Patria Querida II: Dame un presidente como Pepe Mujica

Por Segundo Campos

En la inauguración del período de sesiones ordinarias del Congreso, las correspondientes al año del Bicentenario, CFK nos distrajo con la narrativa de un país imaginario (“virtual”, tal vez, como le gusta decir a ella misma). Un mundo feliz en el que, tal como hubiese imaginado A. Huxley, la peor recesión internacional desde la década del treinta hizo poca mella y en el que una inflación que se acelera sin anclas y desbocada en un contexto global deflacionario es, a lo sumo, sólo “un reacomodamiento de precios (relativos)”. Según ella, sin embargo, los que mienten son los otros, los voceros de ese país “virtual” en el que todo es desazón y fracaso.

Entretanto, subyugados por ese relato fascinante, no nos dimos cuenta que se perpetraba en paralelo un atraco bancario por cifras multimillonarias. No hizo falta, esta vez, que los delincuentes abrieran un boquete o que se afanaran en forzar el Tesoro. Solícitos, los directores del BCRA –encabezados por su flamante y efímera presidenta- se ocuparon de abrir de par en par las puertas de la institución para que los asaltantes trabajaran con total comodidad. Al fin de cuentas la experiencia juarista de la década de 1880 no debería hacernos olvidar que los “bancos se roban con firmas”. Si el episodio no fue narrado en las páginas policiales de la prensa es sólo porque trae aparejadas algunas muy negativas consecuencias potenciales en el plano de la economía y de la política.

En lo que se refiere a la primera de estas dimensiones la verdad es que no hay mucho por agregar a lo que ya hemos analizado en contribuciones previas (véase “La desagradable aritmética K” del 21/12/09 y “Patria querida: dame un presidente como Alan García” de unas semanas después). En todo caso, la consumación del hecho, nos recuerda que la prerrogativa de “señoreaje” convivía también, originariamente, con un derecho de pernada. Bloqueada, por razones tanto económicas como políticas, la posibilidad de incrementar adicionalmente la presión tributaria y cerrado el acceso al financiamiento voluntario por propia decisión, restaban al fisco dos últimos mecanismos para postergar el ajuste del gasto: la emisión monetaria y la confiscación lisa y llana de recursos. Luego del ensayo llevado a cabo con los fondos jubilatorios, ambos procedimientos son los que pone en marcha el recurso a la hoja de balance del Banco Central como expediente sistemático para relajar la restricción presupuestaria y continuar adelante con una política fiscal crecientemente insostenible. ¡¡¡Y pensar que ayer mismo otro discurso inaugural, el del Pepe Mujica, reconocía con amplia sabiduría que, muchas veces, “la macroeconomía tiene reglas ingratas, pero obligatorias”.

Pero es en el plano político donde el lamentable episodio de la víspera alberga sus mayores repercusiones potenciales. Hace apenas dos días, mi querido compadre Antonio Camou escribió en el blog del Club Político Argentino (http//:clubpoliticoargentino.blogspot.com) un lúcido y comprometido análisis acerca de las alternativas que, para la dinámica política, se abrían ante el fracaso (¿?) del DNU y frente a la apertura de las sesiones ordinarias del Congreso. Decía allí Camou que “dos tipos de juego político asoman [ahora] como posibles, uno más cooperativo, otro de hostilidad creciente y oscuro desenlace”. El primero de ellos rescataba los intereses convergentes entre gobierno y oposición, en tanto los primeros parecían interesados en preservar el poder y los últimos en hacerse cargo del mismo en condiciones de mínima gobernabilidad.

Al fin de cuentas, si algo parecía haber dejado en claro (¡¡¡oh, ilusos!!!) para todos la experiencia de este verano caliente era la imposibilidad para el Poder Ejecutivo de gobernar el país desconociendo a la opinión pública mayoritaria y a los otros poderes de la República. Pero, al mismo tiempo, nadie parecía dispuesto a dejar sin alternativas a la administración: bloqueado el camino al DNU, y sin opciones de financiamiento, parecía haber alguna disposición a aceptar por ley el uso de una porción de las reservas, a cambio del compromiso de un cierto ordenamiento fiscal y de un rumbo macroeconómico que evitase nuevas aceleraciones de la inflación y el ingreso en una dinámica de crisis abierta.

El camino alternativo, el del juego no cooperativo, tenía un final anunciado, el de una colisión en donde los costos mayores siempre los pagan los sectores más vulnerables de la sociedad. Entre esos casos polares planteados brillantemente por Camou parecía que iba moverse el escenario político en el próximo período. Pocas veces, sin embargo, la realidad urdió tan pronto una respuesta. El juego idiota que eligió ayer mismo el matrimonio K tiene, al menos, la virtud de despejar toda incógnita: vamos con rumbo de colisión.

Una crisis insólita

Es en verdad insólito que en las actuales condiciones del contexto nuestro país experimente las dificultades macroeconómicas por las que está atravesando. De hecho, los problemas que muestra la economía local son, en un sentido, de una naturaleza bastante diferente a los que estamos acostumbrados en las últimas décadas; en otro sentido, sin embargo, son de una clase penosamente similar. No repitamos aquí la archiconocida frase del “18 Brumario de Luis Bonaparte”. Simplemente constatemos que, como toda caricatura, esta crisis autoinfligida será una mueca triste de los críticos episodios del pasado.


En efecto, a diferencia de tantas ocasiones críticas previas, las dificultades actuales tienen mucho menos que ver ahora con una cuestión de viabilidad externa y mucho más con uno de naturaleza distributiva interna. No es que la economía como un todo no genere, a partir del comercio y a los actuales términos de intercambio, las divisas necesarias para hacer frente a su endeudamiento sino que el fisco –en cabeza de quien se concentra la mayor parte de los pasivos- no cuenta con los excedentes presupuestarios para hacerse de manera genuina de esos recursos externos.

