para permanecer, literalmente, con un pie dentro y otro fuera. Muy pronto podremos testear esta hipótesis. Si los principales peronismos consiguen dirimir su disputa en una sola interna peronista (abierta o cerrada) entonces sería equivocada. Veremos.

Publicado en el diario La Nación el domingo 5 de julio de 2009.

Drogas ilícitas y diplomacia ciudadana

Por Juan Tokatlian

Resulta notorio que la "guerra contra las drogas" -fuertemente influida por el prohibicionismo- es costosa y contraproducente. Aunque Naciones Unidas asegure que el problema va superándose, los datos objetivos muestran que empeora. Recientemente, en marzo, la ONU realizó un balance de la década de la lucha antinarcóticos que proclamó en 1998: al tiempo que numerosos representantes gubernamentales reafirmaban las virtudes de las políticas aplicadas, las voces de muchas ONGs, expertos y movimientos sociales enfatizaron el fracaso del régimen global antidrogas vigente.

Este régimen pretende eliminar por medios represivos el cultivo, la producción, el procesamiento, el tráfico, la distribución y el uso de sustancias psicoactivas declaradas ilegales. Cabe subrayar, sin embargo, que la prohibición subyacente al actual régimen no es "pura": prevalece un modelo inconsistente de coerción. Por un lado, se castiga y se persigue a determinados protagonistas y con énfasis a ciertas dimensiones del fenómeno. Por el otro, se toleran relativamente las prácticas de algunos agentes en determinadas coyunturas y de acuerdo a criterios bastante opacos. Ya sea en su versión "pura" o "impura" la consecuencia de la prohibición ha sido invariable: genera más corrupción, violencia, lucro e inestabilidad; hechos que afectan de manera desigual a las sociedades de la periferia y el centro.

Uno de los hechos más preocupantes ligados al irresuelto asunto de las drogas es el auge del crimen organizado. Una nota distintiva identifica el desarrollo de la criminalidad organizada: ésta se expande en tres estadios. Tiene una fase "predatoria" inicial, consistente en la afirmación territorial de grupos criminales que garantizan su poderío por medios violentos, y con ello logran defender su empresa ilícita, eliminar rivales y asegurar el monopolio privado de la fuerza. Tiene una fase "parasitaria" posterior, que implica mayor influencia política y económica, combinada con una gran aptitud para corromper el Estado y la sociedad. Y tiene un último nivel "simbiótico" cuando para lograr su afianzamiento el sistema político y económico se vuelve tan dependiente del "parásito" -es decir, del crimen organizado- como éste de la estructura establecida. En ciudades y regiones a lo largo del sistema internacional y en grandes porciones del territorio de algunos países los avances de la fase "simbiótica" son elocuentes.

En el Norte la percepción de amenaza del crimen organizado se entrelaza con la cuestión del terrorismo y la posibilidad de que los Estados fallidos sirvan de santuario para ambos; lo cual significa todo un problema de seguridad. En el Sur la mirada sobre el ascenso del crimen organizado se vincula con la vulnerabilidad externa y la institucionalidad interna; esto es, se trataría de un problema de gobernabilidad. Así, la criminalidad organizada socava la democracia, debilita el Estado de derecho, facilita la corrupción, aumenta la injusticia social, produce costos directos e indirectos a la economía, degrada el sistema político y mina la soberanía.

Esta discordancia entre el Norte y el Sur puede tener consecuencias negativas para superar la cuestión del crimen organizado. Tal como lo muestra el manejo de otros temas -por ejemplo, el terrorismo transnacional- hay dos alternativas diferentes y dos enfoques disímiles. Respecto a las alternativas puede existir una postura defensiva que intenta lidiar preferentemente con las dimensiones del fenómeno en el propio territorio u otra postura ofensiva que busca transferir masivamente al exterior el ámbito de lucha. Respecto a los enfoques puede existir uno que enfatice los instrumentos militares para superar la cuestión u otro que propicie medios no exclusivamente punitivos. Si aquel antecedente se repitiese habrá que esperar que el combate contra el crimen organizado se libre preponderantemente en la periferia y por la fuerza.

Una vía, entre otras, para evitar ese escenario, para impugnar el prohibicionismo actual y para exigir que los Estados reviertan el florecimiento del crimen organizado, es a través de la activación de una diplomacia ciudadana, en particular en el triángulo occidental compuesto por Latinoamérica, la UE y Estados Unidos. Entiendo por ese tipo de diplomacia el que grupos no gubernamentales desarmados usurpen benignamente un rol tradicional del Estado, asuman una labor de interlocución legítima con distintas contrapartes en el exterior y desplieguen alianzas novedosas con la sociedad civil internacional.

Se podría estimular entonces la concreción de coaliciones que ayuden a cuestionar y repensar las políticas prevalecientes frente a las drogas. Asimismo, se podría demandar una estrategia integral de los Estados frente al asunto del crimen organizado, de tal modo que se haga hincapié en sus efectos deletéreos para la gobernabilidad, se eluda la militarización de su enfrentamiento y se asuma que las perspectivas en extremo soberanistas para su tratamiento resultan disfuncionales. Por último, se podrían alentar espacios de diálogo para que los Gobiernos de Latinoamérica, Estados Unidos y Europa confíen más entre sí: en cuanto a las drogas y el crimen organizado sobresale un revelador dilema de prisionero que ya es muy gravoso para todos y cada uno. Es hora de un viraje en esta materia y para ello la diplomacia ciudadana puede ser crucial.

¿Del kirchneriato al kirchnerismo?

Por Antonio Camou

Los resultados de las elecciones del 28 de junio parecen haber cerrado dos ciclos y abierto la puerta a dos países políticos.

El primer ciclo es el que comenzó con la salida de la crisis del 2001, cuando el binomio Duhalde-Lavagna empezó a enderezar el barco después del desastre, y luego fue continuado por los Kirchner. El despegue fue posible gracias a la articulación de tres factores básicos: una táctica (llamarla estrategia sería forzar un poco las cosas) de inserción competitiva en el mercado mundial, un esquema (precario pero defendible) de solvencia fiscal y una firme autoridad política con eje en la figura presidencial. Designar a este esqueleto un “modelo” ha sido una licencia poética, pero mirado desde donde veníamos alcanzó para “crecer a tasas chinas” y recuperar el empleo, sobre todo en la fase fácil de expansión basada en una alta capacidad productiva ociosa y con un contexto internacional excepcional.

El segundo ciclo, más corto, empezó como empiezan casi todos los desbarajustes de una Argentina que se cree entretenida, y es pavorosamente monótona en su decadente desorden: la debacle comenzó con el desarme de los elementales componentes del triángulo. En este caso, arrancó bastante antes del conflicto con el campo, cuando la producción empezó a tocar el techo de las capacidades instaladas y la inflación empezó a salirse de cauce; luego, los desbordes fiscales utilizados para remendar inconsistencias o sufragar la campaña de Cristina Presidente encendieron las luces amarillas, y el posterior intento de torniquete impositivo a los sectores agropecuarios chocó con la rebelión del interior y el rechazo de los grandes centros urbanos. Como todos los rechazos, fue un amasijo de buenas y malas causas, pero abrió una ventana de oportunidad que nos trajo hasta aquí.

