EL JUEGO POR VENIR

Por Antonio Camou

El reciente fallo de la Cámara Federal en lo Contencioso Administrativo, que bloqueó el uso discrecional de las reservas del Banco Central por parte del Poder Ejecutivo, virtualmente cerró el camino jurídico para resolver el entuerto, y le devolvió a la política lo que siempre fue de la política. Ahora le corresponderá al Congreso, con su renovada composición de fuerzas, tomar cartas en el asunto, pero también será responsabilidad de la presidencia definir un esquema de gobernabilidad que nos permita navegar sin zozobra la transición hacia el post-kirchnerismo.

Con ese horizonte en vista dos tipos de juegos políticos asoman como posibles, uno más cooperativo, otro de hostilidad creciente y oscuro desenlace.

Si bien los factores favorables al escenario cooperativo no son decisivos, tampoco son despreciables: habría una zona de intereses convergentes entre gobierno y oposición, aunque todavía no haya puntos claros de coincidencia. Por de pronto, una porción muy amplia de la oposición ya se prueba el próximo traje presidencial, y comprensiblemente a ninguno le interesa recibir una herencia social, económica o política inmanejable. Con la memoria fresca de crisis pasadas, muchos temen enfrentar desafíos capaces de hipotecar hasta las raíces la nueva administración. Por su parte, va de suyo que la pareja gobernante no está dispuesta a dejar el poder (amenaza que sobrevoló el país en los peores días de la crisis del campo), mientras que las diferentes oposiciones no pretenden –ni les conviene- ocuparlo antes de cumplir los plazos constitucionales. Y si bien en lo inmediato ambos sectores se rechazan con vehemencia, las dos partes de la ecuación política se necesitan para transitar el largo y escabroso camino que nos separa del 2011. En definitiva, no los une el amor sino el espanto, pero un poco de unión siempre fue algo mejor que nada.

Del lado económico habría que hacer bien las cuentas, pero la oposición podría aceptar mediante una ley el uso de una parte de las reservas para enfrentar las urgencias de la deuda pública (un Fondo del Bicentenario acotado, limitando la laxitud del artículo 1 del Decreto 2010), a cambio de que el Poder Ejecutivo se comprometa a llevar adelante un Programa Antiinflacionario para el Desarrollo Productivo con Equidad (está visto que si no tiene un nombre rimbombante el Poder Ejecutivo no lo promueve...). Incluso el control de comisiones estratégicas para el Ejecutivo en el Senado también podría entrar como parte de una negociación integral. Ese hipotético programa debería involucrar al menos los siguientes elementos: normalización del INDEC; sanción de una ley que garantice el ingreso universal a la infancia; acuerdos creíbles de precios y salarios para coordinar expectativas a la baja; reducciones pautadas y progresivas de la tasa de crecimiento del gasto público; mejoras institucionales orientadas a darle seguridad jurídica a las inversiones; y reglas claras y acordadas con el sector agropecuario, el núcleo más dinámico del capitalismo local. En síntesis, una combinación de reglas, políticas y subsidios que es lo que andamos necesitando desde hace tanto tiempo para atender las diferentes realidades de la heterogénea sociedad argentina.

Se dirá, con razón, que la condición clave de este tipo de acuerdos es contar con estructuras político-partidarias que otorguen una cierta racionalidad de mediano plazo a los actores políticos, desalentando a la vez los excesivos personalismos como las conductas oportunistas. Pero también es cierto que las mejores prácticas empiezan algún día, recortadas siempre sobre el fondo de las malas, y que el papel de los liderazgos en un contexto político fluido puede introducir diferencias cualitativas estratégicas.

En cualquier caso, y desafortunadamente, el panorama actual va dejando cada vez menores márgenes para las perspectivas positivas. Por este derrotero, si el camino de los arreglos cooperativos se obtura, entonces solamente quedará abierta una endiablada pugna por ver qué sector le pasará al otro los costos finales de la colisión. Será una incierta y peligrosa carrera contra el tiempo, porque cada actor espera que la bomba explote en manos ajenas, aunque el estallido último ocasione graves daños a todos: desgaste político e institucional, saltos inflacionarios, ajustes económicos dictados por la sesgada vara del mercado, más penuria social. Estamos en marzo de 2010, pero también podríamos estar en febrero de 1998, a fines de 1987 o en los albores de 1975: falta tanto y falta tan poco para una transición política en medio de turbulencias socioeconómicas que amenazan con volverse ciclónicas. Nada nuevo por estos rumbos.

En la hipótesis de continuar con el juego no cooperativo, al final del recorrido nos esperan dos incógnitas y una certeza. La primera duda consiste en saber cuál será el monto real y definitivo de las pérdidas después del inevitable choque; el segundo misterio se refiere a qué actor político, en medio del río revuelto, se verá beneficiado por la debacle y pescará la mejor ganancia. La certeza, en cambio, es más directa y más simple: los ominosos costos del desastre lo pagarán al contado los sectores más vulnerables de esta castigada sociedad; todos aquellos que no pueden darse el lujo fácil de jugar al enfrentamiento.

La Plata, 28 de febrero de 2010.