Las grandes disrupciones macroeconómicas de las últimas tres décadas estuvieron, por el contrario, precedidas por configuraciones bien diferentes a la actual. En la década del ochenta, por caso, el estallido hiperinflacionario fue la consecuencia de la acumulación masiva de desequilibrios resultantes en última instancia del problema de la doble “transferencia”: la conjunción de desequilibrios estructurales en el sector externo y en el financiamiento fiscal causados por una pesada carga de la deuda. En la década siguiente esos problemas estuvieron lejos de desaparecer; pero tendieron a verse camuflados con el acceso al financiamiento voluntario en los mercados de crédito internacionales. La economía seguía exhibiendo una carga de la deuda no sostenible y generaba al mismo tiempo déficits sistemáticos en las finanzas públicas y en la cuenta corriente de la balanza de pagos. Pero el ingreso neto de capitales significaba una transferencia positiva de recursos del exterior a la economía doméstica que ayudaba a postergar el reconocimiento de los problemas de solvencia. Como se recordará, dicho reconocimiento ocurrió bajo la forma de unas dramáticas crisis “trillizas” (fiscal, bancaria y de balanza de pagos) que condujeron al colapso del régimen de políticas vigente en ese período.

El cuadro cambió por completo con el inicio de la presente década: con el default de la deuda pública y su posterior reestructuración la carga del endeudamiento tendió a reducirse sustancialmente; las benignas condiciones internacionales terminaron de eliminar el problema de la transferencia externa como acuciante asunto macroeconómico. Saneadas las finanzas públicas como consecuencia de la reestructuración de los pasivos y de la propia crisis que licuó el peso del gasto gubernamental y atados los ingresos fiscales a la suerte de un comercio exterior en franca expansión, el tema de la transferencia doméstica como factor generador de desequilibrios también había desaparecido como cuestión macroeconómica relevante.

Las propicias condiciones iniciales y los ampliamente favorables rasgos del entorno externo parecieron, no obstante, ser insuficientes como para compensar las notorias deficiencias y la creciente ausencia de rumbo que fueron caracterizando a la gestión macroeconómica. Un quinquenio después el problema con el que vuelve a toparse la economía local es el del creciente desfinanciamiento del fisco, pero esta vez no como resultado una carga de la deuda insostenible sino como consecuencia del sesgo muy pro-cíclico de las políticas implementadas en la administración de la bonanza.

¿Pero, en tanto la economía sigue mostrando una posición externa relativamente robusta, son estos problemas de una entidad tal como para anticipar la ocurrencia de nuevos episodios disruptivos en el comportamiento macroeconómico? Es difícil anticiparlo pero aunque imperdonable, es perfectamente factible asistir a una dinámica macroeconómica no sostenible apoyados en el conflicto distributivo y en el financiamiento monetario de las cuentas fiscales. Lógicamente, la ausencia de apalancamiento y el bajísimo grado de intermediación financiera indican que hay relativamente poco potencial de riqueza por destruir en caso de colapso. Por otro lado, la existencia (¿?) de un importante stock de reservas internacionales y la perspectiva de un superávit continuado de la cuenta corriente señalan que habría poco espacio para una dinámica descontrolada del tipo de cambio. Todo ello debería, en principio, acotar la magnitud disruptiva y las repercusiones potenciales de un eventual episodio crítico.

Pero estas consideraciones, antes que una consolación, deberían ser motivo de profunda reflexión y angustia ciudadana. Probablemente nunca hubo en la historia macroeconómica argentina una crisis menos “necesaria” (si es que alguna lo es) en el sentido de fundarse puramente en factores de naturaleza subjetiva. En principio, no hay en la naturaleza ni en la magnitud de las distorsiones acumuladas nada que indique que los desbalances sólo puedan corregirse por medio de una crisis ineluctable. Sin embargo, el horizonte estrecho con el que parece estar funcionando el sistema político y el bajo grado de tolerancia social parecen dejar poco espacio para el optimismo.

Lo que coloca la cuestión, una vez más, en el territorio de la “economía política”. Las turbulencias que nos amenazan no son esta vez de raíz macroeconómica, aunque se presenten bajo este ropaje. Lo que está en crisis es un sistema de representación política y su reflejo en un modo desquiciado de gestionar las políticas públicas y resolver las disputas y conflictos que naturalmente se presentan en toda sociedad. El episodio que nos ocupa es el reflejo del “hondo bajo fondo” al que hemos descendido como colectivo social – y, salvo honrosas excepciones en la dirigencia, la alarmante falta de indignación cívica frente al atropello institucional perpetrado ayer es sólo un indicio más de ese declive. El contraste con el discurso que hemos escuchado ayer del otro lado del charco es, por decirlo suavemente, humillante (especialmente aquello de “Hace rato que todos aprendimos que las batallas por el todo o nada, son el mejor camino para que nada cambie y para que todo se estanque” o ese “Queremos una vida política orientada a la concertación y a la suma, porque de verdad queremos transformar la realidad”).

Decía Camou que una de las incógnitas de la situación es quién será el actor político capaz de pescar sus ganancias en medio de este río revuelto. Ciertamente, lo ignoro. Del examen de la historia sólo recuerdo, no obstante, que, salvo escasas excepciones, en las crisis de gran envergadura y en las debacles morales los liderazgos emergentes no han sido, precisamente, auspiciosos.

Buenos Aires, 3 de marzo de 2010