De aquel trípode de condiciones, la recompuesta autoridad presidencial fue quizá el logro más personal de los Kirchner, en particular por su original amalgama de viejos y nuevos materiales, aunque su arquitectura recordara parcialmente a otras experiencias peronistas previas. Como sabemos, Menem fue capaz de improvisar una efectiva construcción simbólica en torno a los motivos de un pensamiento neoliberal y una más limitada semántica de la reconciliación histórica, tanto con referencia a los viejos antagonismos entre peronistas y antiperonistas como en los más trágicos y recientes entre civiles y militares. Esa construcción fue un tejido de intereses, de visiones y proyectos de actores socioeconómicos y políticos, pero también un espacio de articulación de cuadros intelectuales y expertos –muchos de ellos “importados” desde fuera del campo peronista- que le proveyeron un sólido soporte de gestión a lo largo de una década. Más allá de idiosincrasias, personalidades o temperamentos, Kirchner quitó de cuajo esas incrustaciones y reconfiguró un discurso –una aleación de textos, memorias, prácticas y actores- que recogía antiguos y renovados trazos del pensamiento nacional y popular, “forjista” y estatista, junto a una fuerte elaboración en torno a la lucha por los derechos humanos según la versión vindicatoria de la izquierda militante. Claro que a diferencia de Menem, y en una sintonía más cercana a lo que fue la antigua “cafieradora”, el discurso kirchnerista pudo hilvanarse con tropa propia, apelando a preciosos recursos del más puro imaginario del peronismo setentista, aunque enriquecido por el aporte de una significativa masa disponible de intelectuales migrantes de otras experiencias, compañeros de rutas convergentes, fugitivos de similares derrotas.

En la esperpéntica simplificación de estos apuntes, a esa mixtura de textualidades, actores y políticas (ya sea económicas o laborales, de amistades externas o de DDHH), bien le cabe el mote de “kirchnerismo”. Es este kirchnerismo, sobre todo, el que fue plataforma de lanzamiento de la frustrada experiencia transversal o de la concertación plural. Es este kirchnerismo, también, el que desde hacía rato deambulaba a ciegas por su andarivel socioeconómico, tanto por su incapacidad para desarrollar una sustentable estrategia inversora en condiciones de competencia globalizada, como por sus dificultades para remontar la cuesta de un crecimiento redistribuidor.

Pero la recompuesta autoridad presidencial que los Kirchner supieron conseguir también se nutrió de afluentes algo más tradicionales y bastante menos presentables. Esos añejos materiales son los de un estilo de conducción personalista, vertical y hegemónico, que utiliza todos los recursos disponibles –legales y paralegales- para concentrar el poder en un sistema de decisiones piramidal, excluyente desde el punto de vista político, e irrecuperablemente ineficaz para una gestión pública moderna. Se trata de un esquema que no reconoce límites, más allá de las fronteras fácticas de su propio uso, y que tampoco respeta controles republicanos, ni autonomías de la justicia o de la prensa; un oscuro dispositivo que entrevera los aportes de campaña, el tráfico de influencias y el capitalismo de amigos con la intervención del INDEC o la subordinación del Consejo de la Magistratura. Este sistema, que se unió a lo peor del peronismo bonaerense en su insaciable deseo de perpetuación, es lo que bien valdría la pena llamar el “kirchneriato”

Porque los unen vínculos sutiles, que sus propios protagonistas no han tenido hasta el momento la voluntad de desglosar ni desmentir, a estas horas se habla indistinta y profusamente de la “derrota del gobierno” o de la “derrota del kirchnerismo”, pero me temo que se esté mezclando más de lo que habría que mezclar. Así, mientras el “kirchneriato” no tiene nada que valga la pena ser rescatado para los tiempos por venir, y su efectivo desguace es una tarea central de la próxima agenda legislativa, el “kirchnerismo” encarna una visión poderosa que anima a buena parte de la dirigencia política, social e intelectual de la Argentina contemporánea; una visión que quizá pronto empiece a buscar nuevas y más justas palabras para ser nombrada.

Nada cuesta reconocer que descreo de las virtudes del paradigma kirchnerista como respuesta a los principales retos de nuestro desarrollo socioeconómico o político-institucional, pero creo también que es un proyecto con el que es imprescindible debatir. En lo inmediato, y frente a los graves desafíos que tenemos por delante, pensarse como una entidad simbólica y política que vaya más allá del estrechísimo círculo que rodea a la pareja presidencial, podría dotar al oficialismo de una racionalidad colectiva superadora del capricho momentáneo de un líder obnubilado. Pero a mediano plazo, difícilmente pueda concebirse la construcción de una Argentina más justa sin algunas de las textualidades, las energías y los actores que el “kirchnerismo” supo convocar. En esa elaboración, además, algunos motivos de su pensamiento –junto a tradiciones liberales o socialdemócratas- son una pata necesaria para el despliegue de un campo de tensiones político-intelectuales que sirvan de marco a las orientaciones estratégicas de nuestras políticas públicas.

Desafortunadamente, y lejos de estas necesidades, los primeros mensajes del matrimonio gobernante luego de la catástrofe no han sido particularmente auspiciosos, aunque habrá que dejar correr algunos días para evaluar hacia dónde apuntan sus decisiones de fondo. Mientras tanto, un país político ya se ha puesto en marcha con destino al 2011. Demasiado parecido al que hemos tenido durante largos y delegativos años, es un país de candidaturas oportunistas, de personalismos acomodaticios, de improvisados rejuntes, que tienen por única guía la inconstante veleta de los vientos de turno o la profunda coincidencia marquetinera en un spot televisivo.

Frente a ello se abre la oportunidad de construir un país diferente. Un país de proyectos en discusión, un país de debates sobre ideas, horizontes y estrategias. Ciertamente, podrá esgrimirse que el elenco gobernante parece no estar “escuchando” a la sociedad, pero también deberíamos enderezar hacia nosotros mismos una interpelación similar, acerca de nuestra dudosa capacidad para prestarle al “otro” su merecida escucha. En este sentido, reconocer al otro no significa identificarlo como mero obstáculo, como se aprecia una roca en la mitad de un río; reconocer al otro es estar dispuesto a dialogar con él para construir una comunidad posible que nos involucre como miembros plenos. A lo largo de muchas décadas la Argentina fue una sociedad donde los actores fueron incapaces de reconocerse y de aceptar mínimas reglas de juego para dirimir su conflictualidad social y política. Desde hace un cuarto de siglo ese paradigma del no reconocimiento se ha trasladado a las orientaciones de políticas, y sus penosos resultados están a la vista de cualquiera que quiera mirarlos de frente.

De aquí en más, a algunos nos tocará la tarea de no meter en la misma bolsa al “kirchneriato” con el “kirchnerismo”, y alejarnos de la tentación de aprovechar la coyuntura de su derrota electoral para ningunearlo como proyecto. Pero del otro lado del mostrador habrá que entender también que los que votaron por propuestas diferentes al oficialismo no son torpes marionetas del “complejo agromediático”, ni tontos útiles al servicio del “bloque agrario”, ni fueron arrastrados al cuarto oscuro por una “aversión irracional” al gobierno de CFK.

La paradoja de la semana es que, para salvar lo que hay de rescatable en el “kirchnerismo”, sus propios seguidores deben comenzar por abandonar el “kirchneriato”.

La Plata, 1 de julio de 2009.

Intransigencia frente al golpismo en Honduras

Se ha producido un golpe de Estado en Honduras. Frente a este hecho lo fundamental es no sólo su repudio categórico, sino también procurarque la situación se revierta.

Siempre se podrá argumentar acerca de la complejidad de los acontecimientos recientes en ese país centroamericano, al tiempo que resulta importante esperar el desenlace de los hechos. Esa argumentación y esa lógica ya las conocimos y las padecimos.

No existe ningún argumento político, jurídico o ético persuasivo que justifique un nuevo golpe de Estado en América Latina. Lo imperativo, en esta hora, es la intransigencia frente al golpismo. En Honduras debe ser restituido en el poder el Presidente Manuel Zelaya, continuar su administración, terminar su mandato, realizar las elecciones ya contempladas para noviembre de 2009 y hacer un tránsito hacia un nuevo gobierno en 2010. Solo la democracia representativa es el camino a una mayor equidad, más justicia, real pluralismo y plena independencia.

Antonio Camou, Sebastian Katz, Federico Merke, Daniel Muchnik, Carlos Mundt, Maria Matilde Ollier, Vicente Palermo, Guillermo Rozenwurcel, Constanza F. Schibber, Juan Gabriel Tokatlián.

Plataformas

Por Antonio Camou

La decadencia de cualquier género (las postales de verano, el piropo, la serenata) suele aflojar el pudoroso lagrimal de la nostalgia; en algunos casos, además, ofrece algún motivo para la sana preocupación. El asunto viene a cuento por el inocultable declive de un arte menor, la escritura de plataformas.

Digo escritura, y no lectura, porque en ninguna imaginaria edad de oro de la participación política la completa digestión de densos mamotretos partidarios fue objeto de masivo entusiasmo. A lo más, el improbable lector o lectora sobrevolaba el índice, exploraba la introducción, y se concentraba en aquellos asuntos de su particular interés, directo conocimiento o abrasadora actualidad: nuestra posición frente al conflicto limítrofe indio-pakistaní, el plan de acción frente al paludismo, la precisa geografía de las propuestas de alcantarillado, etc.

Todavía en 1989 el Instituto Superior de Conducción Política del Partido Justicialista creyó oportuno publicar en varios volúmenes su Análisis, Lineamientos Doctrinarios y Propuestas para la Acción del Gobierno Justicialista. Tengo a la mano el tomo I, que se extiende a lo largo de 395 detalladas páginas, donde se desmenuzan, entre otros temas, lo que habría de hacerse con la “regionalización de los servicios de salud”, el abaratamiento de los fletes de “nuestra Flota Mercante”, y la “plena industrialización del Cobalto 60”.

Ignoramos si el entonces candidato Carlos Saúl Menem leyó el documento, pero según es fama fue el propio caudillo riojano quien empezó a herir de muerte al género; lo hizo un día que, muy suelto de cuerpo, señaló en una revista de variedades que “si antes de las elecciones decía lo que iba a hacer, no me votaba nadie”.

Pasados los años, los distinguidos intelectuales kirchneristas reunidos en el espacio Carta Abierta no dejan de lamentar que las decisiones de un gobierno que apoyan carezcan de un cierto marco programático. “No creemos equivocarnos –advierten en su cuarta epístola a los compatriotas- si decimos que falta la elaboración, explicitación y proyección de algo previo a ciertas medidas importantes”. El punto es digno de toda atención porque señalan orfandades escriturarias y doctrinales que constituyen un notorio déficit de la pareja presidencial. Como todos sabemos, Néstor Kirchner es un tribuno de atril enjundioso, pronunciar atolondrado y diccionario angosto, mientras que la actual presidenta –en cambio- es una oradora distinguida y de palabras tomar; pero ambos han discurrido por la política navegando con vivaz bandera de ágrafos. Sin ir muy lejos, la insólita plataforma que el Frente para la Victoria presentó para los comicios presidenciales de octubre de 2007 era un sesudo y agendatario documento enumerativo que insumía la friolera de... tres páginas.

Mientras tanto, se dice por todos lados que “la gente quiere oír propuestas”. Pero salvo honrosas excepciones tal parece que no está dispuesta a “leerlas”; ya sea porque no dispone de tiempo o de conocimiento para analizarlas, ya sea porque no está muy dispuesta a fundar su juicio electoral en un dificultoso ejercicio de documentación comparada. Con un criterio algo más intuitivo, parecería que “la gente” prefiere invertir el tiempo en otros quehaceres y orejear a los candidatos según como vayan apareciendo en “Gran Cuñado”, o en algún otro entrevero televisivo. De este modo, en momentos en donde abundan los cruces judiciales, los sondeos maquillados, las operaciones de prensa o el reparto de plasmas, las viejas plataformas partidarias parecen melancólicos ensayos de borgeana categorización del mundo.

Y sin embargo, hubo un tiempo en que los denostados pero imprescindibles partidos políticos escribían plataformas como una parte habitual de su vida interna y de toda contienda democrática. Se nos dirá, con mucho de razón, que el problema clave es que hoy ya no tenemos partidos; y también que las cicatrices de la ausencia nos llevan a fogonear una idealización mal avenida: las plataformas nunca fueron un contrato inviolable entre representantes y representados, ni una implacable herramienta de responsabilización. Pero al menos cumplían algunas funciones importantes. Por de pronto, tendían a vincular un análisis de la situación actual y una propuesta concreta de resolución de problemas con cierta doctrina, con algún lineamiento estratégico de mediano o largo plazo. Además, en esos documentos se intentaba compatibilizar, a veces al riesgo de la mera mixtura, las visiones tecno-políticas disímiles al interior de una organización partidaria. Y finalmente, el proceso de elaboración de las plataformas oficiaba de espacio de integración, de posicionamiento y de competencia de los expertos que luego podían ocupar estratégicas posiciones de gobierno.

Sea como fuere, para algunos ya es tarde para lamentarse porque hoy los vientos parecen soplar para otros rumbos discursivos; pero otros, en cambio, aún creen que vale la pena rescatar ese género declinante aunque vayamos un poco a contracorriente. Como me confesaba un militante de a pie, defendiéndose por la telegramática brevedad de cierto colorido panfleto repartido en la vía pública: “Si escribimos textos largos, no los lee nadie; y a fin de cuentas, quién se va a acordar después de lo que escribimos”.

Bien mirado, quizá haya algo peor todavía que escribir plataformas para el común olvido, y es olvidar el por qué teníamos que escribirlas.

La Plata, 21 de junio de 2009

Los reiterados ciclos de la política argentina

Por Luis Rappoport

Están coincidiendo en nuestro país los picos de tres ciclos habituales en nuestra convivencia política. El primero es el ciclo de la política económica. Tuvimos un triste exitismo procíclico durante el auge del precio de los commodities y de la burbuja de crecimiento internacional. Ahora nos quedamos sin instrumentos -ni crédito- para enfrentar el momento de la caída. En esta nueva oportunidad perdida ni siquiera esperamos que la crisis internacional aporte su cuota de inevitabilidad: hicimos las cosas lo suficientemente mal como para desatender los signos de exceso que mostraba la inflación desatada desde fines del 2006.

El segundo ciclo es el de la oscilación entre el "presidencialismo absoluto" al "presidencialismo impotente". Arrancamos con un presidente que se mostraba omnipotente y arbitrario. La bonanza económica abrió expectativas en la población y aportó recursos para asegurar fidelidades en los gobiernos locales y en el Congreso. El poder parecía eterno y se usaba a discreción. Se volvió a un desgastado eslogan: "Al amigo todo, al enemigo ni justicia". Y se inventaron enemigos para justificar el avance absolutista.

Al revertirse el ciclo, ya no quedó plata para fidelizar. Y a los antiguos fieles les resultaba inconveniente acercarse al votante junto a los viejos "absolutistas", tornados "impotentes".

El tercer ciclo resulta más sutil y menos analizado por las ciencias sociales: es el ciclo de la ética. Es lo que se expresó en EE. UU. con las mentiras de Bush. Ninguna sociedad se siente alagada cuando su dirigencia lleva a extremos la idea de que "el fin justifica los medios". En Estados Unidos, cuando se hizo evidente que la famosa "seguridad nacional" ocultaba la destrucción de los valores y las instituciones, dejó de servir para sostener en el poder a los republicanos.

En nuestro caso, la incierta verborragia sobre un "modelo económico" tampoco sirve para justificar transgresiones cuando -por falta de políticas públicas- la inflación y la recesión vuelven a convocar a la pobreza y a la indigencia. Sin "fin" creíble para justificar los "medios", la discrecionalidad en el uso del poder muestra su exclusiva voluntad de dominio.

Los tres ciclos iniciaron su reversión a inicios del 2007 con la intervención al INDEC: la destrucción del Sistema Estadístico Nacional es el punto de encuentro de lo económico, lo político y lo ético. En el ejercicio de la omnipotencia, se ocultaba la inflación y se transgredían la ética pública y las instituciones: un fenómeno económico iba al encuentro de un estilo político y generaba consecuencias éticas.

Pero la sombría diferencia entre la Argentina y los Estados Unidos es que, mientras ellos pudieron exudar a Obama, ninguna figura de la política argentina muestra una voluntad de recuperación de la ética y de la responsabilidad institucional, junto con ideas y capacidad para gestionar políticas públicas.

Nuestros políticos no debaten una salida a las reiteradas encerronas. Viven pensando en las encuestas y en el diario de mañana, y sueñan con su propio ciclo de renovado absolutismo.

Publicado en el diario Rio Negro el sábado 13/6/09.

En Campaña

Por Antonio Camou

Hacia el año 64 antes de Cristo, el célebre abogado, escritor y eximio orador Marco Tulio Cicerón se presentó como candidato al consulado romano del año siguiente. Por entonces recibió de su hermano menor, Quinto Tulio, una larga carta colmada de reflexiones y consejos para tener éxito en la contienda política. La epístola se conoce como “Commentariolum Petitionis” y algunos expertos la han traducido como “Breve Manual de Campaña Electoral” (el “petitor” era, entre otras cosas, el que aspiraba a un cargo, de ahí que “com-petidor” sea el que pretende obtener un título junto con otros que quieren lo mismo). Si bien los especialistas han discutido desde hace muchas décadas la efectiva autoría del texto, no se duda de la autenticidad del documento como testigo de época, lo que ha permitido entender mejor algunos vericuetos de la lucha electoral en la antigua Roma.

En tiempos de candidaturas testimoniales, nepotismo militante y gobernantes ausentes de sus despachos por andar de gira proselitista, he querido sumar un módico aporte a la confusión generalizada. El siguiente decálogo sintetiza algunas de las propuestas más sugerentes que los hermanos Cicerón habrían considerado en aquella lejana campaña electoral de hace más de dos mil años. Su lectura sirve también para comprobar lo poco que han inventado desde entonces los consultores de imagen, pese a lo caro que cobran.

Hay varias traducciones del “Commentariolum”. Recientemente la revista mexicana Nexos ha resumido en su edición del mes de mayo la traducción de Alejandra de Riquer (Barcelona, Quaderns Crema, 1993). También he consultado la publicada por Bulmaro Reyes Coria de la Universidad Nacional Autónoma de México (2007). Sigo en general la traducción de Nexos, salvo en mi penúltima proposición, donde prefiero la versión más literal que ofrece Reyes Coria de los parágrafos 46, 47 y 48.

Una última advertencia para candidatos al borde de un ataque de nervios: Cicerón, como pueden verificarlo en cualquier libro de historia, terminó ganando aquella elección.

1) Por mucha fuerza que tengan las cualidades naturales del hombre, en un asunto de tan pocos meses, las apariencias pueden superar incluso esas cualidades;

2) Es muy necesaria la adulación, algo que, aunque en la vida corriente constituya un defecto vergonzoso, se hace imprescindible en una candidatura;

3) La opinión pública ha de importarte muchísimo. Es necesario que pongas esfuerzo, habilidad y diligencia en conseguir no que tu fama se extienda desde tus partidarios al pueblo, sino que el pueblo, por sí mismo, cobre gran afecto por ti;

4) Tres cosas en concreto conducen a los hombres a mostrar una buena disposición y a dar su apoyo en unas elecciones, a saber, los beneficios, las expectativas y la simpatía sincera;
5) Que aquellos que te deben algo y aquellos que desean debértelo se den cuenta de que no van a tener más oportunidad que ésta, los unos, de demostrarte su agradecimiento, y los otros, de convertirse en deudores tuyos;

6) Hay algunos hombres influyentes en sus barrios y en sus municipios. Es preciso que te ocupes cuidadosamente de esta clase de hombres, de manera que ellos mismos entiendan que ya sabes lo que puedes esperar de cada uno, que aprecias lo que recibes y que te acuerdas de lo que has recibido. Pero hay otros que, o no son capaces de hacer nada, o incluso son odiados por los de sus propias tribus. Procura distinguir quiénes son a fin de no quedarte pobre de recursos si depositas en alguno de ellos una esperanza excesiva;

7) Les estimulará a moverse por ti tanto la perspectiva de los servicios que todavía te quedan por prestarles como el recuerdo de los favores que les hiciste recientemente;
8) Aquello de lo que no seas capaz, niégate a hacerlo amablemente o no te niegues; lo primero es propio de un hombre bueno, pero lo segundo de un buen candidato;
9) Si prometieras algo…, será para día incierto y para muy pocos;…si lo negaras, de modo cierto alejarás inmediatamente a muchos…; así los hombres son capturados más por la frente y el discurso que por el beneficio mismo y la cosa…, y todos son de tal ánimo que prefieren que tú les mientas a que les niegues;

10) Procura que toda tu campaña se lleve a cabo con un gran séquito, que sea brillante, espléndida, popular, que se caracterice por su grandeza y dignidad, y que se levanten contra tus rivales los rumores de crímenes, desenfrenos y sobornos, algo que por cierto no desentonaría con sus costumbres.


Publicado también en el Diario DIAGONALES (La Plata, 1/06/2009) y en la página del Centro de Investigaciones Políticas (www.cipol.org).

La Argentina, con la identidad en duda

Por Juan Tokatlian

La política internacional contemporánea ha localizado en el centro de atención y el debate la cuestión de la identidad. De modo sintético, se intenta comprender y esclarecer la construcción de la identidad nacional y observar y explicar su proyección en el terreno mundial. Así, entonces, la identidad remite a una perspectiva básica acerca de quiénes somos, hacia adentro y hacia afuera, cómo nos asumimos y cómo somos percibidos y a qué aspiramos, en el plano doméstico y en el exterior. Por consecuencia, la mirada sobre la identidad incluye, simultáneamente, la autopercepción y la autorrepresentación, así como la percepción y la representación del otro.

En esa dirección, las identidades resultan de procesos sociales domésticos, pero son también el resultado de la interacción con otras contrapartes ubicadas en el exterior. La identidad expresa, entonces, primero, un hecho histórico, con elementos de continuidad y cambio; segundo, un contexto que exige discernir el marco institucional en que se actúa, y tercero, una realidad relacional que surge de los modos de contacto con diversos actores externos.

La identidad propia es, por lo tanto, el producto de múltiples factores geográficos, demográficos, políticos, étnicos, culturales, tecnológicos y económicos, y está influida por un amplio conjunto de fuerzas y fenómenos exógenos.

Ahora bien: la identidad incide sobre la definición y el alcance de los intereses nacionales y, por lo tanto, sobre el esbozo, la instrumentación y el perfil de la política exterior.

Por ende, una identidad nacional cohesiva contribuye a una mejor y más activa defensa de los intereses vitales de un país. Inversamente, y como ha señalado el internacionalista estadounidense, Henry Nau, "sin una autoimagen unificada y robusta, una nación no tiene incentivos para acumular o usar su poder nacional y no puede defender su interés nacional".

En las situaciones de crisis, por lo general surge la pregunta por la identidad propia. Pero, en el caso de Argentina, las dos más recientes y hondas crisis (la interna de 2001-2002 y la internacional de 2008-2009) no generaron la esperable pregunta de quiénes somos, cómo nos asumimos en esta coyuntura y a qué aspiramos en el futuro próximo y en el largo plazo.

Esta ausencia es llamativa, ya que muchos componentes de los que en algún momento hubieran podido facilitar o inhibir la identidad nacional, así como su manifestación externa, se han transformado significativamente.

Por ejemplo, el poder relativo de la Argentina en la región y en el mundo ha venido declinando sistemáticamente durante más de medio siglo y la ausencia de reconocimiento de ese hecho ha llevado a que en materia de política exterior el país oscile entre la sobreactuación y el ensimismamiento. En vez de repensar una diplomacia modesta con objetivos prudentes y medios adecuados se persistió en un narcisismo destructivo que idealizó el pasado y menospreció el futuro.

Algunos sectores de la elite aún conciben el país como una suerte de Europa trasplantada (cosa que nunca fue), a pesar de que en las últimas décadas la Argentina ha emulado y consolidado los aberrantes niveles de desigualdad de la región geográfica en la que se encuentra. Hace ya muchos años, el nacionalismo político y el desarrollismo económico guiaron las políticas públicas internas y externas; hoy sobreviven, en algunas capas intelectuales, burocráticas, empresariales y sindicales, versiones desdibujadas o distorsionadas de aquellas que conducen a no reflexionar sobre la condición cosmopolita de las sociedades y sobre un nuevo modelo de desarrollo apoyado en la equidad y la ecología. A pesar de que una sólida identidad demanda un entramado institucional que la sustente, en el transcurso de varios lustros la Argentina ha optado por debilitar o destruir sus instituciones. Mientras que otros países, con iguales o menos recursos, se dedicaron por años a fortalecer, profesionalizar y actualizar sus cancillerías, nosotros escogimos una diplomacia desatendida, raquítica y confusa.

Por otro lado, la valoración de la democracia formal y la defensa de los derechos humanos, persistentes en todos los gobiernos desde 1983 en adelante, se han ido erigiendo en marcas importantes de la identidad argentina. Las visiones militaristas y maximalistas de la política exterior fueron perdiendo espacio, respaldo y viabilidad. Ello permitió estimular una suerte de zona de paz en el Cono Sur; algo inusual en las áreas de la periferia, caracterizadas por dilemas de seguridad prolongados o perennes.

Los cambiantes procesos sociales, económicos y políticos de la Argentina no han conducido aún a un esclarecimiento y una redefinición de la identidad internacional del país. No se trata de forzar consensos ilusorios con base en diagnósticos limitados. Identidad nacional no es sinónimo de unanimidad colectiva. Se trata, en cambio, de asumir los disensos naturales de toda sociedad y aportar a un diagnóstico realista sobre lo que hemos devenido y, a partir de allí, reconstruir una identidad plural y sólida que contribuya a precisar los nuevos intereses nacionales.

Indudablemente, el actual contexto mundial y sus tendencias observables están produciendo un escenario complejo y contradictorio, que afecta seriamente el devenir de los estados. Varios países están redefiniendo sus opciones estratégicas a la luz de los virajes que se ciernen sobre el sistema global. Al hacerlo están asegurando que su identidad internacional les permita reducir los costos que se avecinan para muchos e incrementar los potenciales beneficios que se vislumbran para muy pocos. Para la Argentina, el desafío es mayúsculo. A la estructura global precaria se le agrega una condición propia y preocupante: somos una nación en incertidumbre. Nuestra identidad internacional no está sólo maltrecha: es vacilante y endeble.

Publicado en La Nación el 27 de mayo de 2009 (aquí)

Salida, voz y lealtad

Por Antonio Camou

En 1970 el economista germano-americano Albert O. Hirschman publicó un pequeño libro repleto de ideas. El autor partía de una observación básica: “Bajo cualquier sistema económico, social o político, los individuos, las empresas y los organismos en general están sujetos a fallas en su comportamiento eficiente, racional, legal, virtuoso o, en otro sentido, funcional”. Ante esas circunstancias, las sociedades tienden a desarrollar mecanismos para corregir esos defectos, que en algunos casos complementan, y en otros sustituyen, a los dispositivos económicos centrados en la competencia. El título del libro encierra las opciones básicas analizadas por Hirschman: Salida, voz y lealtad. Respuestas al deterioro de empresas, organizaciones y Estados.

Veamos un ejemplo sencillo que vale para el consumo, pero también para el compromiso partidario o el matrimonio. Cuando un comprador descubre que el producto que habitualmente adquiere está bajando su calidad, enfrenta tres caminos: la opción de salida lo lleva a abandonar la mercancía y quizá a consumir otro producto; la opción de la voz mueve al consumidor a hacerle saber al empresario que su producto se está deteriorando y que hay aspectos para corregir; finalmente, la opción de la lealtad lo mantendrá fiel al producto, quizá animado por la secreta esperanza de que el deterioro sea transitorio, por la amarga comprobación que otros consumos sustitutos serían aún peores, o por la estructura cautiva del mercado.

Forzando un poco la analogía, el gobierno kirchnerista y la sociedad argentina enfrentarán, antes y después de las elecciones, el clásico repertorio de opciones de Hirschman. Antes de los comicios, y tomando como referencia al justicialismo en el poder, las cartas ya están puestas sobre la mesa. La estrategia de la salida supone en el votante una clara convicción acerca de que el producto ya no va a mejorar, y que hay que empezar a buscar nuevas ofertas de consumo político; la opción de la voz parece identificada con el peronismo “suplente” (el peronismo “titular” obviamente está en el gobierno), que sería una forma de decirle al fabricante que uno prefiere otro modelo pero de la misma marca; finalmente, el camino de la lealtad se identifica con seguir consumiendo más de lo mismo y apoyar al oficialismo.

Pero más interesante que este ejercicio es plantearse una averiguación algo distinta: ¿Qué hará el gobierno de Kirchner después de las elecciones? Y aquí otra vez nos reencontramos con el trilema. Ciertamente, para analizar todas las posibilidades deberíamos definir con más precisión escenarios referidos a la dinámica de la crisis socioeconómica interna, la profundización o la recuperación de la economía global, los movimientos de la oposición, y otras variables por el estilo. Pero voy a pasar por alto esas precisiones para estilizar un esquema muy simple.

En caso de un resultado negativo en la Provincia de Buenos Aires la opción de la salida toma la forma de la llamada hipótesis “abdicante”, según la certera expresión acuñada por Vicente Palermo. Este esquema puede tener diferentes versiones. En la variante que hiciera conocer un líder piquetero de indiscutible llegada al poder presidencial, la conjetura dice así: “si nos va mal en Buenos Aires, le revoleamos por la cabeza el gobierno a Cobos”. En una línea levemente diferente, algunos analistas ofrecen una alternativa más compleja: “si nos va mal en Buenos Aires, adelantamos las elecciones presidenciales para octubre y damos pelea a muerte al interior del peronismo”. Lo que tienen de común estas maniobras, a medio camino entre la irresponsabilidad y la extorsión, es el vacío de gobernabilidad que generarían en el trayecto.

Un resultado electoral más parejo quizá podría inducir a una opción a favor de la voz, que tomaría la forma de una hipótesis “dialogante”. En el marco de una crisis persistente o agudizada, y ante la evidencia de una mayoría ciudadana no kirchnerista, de un Congreso más plural, y de un poder más repartido (incluso dentro de la propia tropa los Intendentes y Gobernadores que arrastren muchos votos pueden reclamar con justicia un lugar en la mesa chica de decisiones), el gobierno se aviene a una estrategia de diálogo y de consenso para enfrentar el último y más difícil tramo de su gestión. En este caso, el kirchnerismo no renuncia a sus convicciones, más bien, se reconoce como parte de un juego de poder más amplio, y desde su proyecto discute con otras visiones e intereses.

La tercera opción se muestra leal a una manera de hacer política que ya lleva varios años de discutible ejercicio; es la hipótesis “abroquelante”. Después de un eventual triunfo en Buenos Aires (“aunque sea por un voto”), el oficialismo refuerza su concepción de que el conflicto crea poder, que los adversarios son en realidad enemigos sin retorno, y que en circunstancias tormentosas más vale apoyarse en un muy estrecho círculo de fieles. En esta variante se profundiza el rumbo que nos trajo hasta aquí.

Demás está decir que según cuál sea la opción que se elija, las perspectivas de gobernabilidad democrática del país se modifican sensiblemente. Las opciones extremas (salida y lealtad) parecen augurar escenarios conflictivos y de destino incierto. Por eso, sería bueno ir juntando ideas y voces para el día después del 28 de junio. Porque tras la “madre de todas las batallas” la clase dirigente debería encarar la “madre (o el padre) de todos los diálogos”.

La Plata, 28 de abril de 2009.

Una mirada al futuro del sector energético

Por Guillermo Genta*

A partir de la crisis de los años 30, las economías mas desarrolladas comenzaron a implementar, a través de sus estados, una serie de medidas de intervención inéditas hasta ese momento. El resorte que impulsó este movimiento fue el temor de que la desocupación desembocara en la revolución social, en ese momento patentizada en el “socialismo real” implementado en la URSS. Conviene recordar, al mismo tiempo, que este fenómeno de latencia revolucionaria fue a su vez el promotor del crecimiento del fascismo en Italia y en Alemania.

En la Argentina, estos fenómenos externos tuvieron su reflejo en el primer golpe militar encabezado por un sector del entonces joven y variopinto nacionalismo vernáculo; primer paso hacia el período histórico que luego alguien llamó “década infame”. Fue también producto de esos acontecimientos internacionales el comienzo de una nueva etapa intervencionista por parte del estado nacional para proteger a sectores tradicionales de la economía local de la brusca caída del comercio y de los flujos financieros internacionales[1]. El paradigma de que la Argentina podía desarrollarse a partir del impulso de la demanda externa de la producción primaria perdió vigencia por la fuerza de las circunstancias.

A partir de estos hechos, la intervención estatal en el sector energético se intensificó progresivamente hasta prácticamente dominar todo el espectro de sus actividades (producción, transporte y comercialización de petróleo, gas, energía nuclear, hidroenergía y electricidad), y al mismo tiempo se configuró un sistema que tendía a centralizar, a nivel nacional, la planificación y la financiación de su expansión.

Este proceso mantuvo su vigencia hasta los últimos años de la década del 80 del siglo pasado, cuándo la Argentina hizo el movimiento inverso, de nuevo en consonancia con un cambio de paradigma a nivel internacional. Este movimiento, favorecido por un conjunto de factores internos y ejecutado por un gobierno encabezado por un partido de tradición popular democráticamente elegido, implicó una reforma económica profunda y de gran alcance que abarcó también al sector energético.

En ese nuevo contexto, la idea de planificar centralizadamente el sector energético perdió total sustento, y hasta la palabra fue eliminada del lenguaje oficial. Para reemplazarla, se usó un eufemismo (“prospectiva”) que en la práctica estaba vacío de contenido. Esa tarea, junto con la financiación de las nuevas inversiones, se delegó en las ex empresas estatales, entonces privatizadas en forma urgente como unidades de negocio, y transferidas al capital local o foráneo, prácticamente sin ningún tipo de discriminación.

La reforma económica llevada a cabo, junto con la aplicación de un régimen de convertibilidad cambiaria, fue parte del sustento material de la apertura de la Argentina al mundo de manera incondicional, y de la evaporación de ideas sobre el rol de estado que habían sido preservadas durante muchos años como objetos de culto por la sociedad y casi todos los partidos políticos.

El nuevo paradigma, de súbita pertenencia al primer mundo, fue sostenido hasta su agotamiento por los actores sociales de mayor gravitación, cuando la crisis social, económica y política del 2001 puso fin a la ilusión de una manera dolorosa y traumática, evidenciando en la superficie de nuestra geografía social fenómenos cuya manifestación perdura actualmente, agravados en ciertos aspectos.

Esta interpretación general del período genéricamente denominado “años 90”, en el cual se produjo un profundo y rápido cambio institucional, económico y político del sistema energético, no estaría completo sin un análisis sobre las causas internas (incluyendo las intrasectoriales) que lo impulsaron. Este capítulo, que no puede ser abordado aquí por razones de espacio, es una deuda pendiente de los estudiosos del sector y, sin duda, debería integrar parte del diagnóstico que fundamente el enfoque de la planificación a adoptar en el futuro[2].

No es fácil describir la situación sectorial actual; quizás la expresión más fácilmente disponible es “situación de transición”[3]. Imaginamos que se trata de una transición entre un sistema centrado en el mercado a un sistema que combine, de forma novedosa, la actuación de la esfera pública con la de la esfera privada, articulando la relación entre los actores con reglas y mecanismos transparentes, equitativos y eficaces de funcionamiento y de financiamiento de las actividades de producción, transporte y distribución de bienes y servicios energéticos.

En este punto podemos preguntarnos si están dadas las condiciones sociales, políticas y económicas para llevar adelante un proceso de planificación sectorial. No es fácil responder a ese interrogante con un argumento contundente que no deje lugar a dudas.

Por ello proponemos impulsar una indagación en tres planos: la conveniencia y necesidad de la planificación energética en la Argentina, las posibilidades de llevarla adelante, y el tipo de planificación más adecuado a las actuales circunstancias.

No es nuestra intención, en esta oportunidad, profundizar el análisis de cada uno de estos planos, pero sí queremos plantear algunos hechos y reflexiones con relación a cada uno de ellos, que pueden servir para guiar la indagación propuesta.

Respecto a la conveniencia y necesidad de la planificación energética, lo primero y fundamental que se debe tomar en cuenta, es que la mayoría de los países practican algún tipo de intervención y/o planificación estatal del sector. Si bien en algunos de ellos, en los últimos años, se incrementó la participación de la actividad privada, el estado sigue presente con fuertes regulaciones y/o influencia política sobre la conducción de las empresas más estratégicas en materia energética. El motivo de esta presencia es evidente: la importancia creciente de disponer de un abastecimiento energético seguro para sostener el desarrollo económico y el bienestar de la sociedad nacional, en un mundo competitivo que parece amenazado por la escasez de recursos naturales y los gases efecto invernadero producidos por el incremento de la actividad antropogénica.

Respecto a la posibilidad de implementar un sistema de planeamiento eficaz, se requiere la consideración de varios aspectos. Por una lado, el Estado Argentino sufre, desde hace varios años, un progresivo deterioro en varios niveles: laboral, equipamiento técnico, información estadística, infraestructura, mecanismos de financiamiento y de asignación de recursos, etc. Para subsanar estas falencias sería necesario mejorar las condiciones actuales dotando al estado de más y mejores capacidades, lo que no implica un “estado mas grande”, sino un “estado más eficiente”.

Por otro lado, las condiciones sociales e institucionales han cambiado significativamente en los últimos años. Entre otras transformaciones, la sociedad actual es más plural y diversa que antes de la reforma (multiplicación de intereses), y ha surgido una inédita preocupación por el cuidado del ambiente, como resultado de una percepción más clara de la finitud de los recursos naturales, y por lo tanto de la posibilidad de su agotamiento. Además, lo medios de comunicación masivos (incluido Internet) condicionan fuertemente las preferencias individuales, y los métodos de conocimiento y aprendizaje de las nuevas generaciones.

A nivel económico, existe una considerable presencia de actores que definen sus estrategias de producción y comercialización en función de parámetros mundiales, más allá de la frontera nacional, en parte como consecuencia del avance vertiginoso de nuevas tecnologías.

En lo político, se ha perdido el alineamiento automático del electorado a los partidos tradicionales y sus programas que hoy son prácticamente inexistentes. Asimismo, la modificación constitucional de 1994 tiende a devolver a las provincias, y también a la sociedad, atribuciones que entre los años 1930 y 1980 se concentraron en el estado nacional con el objetivo de impulsar un proceso de desarrollo con mayor integración social y autonomía respecto a los condicionamientos externos.

A nivel mundial, se evidencia una tendencia a la configuración de bloques regionales para impulsar políticas internacionales, y defender intereses nacionales con más solvencia. A nivel latinoamericano, se han robustecido iniciativas para avanzar en un proceso de integración regional y subregional, con el liderazgo de países que priorizan en sus agendas políticas objetivos de largo plazo y una activa participación global en la discusión de temas que consideran estratégicos para su futuro mediato[4].

En este nuevo contexto, cuyos rasgos centrales tratamos de sintetizar precedentemente, es necesario reflexionar acerca del tipo de planificación aplicable a las actuales circunstancias. Esa reflexión también se torna necesaria porque probablemente surja, en primera instancia, una tendencia a repetir conceptos y esquemas anteriores, producto de la discontinuidad de la práctica de la planificación, la escasez de especialistas, y las debilidades institucionales antes enunciadas. Seguramente en este campo se produjo una pérdida de capital social que es necesario recuperar y actualizar[5].

En este plano del análisis, el enfoque propuesto contiene elementos novedosos respecto a la práctica tradicional de planificación previa a los años 90, fundamentalmente porque las preguntas que se deben responder en la actualidad son más numerosas y complejas que en el pasado.

Hoy, las primeras preguntas claves que los planificadores deben abordar están relacionadas con la demanda energética. Ya no es válido planificar suponiendo que el consumo agregado de la energía crece según una relación estimada con respecto a la variación esperada del PBI. Se necesita de otros aportes interdisciplinarios, entre los cuales figuran estudios socioeconómicos detallados de los consumos energéticos de cada sector y actividad, del grado de eficiencia de dichos consumos, y de la probable evolución de los hábitos de consumo y de las tecnologías de producción y usos energéticos.

La Argentina registra en su historia de consumos energéticos comportamientos aberrantes, ya que en varios períodos la demanda aumentó más que el PBI, e incluso creció cuando la actividad económica se contrajo. La mayoría de los países que han implementado políticas de conservación y eficiencia energética –que ya son muchos- tienen tasas de crecimiento del consumo energético con variaciones proporcionalmente menores que el aumento del PBI. El diagnóstico de la situación actual de la Argentina nos indica que indefectiblemente se debe adoptar, en el más breve plazo posible, ese tipo de conducta; y para ello es necesario efectuar políticas públicas enérgicas y de amplio alcance, por la cantidad de actores e intereses en juego y la necesidad de cambiar hábitos culturales sostenidos en la creencia de que la Argentina tiene recursos ilimitados, y en la ausencia de sanciones sociales y legales a la ineficiencia y el derroche en su producción, transporte y consumo[6].

Desde la perspectiva de la oferta energética futura, también es necesario introducir en los análisis variables antes no consideradas o tratadas en un nivel de poca relevancia. Hoy no es suficiente definir un elenco de emprendimientos energéticos para sostener una demanda esperada. El rango, diversidad, localización y certidumbre de proyectos a tener en cuenta es amplio y complejo; el cálculo de su costo y rentabilidad -privada y social- debe ser medida y analizada con métodos apropiados; y su financiamiento requiere de propuestas creativas teniendo en cuenta, en especial, que su asignación se define en un terreno en el cual compiten múltiples necesidades sociales.

Un capítulo aparte merece el tratamiento de los temas ambientales y de cambio climático. Estas cuestiones inciden en la resolución de la problemática energética, y su ámbito de discusión y decisión está instalado, centralmente, en el orden internacional. La Argentina tiene un retraso significativo en la institucionalización del estudio de estos temas que exceden al sector energético, pero que no pueden dejar de ser considerados en los análisis y propuestas de la planificación.

En cuanto a los actores del proceso de planificación energética, es necesario asumir que el estado no tiene la capacidad de conocer, por sí mismo, las expectativas, intereses, y necesidades de todos y cada uno de los involucrados en la actividad del sector. Por ello la planificación debe tener un importante e inteligente contenido de participación en su desarrollo y ejecución. Para ello se requieren metodologías y técnicas que acerquen a la mesa de trabajo de los planificadores la mejor información sobre la calidad y cantidad de las preferencias y acciones de los actores en juego. Hay varias herramientas disponibles y en uso que sirven para ese fin. Una, instalada en la Argentina desde hace varios años, pero que todavía tiene que ser perfeccionada en varios aspectos, es la audiencia pública.

Esta idea de participación excluye la posibilidad de que la planificación sea exclusivamente mandatoria o normativa, -en el sentido de que todos los actores tienen que cumplir con lo prescripto en el plan-, y un acto unilateral del estado que culmina con un “libro plan”. Lo que estamos visualizando para el futuro es la implementación de un mecanismo permanente y flexible que formule objetivos, metas, estrategias y medidas públicas específicas, legitimadas por el reconocimiento de los actores a los cuáles comprende, y revisadas –y adaptadas, si es necesario- en forma sistemática, y con las herramientas apropiadas. Para ello es indispensable contar con abundante información de la mejor calidad, administrada mediante sistemas informáticos modernos.

En este aspecto también hay que tomar en cuenta que la problemática energética es transversal a todos los sectores y actividades económicas, lo que requiere elaborar, con la participación de las instituciones públicas y privadas, un diagnóstico de la situación actual, y una apreciación del futuro de cada uno de ellos. Esto conduce a la necesidad de que el planeamiento esté sustentado en un sólido esquema institucional basado en normas legítimamente instituidas, en el cual el estado es el primero que tiene que internalizar los requisitos básicos para asegurar su viabilidad y eficacia.

Finalmente deseamos enfatizar que, en el trasfondo de este enfoque de la planificación, se asume la existencia de una sociedad democrática y republicana, en la cual funcionan mecanismos de representación legítimos, a través de los cuáles la sociedad expresa sus preferencias básicas respecto al país deseado para el futuro. Es en la esfera política dónde se deben tomar las decisiones centrales que guiarán la planificación del sector y su ejecución. Y para ello se necesita construir, como condición necesaria pero no suficiente, una sólida base técnica que sustente las propuestas alternativas a ser consideradas y seleccionadas en el campo de la política.

*Agradezco los comentarios recibidos de distintos especialistas a los borradores de este artículo, los cuales me ayudaron a mejorar ciertos aspectos del original. Las ideas planteadas están inspiradas, en parte, en los estudios que, desde hace casi 3 años, un grupo de técnicos y profesionales desarrollamos en el Grupo de Planeamiento Energético, coordinado conjuntamente con el Ing. Juan Legisa, y la dirección del Secretario de Energía, Ing. Daniel Cameron. El análisis y propuestas aquí expresadas son de mi exclusiva responsabilidad.

[1] Propuestas de una mayor intervención pública en actividades energéticas, en esos momentos consideradas de exclusiva competencia del sector privado se venían realizando, por actores individuales y en diferentes ámbitos, desde principios del siglo XX. Véase “Política y Servicios Públicos: el caso del servicio de electricidad de la ciudad de Buenos Aires”, desde sus orígenes (1887) hasta su estatización. Guillermo Genta. Tesis de Maestría en Sociología y Ciencia Política. Flacso. 2007.
[2] Un antecedente a considerar para este estudio son los informes, elaborados en el ámbito de la Unidad de Renegociación de Contratos de Servicios Públicos (UNIREN), sobre el grado de cumplimiento de los contratos de concesión de distribución y transporte de energía eléctrica y gas natural. Ver: www.uniren.gov.ar/energía_electrica/inf_cumplim_contratos_elect.pdf y www.uniren.gov.ar/energía_gas/inf_cumplim_contratos_gas.pdf
[3] Debe recordarse que todavía está en vigencia, después de sucesivas prorrogas, la ley de emergencia dictada en el año 2002.
[4] Entre las iniciativas regionales y subregionales más importantes están el MERCOSUR (Mercado Común del Sur), la CAN (Comunidad Andina), la UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas), y el acuerdo bilateral firmado entre los presidentes de Argentina y Brasil en febrero de 2008.
[5] Esta consideración debe ser matizada dado que existen estudios sectoriales en los cuáles se comparan proyectos planeados con los efectivamente realizados antes de las reformas económicas concluyendo, con fundamentos empíricos, que el sistema de planeamiento aplicado en ese entonces era ineficaz e ineficiente.
[6] En este sentido un primer paso institucional destacable es el Decreto Nº 140/2007: Programa Nacional de Uso Racional y Eficiente de la Energía

El ocaso de la doctrina Monroe

Por Juan Gabriel Tokatlian

La V Cumbre de las Américas recién celebrada en Trinidad y Tobago tuvo un desarrollo convencional y una conclusión disonante, pero un alcance eventualmente alentador. La clausura del encuentro fue el cierre simbólico de tres procesos históricos diferentes.

En primer lugar, parece que se acentúa el ocaso de la doctrina Monroe. En efecto, el retraimiento de Washington respecto a Latinoamérica en el comienzo del siglo XXI fue notorio, mientras el avance de China en América Latina es elocuente. Rusia parece dispuesta a retornar al área, al tiempo que Irán, India y Suráfrica se proyectan activamente hacia la región. Los cinco -Pekín, Moscú, Teherán, Pretoria y Nueva Delhi- procuran, como proveedores en unos casos y consumidores en otros, reforzar los lazos en materia energética y alimenticia en el marco de la revalorización de las pugnas estratégicas en torno a los recursos vitales.

Cabe añadir que, en medio de la languidez de las cumbres iberoamericanas y de aquellas entre Latinoamérica y el Caribe y la Unión Europea, desde 2005 se han llevado a cabo dos cumbres Suramérica-Países Árabes y una cumbre Suramérica-África. Al interés en la región de estos actores estatales hay que sumar la variedad e intensidad de lazos de actores no gubernamentales (partidos políticos, organizaciones civiles de diversa índole, movimientos antiglobalización, comunidades religiosas, grupos transnacionales criminales, entre otros) con Latinoamérica. Adicionalmente, han crecido los cuestionamientos frontales a Estados Unidos y han surgido Gobiernos manifiestamente críticos con Washington.

Frente a lo anterior, la Casa Blanca durante el Gobierno de George W. Bush no pudo hacer mucho por imposibilitar, neutralizar o revertir ese despliegue de actores extrahemisféricos, así como los gestos de distanciamiento o desafío provenientes de la región. En ese contexto, la Administración de Barack Obama no parece inclinada a reconstruir a la fuerza la maltrecha doctrina Monroe.

En segundo lugar, la cumbre explicitó la decidida urgencia (de la región) y la relativa voluntad (de Washington) de terminar la vieja guerra fría y no iniciar una nueva. En efecto, la guerra fría concluyó en gran parte del mundo y difícilmente va a reanudarse: Rusia es un actor insatisfecho, pero no revisionista, mientras China, como lo demuestra su comportamiento ante la actual crisis económica, continúa su ascenso como un poder moderado y pragmático. El único lugar donde sobrevive la guerra fría, y puede aún recalentarse, es América Latina. El embargo impuesto por Estados Unidos a Cuba y la persistencia de una obsesión geopolítica con la isla no pueden preservarse más por razones éticas yprácticas. Evitar una nueva guerra fría entre Washington y Caracas resulta imperativo: la inestabilidad que se produciría en la región en el evento de una exacerbación incontrolada de las tensiones entre EE UU y Venezuela sería de enorme peligro para Latinoamérica y de consecuencias imprevistas para Washington.

El resultado de la V Cumbre es el comienzo de un tibio adiós a la guerra fría respecto a Cuba y una hostilidad en suspenso entre Estados Unidos y los países que hoy impugnan su liderazgo continental y global.

En tercer lugar, el encuentro de Puerto España demostró el fin de un tipo determinado de cumbre. La principal razón de ser de los sucesivos cónclaves -Estados Unidos (1994), Chile (1998), Canadá (2001) y Argentina (2005)- fue cimentar las bases políticas para la concreción de un Área de Libre Comercio de América (ALCA). Cuando el 1 de enero de 2005 -meses antes de la IV Cumbre de Mar del Plata- no se materializó el ALCA, esa meta perdió sentido. Desde antes de esa fecha Estados Unidos emprendió acuerdos de comercio binacionales (Chile, Perú, Colombia, Panamá) y con subregiones (Centroamérica más República Dominicana).

Después del estallido de la crisis financiera de 2008 difícilmente se puedan presentar condiciones domésticas para que EE UU auspicie un gran acuerdo comercial hemisférico. Mientras tanto, la opción opuesta -la Alternativa Bolivariana para América Latina y el Caribe (ALBA)- no concitó la adhesión de los países más grandes del área; lo cual deja a las cumbres de las Américas en una suerte de laberinto existencial.

De hecho, la declaración de Trinidad y Tobago exhibió los límites de una agenda positiva y convergente en el continente. El texto no recibió un apoyo unánime. Más aún, el documento final hace afirmaciones sobre una amplia gama de asuntos y problemas: cuando todo es importante nada es prioritario. Tal como ha ocurrido con otras cumbres hemisféricas y extracontinentales, hay una inflación de referencias temáticas y una devaluación de compromisos específicos. Finalmente, una vez colapsada la idea del ALCA y ante la obnubilada preferencia de EE UU por tratar cuestiones cruciales (drogas, migración, etcétera) de modo bilateral, las cumbres americanas tienen graves dificultades de aglutinar los esfuerzos humanos, financieros y administrativos necesarios para seguir adelante. En buena medida, el reto será precisar un temario acotado y relevante. En su estado actual las cumbres han perdido foco, alcance y consenso.

Ahora bien, una vía alternativa para recuperar iniciativa con el propósito de definir temas de interés compartido, con el fin de tramitarlos institucionalmente y, a su vez, con el objeto de hacer efectiva la menor condescendencia de EE UU con Latinoamérica, es acordar un relanzamiento de las instituciones interamericanas y vigorizar aquellas expresamente regionales. Esto significa que los ámbitos y asuntos continentales deben ser vistos como un sistema múltiple y complejo. Las instancias colectivas -la Organización de Estados Americanos y el Banco Interamericano de Desarrollo- deberían seriamente robustecerse. Al tiempo que mecanismos del área -el Grupo de Río como principal foro de concertación diplomática y un potencial organismo regional para manejar la cuestión de las drogas- y dispositivos zonales -el Consejo Suramericano de Defensa como nuevo ámbito político-militar y el Banco del Sur como eventual banco de desarrollo suramericano- deberían naturalmente activarse.

En esta arquitectura de instituciones de diferente orden que coexisten y no se entorpecen, manteniendo simultáneos niveles de comunidad y autonomía, las cumbres de las Américas podrían contemplarse como un marco de encuentro para tratar algún asunto muy puntual (por ejemplo, el medio ambiente) o en el evento de coyunturas especiales (por ejemplo, una crisis de envergadura) que así lo demanden.

Asistimos a un momento infrecuente en las relaciones interamericanas: pocas veces se han presentado tantas condiciones concurrentes para que Latinoamérica reduzca la subordinación respecto de Estados Unidos. La oportunidad está presente; su buen o mal uso depende, en mayor grado, de América Latina. Esto se produce en un contexto en el que sobresalen múltiples mandatarios con vocación transformadora y visión estratégica. Casi todos los hombres y mujeres al frente de los Ejecutivos en la región poseen un perfil orientado por el cambio, independiente de la mirada ideológica de cada uno.

Por último, EE UU paradójicamente necesita hoy más de Latinoamérica que ésta de Washington: la importancia del electorado "hispano" crece; temas como el narcotráfico que entrelazan el continente no se pueden resolver seriamente con más prohibición; la energía procedente del área sigue siendo segura; desde la región no hay amenazas del terrorismo transnacional ni actores con armas de destrucción masiva. Aunque parezca exagerado, en el futuro será Washington el que deba ajustar mejor sus políticas hacia Latinoamérica: no hacerlo incrementará la propensión en la región a desoír sus prescripciones y deslegitimar sus acciones. En ese sentido, la V Cumbre significa posiblemente el fin de una época y el inicio, ojalá promisorio, de una nueva era en las relaciones interamericanas.

Publicado el 22 de abril de 2009 en El País (edición impresa), online aquí